La IGJ escuchó las explicaciones de los contadores de la AFA y ahora define si designa un veedor oficial
Se presentaron hoy ante el ente regulador para informar sobre los balances de los ejercicios cuestionados, entre 2017 y 2024; el contrapunto con el auditor de la Superliga
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Denise Chmois
En medio de las sospechas sobre la administración de los fondos de la AFA, la Inspección General de Justicia (IGJ) recibió hoy a los contadores de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de la intimación a presentar aclaraciones sobre los estados contables y financieros de las entidades.
En las últimas horas, los contadores que certificaron las cuentas de la AFA correspondiente a los ejercicios que estaban cuestionados, entre 2017 y 2024, se presentaron en una audiencia para dar explicaciones a la IGJ.
Se trata de Claudia Carraro, quien debería responder por 2017; Umberto Mucelli, sobre 2018 a 2021; y Claudio Bisurgi, por 2022, 2023 y 2024.
Ahora, el ente regulador quedó en condiciones de evaluar si corresponde o no recomendar al Gobierno que avance con la designación de un veedor oficial para controlar las cuentas de la AFA. Ayer, en diálogo con LA NACION, Daniel Vítolo, titular de la IGJ, relativizó esa posibilidad.
La entidad liderada por Tapia había presentado los balances desde 2017 en el tiempo correspondiente. Sin embargo, la IGJ formuló vistas en cada uno, mediante las que pidió aclaraciones sobre algunas partidas. “Nunca las dieron”, señaló a LA NACION el titular del organismo, Daniel Vítolo, quien depende del Ministerio de Justicia.
Ayer se presentó, tal como estaba previsto, el auditor de los balances de la Superliga de Fútbol Profesional, Fernando Dubois. La entidad fue intimada por la IGJ sobre los que ejercicios de entre 2020 y 2024. Según indicaron fuentes de la IGJ a LA NACION, el contador “reconoció que había sido una falta” de la entidad no haber respondido en tiempo oportuno a las observaciones formuladas por la IGJ. Además, subrayaron que “pidió disculpas por ello” y “se comprometió” a presentar las aclaraciones antes del 20 de enero, fecha en la que vence el plazo estipulado por el organismo.
Por su parte, una fuente cercana a Dubois dijo a LA NACION que respondió “algunas dudas” sobre los balances y entregó “una nota de 11 páginas” que explica el funcionamiento de la Superliga, las respuestas a sus preguntas respecto de temas contables y los procedimientos que llevó a cabo respecto a programas de auditoría, lavado de dinero y prevención del terrorismo.
“Luego de la reunión me confirmaron que esta nota y mis explicaciones verbales aclararon totalmente las dudas al respecto y no tenían nada más que preguntar”, agregó, y sostuvo que la IGJ “quedó satisfecha”.
Los próximos pasos del ente regulador están supeditados a la verificación del informe que presentó la AFA y que, de acuerdo a lo anterior, haría la Superliga. Sumados a las declaraciones de los contadores, la IGJ tendría “un programa para trabajar”, según Vítolo, y podría conceder unos días más a las autoridades de la AFA para ampliar la información, en caso que estuviera incompleta.
La entidad que conduce Tapia presentó ayer la documentación requerida en la intimación, pero el Gobierno la consideró insuficiente, dado que la institución que la AFA no explicó “nada” sobre el balance con cierre de ejercicio el 30 de junio de 2024, al que Vítolo consideró como “el más importante” por los “valores involucrados”.
No obstante, el funcionario advirtió que “no hay ningún enfrentamiento entre el Gobierno o la IGJ y la AFA”, en una señal de distensión con Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Remarcó que “la IGJ no participa en ninguna causa judicial y no es parte de ninguna investigación respecto de los directivos”, después del cruce con la AFA por las irregularidades contables.
A su vez, relativizó la chance de que el Gobierno nombre un veedor oficial, medida que se proponía con mayor firmeza días atrás.
Diferencias
El martes pasado, en un nuevo comunicado titulado “La única verdad, es la realidad (bis)”, la AFA negó irregularidades contables en su administración, como una posible malversación de fondos y lavado de dinero, y apuntó contra el Gobierno.
En ese sentido, aseguró haber respondido a los requerimientos sobre sus estados financieros y que existió “una única vista debidamente notificada a la AFA [en 2017]”. Vítolo tildó de “ridículo” a este planteo dado que “las vistas no se notifican por cédula”, sino que es el interesado del administrado el encargado de seguir el trámite.
Apenas estalló el escándalo en la AFA, el gobierno de Milei salió a confrontar con Tapia y activó una denuncia penal de la DGI por apropiación indebida de tributos por $7500 millones. Pero en las últimas semanas el Gobierno ensaya gestos orientados a dosificar su ofensiva.
En el comunicado, la casa del fútbol argentino también defendió el cambio de jurisdicción de la Ciudad a la provincia de Buenos Aires. Alegó que la asamblea en la que se tomó esta definición fue fiscalizada por veedores de la IGJ -algo que también reconoció el organismo- y que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (DPPJ) lo aprobó, inscribió y notificó formalmente a la IGJ.
Sin embargo, Vítolo aclaró que los veedores no aprueban ni convalidan las decisiones, sino que solo registran lo que pasa y confeccionan un informe. La AFA, entonces, debería haber elevado la reforma de estatutos a escritura pública, detalló. Respecto de la supuesta notificación de la DPPJ, Vítolo indicó: “Eso es falso. No hay constancia en IGJ de ninguna notificación en ese sentido. Tampoco la AFA acompañó copia de tal notificación en su presentación”.
Por el contrario, la entidad futbolística señala que adecuó la reforma estatutaria a los “sucesivos y cambiantes requerimientos formulados por la IGJ” a lo largo del año pasado.
El inspector general deslizó que imagina que la mudanza tiene una explicación política, dado que la IGJ inscribe y fiscaliza únicamente sociedades comerciales y entidades civiles con domicilio legal en la Ciudad.
Por Denise Chmois
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