La Justicia dispuso un operativo en un hangar de San Fernando para saber quiénes volaban a la quinta vinculada a Toviggino
El juez que heredó la causa, Adrián González Charvay, apunta a reconstruir los baches que dejaron las declaraciones de los pilotos del helicóptero, que no recuerdan quienes fueron sus pasajeros
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LA NACION
En la causa que busca esclarecer quienes son los verdaderos propietarios de la fastuosa quinta en Pilar, sospechada de pertenecer al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, la Justicia llevó adelante este viernes un procedimiento en un hangar de San Fernando con el fin de obtener información sobre los vuelos en helicóptero que, con frecuencia, partían desde allí con destino al predio.
La Justicia descree que los dueños formales de la casaquinta, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, sean, en efecto, los genuinos propietarios del lugar y una de las pistas para corroborar esa hipótesis es la que abrió el helipuerto ubicado en la quinta: los funcionarios judiciales buscan identificar a las personas que visitaron en lugar en el último tiempo.
Por eso, el juez Adrián González Charvay, entre otras medidas, ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que fuera a requerir la información al hangar de la empresa Flyzar, encargada de los vuelos que aterrizaron en el lugar. Algunos pedidos son nuevos y otros, viejos, que no fueron contestados por la empresa.
El juez que lo precedió, Marcelo Aguinsky, ya había pedido precisiones a la empresa sobre los vuelos que la aeronave matriculada LV-FKY habría realizado al helipuerto de la quinta desde abril del año pasado hasta enero de este año. Pero según fuentes judiciales esa información no fue suministrada en su totalidad.
Entre los datos solicitados figuraba cómo se habían pagado esos servicios y si la nave contaba con una cobertura para siniestros, además de si los pasajeros de los vuelos debían ser identificados previamente por la empresa.
La medida busca llenar los huecos que dejaron las declaraciones de los dos pilotos que, según fuentes judiciales, viajaron a la quinta más de 60 veces.
Ambos informaron que trabajan para Flyzar, empresa a la que llegaron luego de ser contactadas por el dueño de esa compañía, Gustavo Carmona, el año pasado. Pero uno afirmó no recordar quienes eran sus pasajeros ni tener constancias sobre ellos y el otro que los vuelos que realizaba hacia el lugar eran de “práctica”.
Ante la consulta puntual de quién los recibía en el helipuerto de la quinta de Pilar, los dos pilotos dijeron lo mismo: que nadie los recibía y que los pasajeros abrían la puerta del helicóptero y se subían o se bajaban.
Consultados puntualmente por el juez sobre una lista de personas, los dos pilotos respondieron que no podrían identificar si fueron sus pasajeros.
Las versiones dejaron dudas en los funcionarios judiciales que en ese entonces tenían a su cargo la investigación.
La investigación cambió de manos por segunda vez el pasado martes, por orden de la Cámara de San Martín, luego de resolver un planteo que iniciaron los presuntos testaferros, Pantano y Conte, solicitando que el expediente pasara a la Justicia de Campana. El miércoles, el juez González Charvay ordenó una gran cantidad de medidas, algunas de las cuales apuntan a profundizar la pista de los vuelos.
Son numerosos los indicios que sugieren que ni Pantano ni Conte son los propietarios del lugar, empezando por su perfil económico que no se condice con los bienes a su nombre. Ambos son los propietarios de Real Central, la sociedad dueña de todo el terreno, valuado en más de 15 millones de dólares y también de una frondosa colección de autos, algunos clásicos y otros de alta gama.
Además, en el allanamiento a la quinta, cuando el caso estaba en manos del juez Daniel Rafecas, la Policía secuestró un bolso deportivo que llevaba inscripto el nombre de Toviggino y una placa con la que un club de futbol lo homenajeaba.
La Justicia pudo comprobar que algunos gastos de los autos, como los telepase, fueron pagados por una tarjeta corporativa de la AFA que estaba a nombre de Pantano, que supo ser dirigente de Futsal. Con ese plástico, que fue dado de baja por la Justicia luego, también se abonaban los suministros eléctricos de lugares ajenos a la actividad de la entidad deportiva.
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