La Justicia y el BCRA investigan al misterioso novio de Wanda Nara: una financiera, una grabación secreta y disputas por dinero
Martín Migueles es amigo y hombre de confianza de Elías Piccirillo, la expareja de Jesica Cirio; en su casa transcurrió una reunión clave; en Tribunales sospechan sobre su papel y se niegan a devolverle sus teléfonos; el BCRA lo intimó por una casa de cambio
11 minutos de lectura'
LA NACIONNicolás Pizzi
Elías Piccirillo y Carlos Martín Migueles se conocieron hace más de una década. Terminaron siendo amigos, confidentes, y se involucraron en varios negocios juntos. Cuando estalló su matrimonio con Jésica Cirio, Piccirillo se refugió en la casa que le alquila a Migueles, en el “El Yacht” de Nordelta, a escasos metros de la vivienda que compartía con la modelo. La convivencia duró pocos días: el empresario terminó en Ezeiza, acusado de armar una emboscada contra el financista Francisco Hauque, con varios policías implicados. La relación entre ambos sigue activa: Migueles lo visitó varias veces en la cárcel y se encarga de tramitar los “pedidos” del empresario. En Tribunales sospechan sobre su verdadero rol. Esta semana, el fiscal Franco Picardi se negó a devolverle sus teléfonos. Argumentó que es “una persona de interés” para la investigación y lo calificó como “socio” de Piccirillo. Pero hay más problemas para Migueles en el corto plazo. En agosto, el Banco Central lo intimó por una financiera de su amigo Piccirillo. La investigación está en marcha.
Migueles y Piccirillo tienen una relación casi familiar. Compartían cumpleaños, fiestas, y reuniones familiares. Ese vínculo estrecho se mezclaba, todo el tiempo, con los negocios. En una presentación voluntaria ante la Justicia, Migueles habló de “operaciones económicas entre ambos sin formalidades rígidas”. Una metáfora que esconde una variedad de negocios.
El Banco Central acaba de intimarlos por la sociedad Arg Exchange, un casa de cambio que funcionaba en la City. “Deberán comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero a tomar vista del Sumario Financiero Nº 1656, EX-202400252247”, dice un edicto publicado en el Boletín Oficial.
Según los registros del Banco Central, Migueles fue designado como presidente de esa firma en 2021. Al año siguiente ingresaron como accionistas Piccirillo (con un 90 por ciento de las acciones) y Matías Bocca, otro empresario que ya tuvo una denuncia por lavado en el fuero Penal Económico y terminó sobreseído.
A partir de ese momento, la casa de cambio se activó como nunca. En el primer semestre de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, la firma reportó 859 operaciones entre compras y ventas de divisas, casi cuatro veces más que el semestre anterior. Compró divisas por un total de $18.262 millones y vendió por $18.327 millones. En el segundo semestre, los números se multiplicaron: se hicieron 1243 operaciones y la entidad compró divisas por $60.733 millones y vendió por $60.804 millones.
Con el cambio de gobierno, el negocio se derrumbó. Arg Exchange fue suspendida en marzo de 2024 y comenzó a ser investigada por el Banco Central. “La intimación ya fue contestada a través del apoderado, es una investigación global a varias casas de cambio”, relativizó un allegado a Piccirillo.
En los registros comerciales, Migueles solo aparece como dueño de una empresa de servicios de computación, Mercantile SRL, y en una pyme de servicios educativos y de enseñanza en lengua castellana, Rokmviv SRL.
Un operativo ilegal con varios policías implicados
Migueles quedó salpicado por una reunión clave entre Piccirillo y el ex policía Carlos “El Lobo” Smith, horas después del operativo ilegal que terminó con la detención de Francisco Hauque y su pareja en el barrio de Recoleta. Esa noche, Piccirillo había cenado con la pareja en el Palacio Duhau. Según la acusación, les plantó más de 1 kilo de cocaína y un arma en el baúl de su camioneta y se fue a Nordelta.
La Justicia sostiene que Smith comandaba la brigada de la Policía de la Ciudad que armó la emboscada. Las cámaras de la autopista Panamericana y los registros de los peajes demostraron que el ex policía monitoreó el operativo y luego se fue a Nordelta al encuentro de Piccirillo.
