La Justicia avanza sobre Chandler y Schiavi por irregularidades en la SUBE

Stephen Chandler está lejos de la Argentina. El consultor inglés, que vive en Londres, no volvió al país desde que estalló el escándalo que terminó con la cancelación del contrato para controlar la SUBE . Ahora tendrá que preocuparse por lo que suceda aquí: el británico quedó en la mira de la Justicia, que impulsó esta semana una batería de medidas para agilizar el expediente que investiga irregularidades en la consultoría por $65 millones que ejecutó la Secretaría de Transporte, en ese momento a cargo de Juan Pablo Schiavi , con el financiamiento del Banco Mundial.

El juez federal Sergio Torres requirió a las autoridades de Gran Bretaña que informen sobre los antecedentes comerciales del consultor en ese país con la intención de determinar si la experiencia que había acreditado ante la Secretaría de Transporte como un experto era realmente válida. El magistrado también pidió que informen sobre los movimientos migratorios del consultor entre 2009 y 2012, el período en que transitaba la Argentina. El contrato que pagaba Transporte estipulaba medio millón de dólares para "viajes y viáticos".

Chandler era el jefe de la supervisión de la SUBE hasta que el Gobierno decidió suspender el contrato el 12 de julio de 2012, a raíz de una investigación de LA NACION que reveló numerosas irregularidades en el contrato. El inglés cobraba un sueldo de casi 40.000 dólares mensuales por su labor, de acuerdo a los números que aparecían en el contrato que ejecutó la UTE integrada por Global Infrastructure y sus socios argentinos Iatasa, IRV y González Fischer.

Desde ese momento, Chandler no volvió a la Argentina por recomendación de su abogado. Sentado en un bar de la City de Londres, el consultor inglés intentó desligarse de culpas y acusó a Schiavi, Andrés Pizarro (funcionario del Banco Mundial) y Nora Turco (ex funcionaria de Transporte) de "orquestar" la licitación.

El juez Torres también pidió a las autoridades británicas información sobre Steve Beer y Ashley, dos personas que fueron incluidas en el contrato a pedido de Chandler, también con sueldos entre 40.000 y 24.000 dólares mensuales. Beer y Ashley sostienen que nunca trabajaron, tampoco cobraron y que ni siquiera conocían la existencia de ese trabajo. Las facturas en las que aparece el pago están firmadas por Chandler, aunque el inglés asegura que los documentos están falsificados.

Justamente, la batería de medidas judiciales incluye una pericia caligráfica para determinar si las medias firmas de Chandler que aparecen en las facturas de la UTE y en el modelo del contrato son originales.

Chandler no es el único imputado en la causa por irregularidades en el control de la SUBE. También figuran el ex secretario Schiavi; los ex funcionarios Jorge de Beláustegui, Nora Turco, Gabriela Boaglio y Alberto Barrionuevo; y los empresarios Horacio Blot, Guillermo Yampolsky, Pablo Vainberg, Carlos Verdi y Rubén Lamandia.

Schiavi, recluido

El resto de las medidas ordenadas por el juez Torres deja en observación la actuación de los funcionarios públicos, en especial de Schiavi, que firmó la adquisición del contrato. Recluido desde su renuncia tras el accidente de Once que costó la vida de 52 personas, el ex secretario de Transporte quedó en jaque por el control de la SUBE cuando su reemplazante, el ministro de Florencio Randazzo , canceló el contrato porque le parecía "un poco caro".

La Justicia intentará determinar si existieron irregularidades en la licitación en el procedimiento administrativo ejecutado por la Secretaría de Transporte, para eso ordenó un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) sobre el expediente. El juez Torres también pidió una pericia contable sobre el contrato, a fin de determinar si el comité de evaluación –integrado por funcionarios de Transporte- fue criterioso a la hora de sugerir una contratación $10 millones más cara.

La clave del procedimiento está en una compleja ecuación matemática dentro de las normas de adquisiciones del Banco Mundial, organismo que financió y avaló el contrato. "El comité de selección ya sabe que si le otorgan cierto puntaje a la propuesta técnica, después es imposible que pueda revertirse el resultado con las ofertas económicas", dijo una fuente que trabajó en el organismo sobre este tipo de concursos. El consorcio integrado por PWC-Barimont realizó una propuesta $ 10 millones más económica para supervisar la SUBE, pero la evaluación de calidad realizada por los funcionarios de Transporte fue determinante para sellar su derrota en el concurso.

iruiz@lanacion.com.ar

@iruiz

Por Iván Ruiz

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