Sólo los gremios pueden realizar paros
La Corte no les reconoció ese derecho a cooperativas ni organizaciones sociales
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LA NACIONAdrián Ventura
La Corte Suprema emitió ayer un fallo con importantes consecuencias para la actividad gremial al resolver que el derecho de huelga sólo puede ser ejercido por las asociaciones sindicales. En cambio, los grupos informales de trabajadores no pueden promover este tipo de medidas de fuerza.
Así lo estableció el máximo tribunal en la causa promovida por Francisco Orellano, un trabajador que había sido despedido por el Correo oficial luego de que participó en una declaración de huelga, y cuyo reclamo no fue contemplado por la Justicia.
La sentencia, que el alto tribunal muestra como una señal tendiente a reducir los niveles de conflictividad y a determinar la legalidad de las medidas de fuerza, lleva la firma de los tres integrantes de la Corte Suprema: el presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, y sus colegas Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.
La Corte, siguiendo su propia doctrina, aclara expresamente que la facultad de declarar la huelga les cabe a tanto a las asociaciones con personería gremial, como el caso de las agrupadas en las tres CGT, como a los sindicatos simplemente inscriptos, que por lo general adhieren a las dos CTA. Pero en ambos casos se trata de gremios. En cambio, los otros grupos de trabajadores, como organizaciones sociales o cooperativas, no son titulares de ese derecho.
El máximo tribunal recordó que el derecho de huelga está previsto en el artículo 14 bis de la Constitución. Pero ese mismo artículo también establece expresamente que sólo puede ser ejercido por los gremios que están inscriptos en un registro especial como asociaciones sindicales.
Sólo cuando se cumple la condición de pertenecer a una asociación gremial -dice la Corte- puede considerarse legítima una huelga, una medida de fuerza que produce no sólo impacto sobre los empleadores, sino también sobre los ciudadanos, que ven afectados sus propios derechos a la salud, a la educación y otros más.
Para el tribunal, el art. 14 bis de la Constitución Nacional y las normas internacionales sobre derechos humanos -como el Convenio de la OIT- reconocen el derecho de declarar una huelga a los sindicatos, es decir, a las organizaciones formales de trabajadores.
El caso específico en el que falló la Corte se originó a partir de que la empresa Correo Oficial de la República Argentina había despedido a Orellano, un trabajador que participó en medidas de fuerza que no contaban con el aval de ninguno de los sindicatos del sector. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó al Correo reincorporar a Orellano y también pagarle los salarios caídos y el daño moral. El Correo oficial cumplió con el fallo, pero el juicio siguió adelante y, en septiembre último, la Corte celebró una audiencia pública en la que en favor de Orellano participaron el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Julio Fuentes; el secretario general de la CTA-Autónoma, Pablo Micheli, y uno de los representantes legales de la CTA-De los Trabajadores, Alejandro Ferrara.
Para justificar el despido, el Correo había sostenido que durante dos semanas Orellano había participado de sucesivas "reuniones en el lugar de trabajo y durante la jornada habitual", lo cual afectó "la entrega de 6 millones de piezas postales" y el "desarrollo normal de la labor en su centro operativo de Monte Grande". Sostuvo que el despido había sido dispuesto como una represalia injustificada por su participación en medidas legítimas de acción gremial. Ayer, la Corte rechazó ese argumento al señalar que las medidas de fuerza en las que participó el trabajador en modo alguno podían considerarse legítimas.
Para el tribunal, la huelga es un medio de presión para lograr que se satisfagan ciertas reclamaciones del sector laboral. Pero las medidas de acción directa, por su impacto, no sólo perjudican al empleador, sino que también afectan a los destinatarios de esos bienes y servicios, es decir, a los consumidores o usuarios, que pueden verse perjudicados en sus derechos a la educación, a la salud, a la adquisición de bienes para una adecuada alimentación y otros más que también están garantizados por la Constitución.
Por eso, el máximo tribunal señala que el derecho de huelga se subordina al cumplimiento de determinadas condiciones o recaudos, una de las cuales es que la decisión de ir a la huelga sea adoptada por una asociación gremial.
La Corte recordó que el 14 bis de la Constitución estableció que "queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga". Y esos "gremios" son las entidades profesionales a las que se refiere el primer párrafo de ese mismo artículo, cuando afirma que tiene derecho a la "organización sindical libre y democrática". Es decir, gremios que tienen "simple inscripción en un registro especial".
Para la Corte, el artículo 14 bis de la Constitución no permite otorgarle a la palabra "gremios" un alcance mayor, por lo cual no se les reconoce la facultad de declarar la huelga a cualquier grupo informal de trabajadores.
El artículo 14 bis ha puesto especial énfasis en garantizar que las asociaciones profesionales destinadas a representar a los trabajadores en el ámbito de las relaciones colectivas se organicen con arreglo a los principios de libertad sindical y de democracia interna. Y por eso les impuso el requisito de la inscripción en un registro especial como medida de control del cumplimiento de tales directivas.
Por eso, dice la Corte, no resulta lógico admitir entender que el mismo artículo, a renglón seguido, otorgue de modo indistinto la titularidad de los derechos más relevantes del ámbito de las relaciones colectivas tanto a las organizaciones que cumplen con todos esos recaudos como a simples grupos informales a los que no les exige satisfacer ninguno de ellos.
Las claves de un fallo de alto impacto laboral
¿Quiénes pueden declararse en huelga?
La Corte Suprema de Justicia resolvió que el derecho de huelga sólo puede ser ejercido por las asociaciones gremiales, tanto las que cuentan con personería gremial como las simplemente inscriptas
¿Quiénes no pueden llamar a huelga?
Los grupos informales de trabajadores no son titulares del derecho. Por tanto, y según el fallo de la Corte Suprema, pueden ser despedidos por esa razón
¿Cómo impacta el fallo en los gremios?
La sentencia fortalece políticamente a las cúpulas de los gremios, que tendrán en sus manos la potestad de llamar a huelga. En cambio, resta poder a las comisiones internas y los delegados de base "rebeldes" o enfrentados a los titulares de cada sindicato. También perjudica a los trabajadores tercerizados
¿En qué se basa la Corte?
Se basó en el artículo 14 bis de la Constitución, que menciona expresamente a los gremios como titulares del derecho a huelga. Para la Corte, que un sindicato esté formalmente organizado es interpretado como un reaseguro ante la posibilidad de que una huelga afecte los derechos constitucionales de terceros y del empleador
Alcances de un fallo polémico
El impacto de la decisión de la Corte varía según el tipo de organización
Sindicatos
El fallo ratifica el derecho de los gremios con personería -la mayoría enrolados en la CGT- a convocar a huelgas y doblegar así a las comisiones de delegados que enfrentan a las conducciones oficiales. Sin embargo, al incluir a los gremios simplemente inscriptos, termina con el monopolio sobre esta potestad que hasta ahora tenían
Gremios con simple inscripción
La decisión de la Corte amplía sus derechos. No podían llamar a paros y a partir de ahora sí podrán hacerlo. Siguen sin poder participar de la paritaria ni retener la cuota sindical. No obstante, la CTA, que aglutina a la mayoría de los gremios de este tipo, tildó la resolución de "represiva" por dejar afuera a los no sindicalizados
Trabajadores no sindicalizados
La Corte Suprema los dejó afuera del fallo firmado ayer. Las agrupaciones informales de empleados y cooperativas, entre otras formas de asociación entre trabajadores, no podrán llamar a paros. Hacerlo podrá ser considerado causal de despido
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