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La Justicia investiga el pago de indemnizaciones a guerrilleros
La causa por defraudación al Estado es impulsada por la hermana de un conscripto asesinado en un ataque de Montoneros en Formosa, en 1975, durante el gobierno constitucional
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LA NACIONMariano De Vedia
Cuarenta y cuatro años esperó Jovina Luna para empezar a sentir que podía tener confianza en la Justicia . Por primera vez logró que los tribunales admitieran una denuncia penal para investigar el cobro indebido de indemnizaciones millonarias a militantes de Montoneros que acribillaron a su hermano Hermindo Luna el 5 de octubre de 1975, cuando la organización guerrillera secuestró un avión de pasajeros e intentó copar el regimiento Monte 29, de Formosa .
Trece guerrilleros murieron en el enfrentamiento armado, perpetrado contra un gobierno constitucional, y los familiares de al menos nueve de ellos cobraron unos $60,3 millones a valores actualizados (equivalentes a US$1.514.000). El Estado los reconoce, además, en el Parque de la Memoria, donde sus nombres aparecen como víctimas de la represión de la dictadura militar.
La denuncia de Luna recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas , quien la citó el 18 de este mes para que la ratifique en los tribunales de Comodoro Py.
"Quiero que se investigue quiénes autorizaron a pagar esas indemnizaciones injustas. Pero no busco un resarcimiento económico. Lo que me interesa es que los asesinos de mi hermano y de otros soldados que defendieron la Constitución no figuren más en los listados del Parque de la Memoria", explicó a LA NACION la denunciante.
Al respecto, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj , anticipó a LA NACION que "si se comprueba judicialmente que no corresponde, se dejará sin efecto en esos casos la declaración de víctimas del terrorismo de Estado".
En octubre pasado, Avruj encabezó en el regimiento de Formosa el acto conmemorativo de la defensa del cuartel. Fue la primera vez que concurrió un funcionario nacional. Durante el período kirchnerista, incluso, se ordenó al gobernador Gildo Insfrán dejar sin efecto los actos que cada año se realizaban en las calles centrales de la ciudad.
En el diálogo con LA NACION, Avruj confirmó que este viernes, a las 14, recibirá a la hermana del conscripto muerto para ponerse a su disposición y aportar a la Justicia los datos que se conserven en el organismo. "Además, vamos a acompañar en el Congreso un proyecto del diputado Mario Arce (UCR-Formosa) para que los familiares de los diez soldados muertos en el ataque reciban una compensación económica", dijo.
Jovina Luna -oriunda de Las Lomitas, como su hermano, y radicada desde hace ocho años en Bragado- plantea en su reclamo que existió una defraudación a la administración pública, falsedad ideológica de documentos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia
A Luna le costó acceder a la información en que basa su denuncia porque al comienzo la gestión de Avruj alegaba que se trataba de "datos sensibles", según contó la propia Jovina. "Ayudó el compromiso del ministro de Justicia", dijo, en agradecimiento a Germán Garavano.
Luna pide a la Justicia que se investigue a los sucesivos titulares del área de Derechos Humanos y particulares que actuaron como autores, cómplices e instigadores de las maniobras delictivas que llevaron al pago fraudulento.
La ley de reparación 24.411 y sus posteriores ampliaciones y prórrogas contemplan el pago de indemnizaciones por desaparición forzada o fallecidos por la acción del terrorismo de Estado, beneficios que luego se extendieron a los que partieron al exilio y a los herederos de las víctimas, pero que no alcanza a quienes se levantaron contra el orden constitucional.
La denuncia penal se basa en investigaciones reunidas en publicaciones periodísticas, como los libros Operación Primicia, de Ceferino Reato, y Mentirás tus muertos, de José D'Angelo. Para recopilar la información se cotejaron los informes oficiales de la Conadep, de 1984; el que elaboró la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en 2006, durante la gestión de Néstor Kirchner (el mismo que modificó el prólogo de Ernesto Sabato), y el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte), de 2015.
Además, el periodista D'Angelo analizó informaciones incluidas en varias publicaciones de organizaciones guerrilleras de los años 70, como Evita Montonera, El Descamisado y Estrella Roja, entre otras.
De esa investigación se desprende que las millonarias indemnizaciones afectaron gravemente al erario. Las cifras actualizadas a junio de 2019 muestran que se pagaron 19.641 reparaciones por $102.362 millones (US$2426 millones) y que incluso todavía están en trámite otras 7318 indemnizaciones por $23.859 millones (US$563 millones). Todas esas sumas constituyen un monto de $126.221 millones (US$2989 millones). Con ese importe se podrían haber construido unas 120 escuelas para 500 alumnos o unos 20 hospitales de mediana complejidad.
Los atacantes que fueron reconocidos como víctimas
Con los datos reunidos en la denuncia, Jovina Luna muestra los casos de los 13 guerrilleros que atacaron el regimiento y acabaron con la vida de su hermano Hermindo y de otros soldados. Los familiares de nueve de ellos recibieron una retribución y un homenaje del Estado como víctimas de la represión ilegal.
Uno de esos casos es el de Reinaldo José Ramón Briggiler, que integraba Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) como oficial segundo. Había participado del asesinato del general Juan Carlos Sánchez y fue beneficiado por la amnistía de 1973.
Su nombre no figura en el listado de la Conadep, de 1984, pero fue incluido en el informe de la Secretaría de Derechos Humanos de 2006 como víctima de ejecución sumaria. Sus herederos cobraron $718.419. A valores actualizados a febrero de 2019 equivalen a $9.450.652 (US$236.666).
También se detalla el caso de José Daniel Graziano, oficial primero de Montoneros. Aparece como desaparecido en la lista de la Conadep y el informe de 2006 lo ubica como víctima de ejecución sumaria.
Al igual que sus compañeros, su nombre es recordado en el Parque de la Memoria como víctima del terrorismo de Estado. Sus causahabientes cobraron una indemnización de $523.317, que a valores de hoy equivalen a $8.090.303 (US$202.658).
La lista se completa con los casos de Juan Sebastián Hernández ($5.134.952), Víctor Hugo Irribarren ($7.011.615), Saúl Mario Kobrinsky ($7.499.754), Jorge Alberto Livieres ($6.526.109), Arturo Inocencio Mariani ($5.430.927), Luis Carlos Morero ($5.308.145) y Alfredo Rubén Velázquez ($6.131.995).
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