La Justicia desestimó un hábeas corpus por los manifestantes que buscan llegar a Lago Escondido

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El juez Mariano Castro, a cargo del Juzgado N°1 de esta ciudad, desestimó el hábeas corpus preventivo que habían presentado los abogados de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), impulsora de la “Sexta Marcha al Lago Escondido”, que se inició el jueves pasado y que es motorizada por sectores cercanos al kirchnerismo. Los organizadores afirman haber perdido contacto con los manifestantes que participaban de la travesía luego de denunciar ayer que habían sido interceptados por personas armadas, a las que vincularon con el empresario inglés Joe Lewis, dueño de las tierras en torno al Lago Escondido. Agrupaciones que nuclean a vecinos de la región desmintieron las acusaciones.

El amparo buscaba “garantizar el acceso de la movilización a Lago Escondido en El Bolsón, Río Negro, en cumplimiento del dictamen judicial con sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, del año 2009, que ordena a la provincia la apertura del sendero público de Tacuifí para ingresar al espejo de agua cercado por el magnate inglés Joe Lewis”, indicaron desde Fipca.

“El habeas corpus preventivo procede cuando se denuncia un acto u omisión de autoridad pública que implique una limitación u amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente y/o contra toda acción u omisión que directa o indirectamente de modo actual o inminente en forma ilegal o arbitraria causare cualquier tipo de restricción o amenaza a la libertad”, destacó el juez Castro, según consignó el diario Río Negro, para agregar: “De las constancias acompañadas no surgen datos que permitan avizorar una eventual restricción al derecho ambulatorio, más allá de la mera mención a antecedentes de años anteriores”, sostuvo.

Los manifestantes emprendieron la semana pasada un difícil camino de montaña para llegar al Lago Escondido, en tierras del empresario inglés Lewis. Los organizadores de la marcha denunciaron ayer que la columna de personas -entre las que se encuentra el médico sanitarista Jorge Rachid, asesor del gobierno bonaerense de Axel Kicillof- fue interceptada “por personal armado de la empresa de Lewis”. La denuncia cobró notoriedad cuando fue replicada ayer por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti.

Desde la Mesa de Consenso de la Comarca Andina negaron a LA NACION que personas armadas hayan interceptado a los manifestantes, que suelen realizar habitualmente “actos políticos” en la zona. “Hay una servidumbre de paso por el fondo del lago, es un camino de montaña. Pero en el área protegida no se puede acampar, ni navegar, ni hacer fuego. Cuando pasan, dejan fuego prendido y tranqueras abiertas. Desde el año pasado, los pobladores de El Foyel se cansaron y dijeron ‘No pasan más’. Decidieron defender la propiedad privada”, explicaron desde la mesa ante la consulta de este diario.

Al parecer, quienes participan de la marcha perdieron ayer comunicación satelital y no pudieron volver a contactarse. Julio César Urien, presidente de FIPCA, presentó hoy otro hábeas corpus. “El juez (Juan Pablo) Laurence nos recibió y tiene que resolver si da lugar al hábeas corpus. Se comprometió a hacerlo en las próximas horas. Estamos muy preocupados y le pedimos celeridad a la Justicia porque está en riesgo la vida de nuestros compañeros”, afirmó Urien.

En tanto, este fin de semana, la Mesa Consenso Comarca Andina del Paralelo 42 difundió un comunicado en el que aseguran que los denunciantes tuvieron otro revés. “El Juez de Primera Instancia Santiago V. Morán rechazó in limine un amparo presentado por el Dr. Montecino Odarda, hijo de Magdalena Odarda, la titular del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), quien durante estos años pretendió ingresar al Lago Escondido usando el camino privado de uso vecinal ‘Domingo Puchy’, mal llamado por la funcionaria como Tacuifí”, señalaron.

Y agregaron: “En esta nueva presentación, el Dr. Odarda solicita que se ‘remuevan tranqueras, portones, cámaras de seguridad y elementos que obstaculicen o impidan el libre acceso’ presentes en el camino privado de uso vecinal, para que puedan ingresar manifestantes de ATE y FIPCA llegados del Gran Buenos Aires, solicitud que fuera denegada en todos sus términos por ser manifiestamente improcedente”.

Una “cuestión muy ideológica”

El conflicto fue abordado esta mañana por la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, quien se mostró más próxima a las quejas de los vecinos que a las consignas de los manifestantes. “No estoy en el detalle de lo ocurrido, no podría decir. En esta época del año, los pobladores de la zona de Lago Escondido ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica”, sostuvo a Radio Nacional desde Madrid, donde se encontraba tras participar en la gira de Alberto Fernández por Rusia y China.

Por Paz García Pastormerlo

• Río Negro

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