La Coalición Cívica le reclama al Gobierno precisiones sobre cómo distribuye los planes sociales

Mientras en Gobierno discute con los movimientos sociales por la entrega de planes, la Coalición Cívica (CC) presentó cuatro pedidos de acceso a la información pública a distintos organismos del Estado con el objetivo de reclamar “precisiones acerca de la administración de la política social”.

“Tenemos que terminar con los funcionarios que están de los dos lados del mostrador”, afirmaron desde la fuerza política que conduce Elisa Carrió, cuyo bloque de diputados nacionales, encabezado por Juan Manuel López, anunció que elaborará un proyecto de resolución al respecto.

Las presentaciones ante el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Oficina Anticorrupción (OA), fueron realizadas por el presidente de la CC, Maximiliano Ferraro; la diputada provincial Maricel Etchecoin; el diputado porteño Hernán Reyes; el concejal por La Matanza Héctor Toty Flores y la dirigente Fernanda Reyes.

A través de un comunicado, los dirigentes opositores indicaron que “desde la asunción del nuevo gobierno que preside Alberto Fernández, funcionarios pertenecientes a organizaciones sociales que nuclean a cooperativas de trabajo creadas a los efectos de percibir planes sociales del Potenciar Trabajo, se encuentran a cargo de organismos estatales destinados al control de las cooperativas, el destino de subsidios y la distribución del Potenciar Trabajo”. Ese beneficio es cobrado por más de 1.200.000 personas.

“Con el tema planes sociales hay que ser muy serios, el oficialismo tiene que dejar de usar a los pobres”, sostuvo el jefe de bancada de la CC, Juan Manuel López. Por su parte, el presidente del partido, Maximiliano Ferraro, señaló que “está claro que los funcionarios que dan subsidios están de ambos lados del mostrador”, al tiempo que exhortó al Presidente a que tome “urgentes cartas en el asunto”. “Los funcionarios que presenten conflictos de interés deberían renunciar”, agregó.

Las sospechas acerca de que, en una gran cantidad de casos, los funcionarios “derivan recursos públicos a sus propias organizaciones políticas” y “fiscalizan el cumplimiento del destino supuesto de dichos recursos”, llevaron a que los dirigentes le reclamen a la cartera que conduce Juan Zabaleta que “se informe cuántos titulares del programa [Potenciar Trabajo] participan en proyectos según el tipo: socio-laborales, socio-productivos y de capacitación”; también, “cuáles son los mecanismos de acceso al programa para las personas físicas y cuáles para constituirse como Unidad de Gestión No Gubernamental”.

En ese sentido, también le solicitaron al Inaes, ente que tiene a cargo el registro de las cooperativas y mutuales y que es dirigido por Alexandre Roig, un miembro del Movimiento Evita, “que indique la cantidad de cooperativas conformadas al solo efecto de percibir planes sociales del programa Potenciar Trabajo, y la distribución territorial de dichas cooperativas”, además de “la cantidad de subsidios y de préstamos otorgados por el Inaes a través de su directorio y la fluctuación de ambas operaciones entre 2015 y 2022″.

A su vez, desde la CC le exigieron a la OA que brinde información acerca de si los funcionarios que forman parte de las organizaciones sociales han puesto de manifiesto esta situación en sus respectivas declaraciones en el momento de asumir sus cargos. Y si el organismo que dirige Félix Crous ha iniciado, a pedido de parte o de oficio, “investigaciones tendientes a identificar y mitigar los riesgos de estos conflictos de interés”.

LA NACION

• Coalición Cívica

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