La reunión con Smith, en la madrugada del 18 de enero, fue en el living de la casa que le alquilaba Piccirillo a Migueles, en el lote 192 de “El Yacht”. Ese contrato, al que tuvo acceso LA NACION, está fechado el 20 de diciembre de 2024. Migueles se comprometió a pagar US$ 6000 mil mensuales. Ahora ese documento es motivo de una disputa económica entre ambos. No es la única. “Se peleaban todo el tiempo por plata. Estando en la casa, Piccirillo vendió un auto de la ex mujer de Migueles y se agarraron”, cuenta un allegado.
Tras el escándalo, el empresario se separó de Jesica Cirio, abandonó la casa familiar, en el lote 31, y se refugió en la vivienda que le alquilaba a su amigo.
Piccirillo convivió unos días con Migueles, su entonces pareja, y sus tres hijos. La situación generó una interna familiar. “Mi rol fue el de una persona de confianza que, frente a una crisis, optó por ayudar. Todo ello sin obtener ningún tipo de beneficio económico, sin ocultar información, y siempre a disposición de la justicia”, se excusó Migueles en mayo pasado a través de un escrito que presentó en la Justicia.
A partir de ese momento, se ofreció varias veces para declarar como testigo. Su testimonio también lo pidió la defensa de Piccirillo, ahora a cargo de Gastón Francone. El fiscal Franco Picardi hasta ahora se niega. Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que todavía se investiga su verdadero rol y que podría transformarse en imputado.
Migueles, defendido por Yamil Castro Bianchi, asegura que la charla entre Piccirillo y Smith en el living de su casa duró unos cuarenta minutos y que ex policía “le vino a contar lo que había pasado”. En Tribunales entienden que es parte de una estrategia para ayudar a su amigo.
Piccirillo sigue detenido en la cárcel de Ezeiza, con un procesamiento confirmado por la Cámara Federal, aunque su nueva defensa apuesta a revertir toda la investigación a partir de una nueva reconstrucción de los hechos. “Logramos revertir el cuadro probatorio y en breve vamos a pedir un cambio de calificación legal para obtener una morigeración”, aseguró su abogado en diálogo con LA NACION.
Desde que comenzó el expediente, Piccirillo fue variando su relato. Pero siempre apuntó contra Hauque, a quien vincula con los servicios de inteligencia. En su primera declaración, con otro abogado defensor, sostuvo que la deuda que motivó la pelea “ya la había devuelto más un 40 o 50%” y que el reconocimiento por escrito, ante un escribano, lo firmó porque estaba amenazado de muerte.
Meses después, en un escrito de puño y letra que mandó desde la cárcel, Piccirillo aseguró que en realidad el dinero se lo había dado Hauque y mencionó la cifra de 6 millones de dólares (en el documento dice 6 millones de pesos). “¿Se les ocurrió preguntarle a él de donde sacó esos 6 M U$D? Son lícitos? No creo … (sic)”, se preguntaba el empresario ese ese escrito de 45 carillas al que tuvo acceso LA NACION.
La Justicia se terminó haciendo eco de esa sospecha y abrió otro expediente por posible lavado de dinero. La causa, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, recién arranca pero ya cuenta con un informe reservado de la Unidad de Información Financiera (UIF) y pedidos de informes a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y a la Inspección General de Justicia (IGJ). En principio, los apuntados son Piccirrillo, Hauque y la empresa Construir 11 SA. A través de esa firma se emitieron los cheques con los cuales Piccirillo habría “cancelado” la deuda con el empresario.
Capuchetti también le pidió información al Banco Supervielle para conocer la ruta de esos cheques. La respuesta fue contundente: apenas cinco de los cuarenta cheques emitidos fueron presentados para el cobro en el Banco Hipotecario el 15 de enero de este año.
La entidad aportó otro dato: la firma Construir 11 tenía tres cuentas abiertas desde 2023. Todas fueron cerradas en enero de este año por pedido del Banco Central.
En ese expediente, que podría ser clave para conocer los contactos políticos alrededor de Piccirillo y sus vínculos en el Banco Central, también están bajo la lupa la firma Arg Exchange, donde Migueles aparecía como presidente, Xinergias, Valle Fertil, y Coinx World SA, la empresa cripto que promocionó el presidente Javier Milei cuando era diputado. “Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionado la manera de inversión para ayudar a los argentinos escapar de la inflación”, publicó en 2021.
Esa firma tuvo una causa por estafas en Comodoro Py. Entre los denunciados aparecían Hauque y Bocca, el socio de Piccirillo en Arg Exchange. El expediente también terminó con un sobreseimiento.
