La IGJ descartó la chance de designar un veedor oficial para controlar las cuentas de la AFA
Lo definió el inspector general Daniel Vítolo después de las audiencias con los contadores de la institución; hablan de “un cambio de actitud” de la cúpula del fútbol
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LA NACION
La Inspección General de Justicia (IGJ) definió que no le recomendará por ahora al gobierno de Javier Milei que avance con la designación de un veedor oficial para controlar las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
Así lo dispuso el titular del ente regulador, Daniel Vítolo, tras las audiencias con los contadores de la casa madre del fútbol argentino y de la Superliga.
“Las declaraciones de los contadores y las presentaciones de AFA desagregando los conceptos de sus balances, comenzando a abrir detalles de las cuentas globales objetadas en sus estados contables de los ejercicios 2017 a 2024 -información que se encuentra ahora bajo análisis de los técnicos del organismo- hace descartar en este momento toda posibilidad de proponer la designación de veedores contables en la entidad”, puntualizó Vítolo, quien fue designado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, apenas arrancó la gestión Milei.
El funcionario aclaró que, a partir de lo que surja del análisis de datos suministrados por la AFA “podrá determinarse si deben exigirse mayores precisiones o si se tendrá por cumplido el requerimiento”.
En ese sentido, fuentes cercanas a la IGJ resaltaron que la cúpula de la institución tiene tiempo hasta el próximo martes 20 de enero para brindar explicaciones al ente regulador sobre la existencia de la Universidad de la AFA (UNAFA), y “las inversiones de fondos sociales para el desarrollo de tal actividad”.
A su vez, Vítolo relativizó el cortocircuito con Tapia por el cambio de jurisdicción de la AFA de la Capital a la provincia de Buenos Aires. Dijo que no existía ningún interés de retener a la entidad dentro de la órbita de la IGJ en contra de su voluntad, pero les pidió que se ajusten a la normativa vigente.
“Si la AFA, como cualquier otra asociación civil en jurisdicción de la Capital desea cambiar su domicilio a una provincia sólo debe cumplir con lo que exige la ley para dicho traspaso”, explicó. Y añadió: “Si la AFA cumple con ello, nada ni nadie en la IGJ se opondrá ni colocará obstáculos a su pretensión de cambio de jurisdicción”, aclaró.
Por último, Vítolo volvió a bajarle el tono a la pelea con Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. “La IGJ no ha imputado jamás la comisión de delito alguno a la AFA ni a sus directivos ni asociados. Sólo se ha limitado a exigir información relevante en el cumplimiento de sus funciones como autoridad de contralor en el ámbito administrativo”, reiteró.
De esta manera, la Casa Rosada envía señales de que intenta desescalar el conflicto con Tapia. En diciembre, la DGI había denunciado al titular de la AFA por presunta apropiación indebida de tributos. Es la única causa en la que Tapia está imputado, pese a que la Justicia avanzó en las últimas horas con nuevas medidas de prueba con el fin de investigar la red de empresas que habrían servido para desviar los fondos que la AFA recaudó en el exterior.
Vítolo reporta a Cúneo Libarona, quien se encuentra en Alemania. En rigor, la cartera de Justicia es controlada por Sebastián Amerio, viceministro, quien no se habría involucrado en la pulseada con la AFA, según fuentes oficiales. Amerio es un hombre de confianza de Sa
Audiencias
Ayer, los contadores que certificaron las cuentas de la AFA correspondiente a los ejercicios que estaban cuestionados, entre 2017 y 2024, se presentaron en una audiencia para dar explicaciones a la IGJ.
Se trata de Claudia Carraro, quien debería responder por 2017; Umberto Mucelli, sobre 2018 a 2021; y Claudio Bisurgi, por 2022, 2023 y 2024.
Desde la IGJ se mostraron conformes con el “cambio de actitud” de la cúpula de la AFA. Allegados a Vítolo dijeron que los auditores “fueron colaborativos, brindando información sobre los estados contables y financieros auditados”. También cooperaron ante las consultas sobre “los procedimientos que llevaron a cabo para corroborar la veracidad de los registros y para la elaboración de su dictamen”, señalaron fuentes oficiales.
La entidad liderada por Tapia había presentado los balances desde 2017 en el tiempo correspondiente. Sin embargo, la IGJ formuló vistas en cada uno, mediante las que pidió aclaraciones sobre algunas partidas.
“En su nueva presentación la AFA finalmente, dio marcha atrás en su resistencia y abrió parte de la información correspondiente a ese balance al 30/6/2024, desagregando las principales partidas que componen los rubros globales que habían sido objetados por IGJ en su momento”, expresaron desde el organismo que preside Vítolo.
El miércoles se había presentado el auditor de los balances de la Superliga de Fútbol Profesional, Fernando Dubois. La entidad fue intimada por la IGJ sobre los que ejercicios de entre 2020 y 2024. Según indicaron fuentes de la IGJ a LA NACION, el contador “reconoció que había sido una falta” no haber respondido en tiempo oportuno a las observaciones formuladas por la IGJ. Además, subrayaron que “pidió disculpas por ello” y “se comprometió” a presentar las aclaraciones antes del 20 de enero, fecha en la que vence el plazo estipulado por el organismo.
Diferencias
El martes pasado, en un nuevo comunicado titulado “La única verdad, es la realidad (bis)”, la AFA negó irregularidades contables en su administración, como una posible malversación de fondos y lavado de dinero, y apuntó contra el Gobierno.
En ese sentido, aseguró haber respondido a los requerimientos sobre sus estados financieros y que existió “una única vista debidamente notificada a la AFA [en 2017]”. Vítolo tildó de “ridículo” a este planteo dado que “las vistas no se notifican por cédula”, sino que es el interesado del administrado el encargado de seguir el trámite.
Apenas estalló el escándalo en la AFA, el gobierno de Milei salió a confrontar con Tapia y activó una denuncia penal de la DGI por apropiación indebida de tributos por $7500 millones. Pero en las últimas semanas el Gobierno ensaya gestos orientados a dosificar su ofensiva.
En el comunicado, la casa del fútbol argentino también defendió el cambio de jurisdicción de la Ciudad a la provincia de Buenos Aires. Alegó que la asamblea en la que se tomó esta definición fue fiscalizada por veedores de la IGJ -algo que también reconoció el organismo- y que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (DPPJ) lo aprobó, inscribió y notificó formalmente a la IGJ.
Sin embargo, Vítolo aclaró que los veedores no aprueban ni convalidan las decisiones, sino que solo registran lo que pasa y confeccionan un informe. La AFA, entonces, debería haber elevado la reforma de estatutos a escritura pública, detalló. Respecto de la supuesta notificación de la DPPJ, Vítolo indicó: “Eso es falso. No hay constancia en IGJ de ninguna notificación en ese sentido. Tampoco la AFA acompañó copia de tal notificación en su presentación”.
Por el contrario, la entidad futbolística señala que adecuó la reforma estatutaria a los “sucesivos y cambiantes requerimientos formulados por la IGJ” a lo largo del año pasado.
El inspector general deslizó que imagina que la mudanza tiene una explicación política, dado que la IGJ inscribe y fiscaliza únicamente sociedades comerciales y entidades civiles con domicilio legal en la Ciudad.
LA NACION
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