La Justicia ordenó la detención domiciliaria de un exvicegobernador de Córdoba
El peronista Oscar González está acusado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; la investigación derivó de un accidente automovilístico que protagonizó en 2022
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CÓRDOBA.- El exvicegobernador de Córdoba entre 2011 y 2013 Oscar González (Partido Justicialista) quedó en prisión domiciliaria con tobillera electrónica por orden del juez federal Hugo Vaca Narvaja. El pedido lo realizó hace unos días el fiscal federal Maximiliano Hairabedian al imputarlo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en el marco de una investigación que se desprendió del accidente que protagonizó en octubre del 2022 en el que una mujer murió y dos adolescentes quedaron con secuelas de gravedad.
La denuncia por enriquecimiento y lavado la realizó la legisladora provincial Luciana Echevarría. Se fundamentó en que después del accidente, familiares de González se acercaron a buscar pertenencias del vehículo, aparentemente dinero. El fiscal Hairabedian inició una investigación y detectó una cantidad importante de inmuebles de los cuales González se negó a explicar el origen y que más tarde los traspasó a sus hijos.
González, de militancia peronista, se sumó a la Renovación de José Manuel de la Sota en los años ‘80. En 1987 se convirtió en diputado provincial y, dos años más tarde, fue electo diputado nacional por Córdoba.
En la presidencia de Carlos Menem ocupó los cargos de secretario de la Tercera Edad y también de Acción Social. En esos años se distanció de De la Sota. Al final del último período de Menem fue nombrado secretario de Comunicaciones. En 1995 fue candidato a vicegobernador de Córdoba acompañando a Guillermo Johnson.
En 1999, por segunda vez, fue elegido diputado nacional, pero terminó en Córdoba como ministro de Gobierno de De la Sota, cargo que dejó en 2001, cuando nuevamente integró la lista de diputados. En la última gestión de De la Sota fue jefe de Gabinete. Schiaretti, en 2011, lo designó en Salud.
Dos años después volvió a la Legislatura provincial; hombre fuerte en el departamento San Javier, hábil y conocedor de la política, se encargó de tejer vínculos desde la Unicameral. Además de ser presidente del cuerpo, integra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Fue él quien consiguió el acuerdo con el Poder Judicial para que la Legislatura usara autos que estaban secuestrados en distintas causas, como el que él manejaba el día del choque.
El accidente
El 29 de octubre del 2022, al volante de una camioneta BMW X1, González chocó de frente en el camino de las Altas Cumbres contra un Renault Sandero conducido por la docente Alejandra Bengoa, de 56 años, quien murió a causa de las graves lesiones sufridas. Quedaron con graves heridas la hija de la mujer, Marina, y una amiga, Alexa, que entonces tenían 14 años.
Alexa quedó parapléjica. En la única entrevista que dio –la hizo el periodista Andy Ferreyra, elegido por la familia para no optar por ningún medio en particular– dijo: “Solo vi el auto irse encima de nosotras y nada más”.
El BMW X1, que manejaba González, había sido entregado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba a la Legislatura; es decir integraba la lista de los vehículos judicializados –fue incautado por robo y tenía la patente clonada– y fue cedido en 2019 a la Legislatura.
Según explicó la Justicia, sabían que la patente estaba clonada, pero la ley provincial 8550 (que rige el sistema) establece que el vehículo “debe seguir circulando en las mismas condiciones en las que fue incautado”. La “responsabilidad de circulación y seguro corresponde al organismo al que le fue entregado”, añadieron fuentes judiciales.
El dominio colocado en la BMW X1 era el de un auto inscripto en Quilmes que incluso estuvo en poder del exarquero de Racing, River, Vélez y Gimnasia de La Plata Gastón Sessa, quien contó que recibía multas desde Córdoba a pesar de no haber viajado a esta provincia con ese vehículo. Cuando se detectó que había una camioneta “melliza”, el deportista devolvió la suya. El exlegislador está procesado por la Justicia federal como supuesto depositario infiel continuado de un vehículo judicializado.
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