Jujuy aprobó una reforma constitucional que prohíbe los cortes de calles y de rutas
La Casa Rosada y la izquierda denuncian que la modificación impulsada por el gobernador Gerardo Morales viola la Constitución Nacional e irá a la Justicia; se prolonga el paro docente y hay protestas en la provincia
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LA NACIONPaz Rodríguez Niell
De madrugada, se aprobó este viernes en Jujuy una reforma de la Constitución local que establece la “prohibición de cortes de calles y cortes de rutas” y de “toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos” en la provincia.
El proyecto, promovido por el gobernador y precandidato a presidente Gerardo Morales (UCR), fue votado por radicales y peronistas (la Izquierda se retiró) en medio de un clima de extrema tensión, con manifestaciones en distintos puntos de Jujuy, movilizaciones desde el interior hacia la capital de la provincia, acampes en el centro de San Salvador y un paro docente que lleva dos semanas.
La reforma que se aprobó no es la que estaba proyectada originalmente, que preveía cambiar el régimen electoral para darle más poder al gobernador. El plan original eliminaba las elecciones de medio término y establecía que quien ganara en las urnas, aunque fuera por un voto, se llevaba la mayoría de la Legislatura. Además, en cuanto a los cortes, aquel primer proyecto incorporaba la “responsabilidad jurídica” de aquellos que promovieran grupos que atentaran contra la “paz social”.
El oficialismo del gobernador Morales -que este año aspira a estar en una boleta presidencial- cedió en estos puntos pese a que tenía por sí mismo la mayoría necesaria en la Convención Constituyente para aprobar el proyecto completo: contaba con 29 de los 48 convencionales y, en un acuerdo con el PJ (con la Izquierda en contra), había fijado un reglamento interno de la convención que establecía que no se requería una mayoría especial para aprobar la reforma. Fuentes del radicalismo explicaron que dieron marcha atrás porque, más allá de los votos, no tenía el suficiente consenso político para una reforma electoral semejante.
“El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica es un triunfo histórico del pueblo de Jujuy”, dice el nuevo texto constitucional. El radical Alejandro Nieva, auditor general de la Nación y convencional constituyente para esta la reforma, dijo a LA NACION: “No limitamos los derechos; al contrario, los ampliamos. El objetivo es generar condiciones para que los derechos de los demás no se vean afectados. No es solo circular, es vivir en paz, no ser objeto de amenaza. Hay que entenderlo en el marco del clima en el que vivimos y los avances que tuvimos”. Nieva justifica esta reforma con el argumento de que Jujuy vivió bajo el “estado paralelo” de Milagro Sala.
Gastón Remy (PTS-FIT) fue uno de los seis convencionales por la Izquierda que se opusieron a la reforma: sostiene que la limitación de las manifestaciones es claramente violatoria de la Constitución Nacional. “Las constituciones son para garantizar derechos, no para prohibirlos. Estamos preparando una presentación judicial con organismos de derechos humanos”, dijo Remy a LA NACION, aunque sobre el futuro de esa demanda, advirtió que dada la composición de la justicia jujeña no tienen muchas esperanzas.
El rechazo a la reforma parcial de la Constitución de Jujuy derivó en un paro general por parte de gremios enrolados en la CGT y la CTA, además de la advertencia del Ministerio de Trabajo nacional sobre la posibilidad de que se declare la “inconstitucionalidad” de dos artículos que sancionan y restringen la protesta social.
“El Ministerio emitió un documento para que el Gobierno de Jujuy revise la legislación sobre derechos laborales institucionales, que buscan llevar al nivel penal lo que son derechos laborales absolutamente institucionalizados en la Argentina. Di la directiva para presentar la inconstitucionalidad de los artículos de esta reforma de la Constitución”, dijo la jefa de la cartera laboral, Raquel “Kelly” Olmos en Radio Provincia.
La hegemonía de Morales
Pese a que el radicalismo jujeño afirmaba que se necesitaba una reforma que “garantizara la gobernabilidad”, Morales consolidó en Jujuy un enorme poder y no parece tener problemas para llevar adelante sus planes de gobierno: tiene mayoría en la Legislatura (que es unicameral) y nombró a seis de los nueve jueces del Superior Tribunal de la provincia, incluidos su exfiscal de Estado y dos de los legisladores radicales que habían votado en favor de que se ampliara el tribunal, un proyecto que Morales presentó el día después de asumir en 2015.
La Convención Constituyente aprobó en menos de un mes la reforma sancionada este viernes, que también incluye otros cambios -destacan en el oficialismo- como la limitación de la reelección de legisladores e intendentes, la modernización del sistema de auditoría del Estado, y normas contra el cambio climático y en favor de la transición hacia energías renovables.
Los convencionales empezaron a sesionar dos semanas después de las elecciones que ganó Carlos Sadir –el candidato a gobernador de Morales-, que con el 49% de los votos, se garantizó los dos tercios de la Legislatura. Eso habilita al oficialismo local a no tener que negociar con ninguna otra fuerza para poder, por ejemplo, remover jueces, desaforar legisladores, intervenir municipios o convocar a una nueva reforma constitucional.
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