Allanamientos, deudas y una grabación secreta
En la causa contra Piccirillo por el operativo ilegal, Migueles fue allanado tres veces. En uno de esos procedimientos, le secuestraron varios teléfonos, computadoras, y tres tablets. Ese día, el empresario llegó al lugar cuando la Prefectura ya estaba adentro, entregó su celular personal y hasta aportó su clave. Aunque pasaron varios meses, la Justicia todavía no terminó de peritar su celular. Por eso, el abogado de Migueles reclamó que le devuelvan todos los aparatos electrónicos y que la Justicia aclare su situación procesal. En realidad, según pudo saber LA NACION, el pedido responde a la nueva situación personal de Migueles, que levantó su perfil desde que está en pareja con Wanda Nara. “Ella le dijo que tiene que estar ‘limpio’”, dijo una fuente que conoce esa trama.
Este jueves, el fiscal Picardi rechazó ese planteo en duros términos. Sobre el teléfono, dijo que ya se abrió y que está “en proceso de análisis” en la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Respecto a la situación procesal de Migueles, el fiscal aclaró que no está imputado formalmente pero aclaró que “es una persona de interés”. ¿Por qué? Por su “carácter de socio de señor Piccirillo”, su “condición de residente en un inmueble que aportó como propio” Piccirillo (el lote 192), pero especialmente porque en esa vivienda se produjo la reunión entre Piccirillo y el policía Smith la madrugada del operativo contra Hauque.
La casa del lote 192 es el centro de disputas cruzadas. En abril, un mes después de la detención de Piccirillo, se presentó en Nordelta el ex dueño de Arg Exchange, Diego Fainbraun, y planteó que el empresario le debía plata por esa vivienda. Efectivamente, la operación se hizo en agosto de 2022. La fecha coincide con el traspaso de la casa de cambio.
Desde fines del año pasado, la casa es ocupada por Migueles. Aunque firmaron un contrato de alquiler, esa deuda se estaría acumulando.
No es el único negocio que quedó trunco por la detención del empresario. Piccirillo le habría encargado a su amigo que viaje a Tucumán “a cobrar una deuda”. Esa supuesta “deuda” estaría vinculada a su paso por el Banco Sucrédito, que intentó desligarse de Piccirillo apenas estalló el escándalo. El empresario sostuvo ante la Justicia, en un amplio informe socio ambiental, que era gerente de esa entidad y que estaba “realizando gestiones para la adquisición de parte del paquete accionario".
La verdad de los negocios entre Piccirillo y Migueles está guardada bajo sietes llaves. La nueva pareja de Wanda Nara grabó un video en un escribanía contando la versión oficial. Esa filmación, confirmada a LA NACION por allegados a los dos protagonistas, es una suerte de reaseguro hasta que Migueles pueda declarar en Tribunales. Como testigo, o como imputado.
Pese a los tironeos, la relación entre ellos sigue intacta. Se hablan por teléfono casi a diario y Migueles lo visita en la cárcel. “Se necesitan mutuamente”, graficó un allegado.
El escándalo de Piccirillo también tiene en vilo a su ex mujer, Jesica Wanda Judith Cirio. Tal como reveló este medio, apenas unas horas antes de casarse, el empresario le cedió la mansión del lote 31, valuada en casi US$ 3 millones. En abril de este año, Cirio le encargó a un escribano que deje asentado ese documento en los registros del barrio. La respuesta figura en el expediente judicial: “Nordelta SA no tomó nota de la cesión gratuita de derechos supuestamente realizada en atención a que dicho acto no cumplió con la formalidad establecida en la cláusula decimotercera del boleto (...) motivo por el cual no resulta oponible a Nordelta SA”.
Con la colaboración de Ignacio Grimaldi
Tipo de trabajo:
noticia original
Más leídas de Política
1El Banco Central amplió la investigación contra las empresas vinculadas a Sur Finanzas y un club se “rebeló”
2La Justicia fijó un límite a la actualización de las indemnizaciones laborales
3La Corte comenzó con el decomiso de bienes de Lázaro Báez por US$ 60 millones en “la Ruta del Dinero K”
4Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos
Últimas Noticias
Tras los cruces. Gerardo Milman presentó un proyecto de ley para condicionar las juras en el Congreso
Espías rusos en la Argentina. Tres años después de su caída, son héroes de Putin y sueñan un futuro para sus hijos
