Justicia en la mira: la mancha venenosa del costo político que nadie quería pagar

¿Quién iba a pagar el costo político por suspender el primer juicio por corrupción contra Cristina Kirchner? La Corte no quiso cargar con esa factura y forzó a que los tribunales inferiores tomaran esa decisión. Pero ello no ocurrió.

Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco le dijeron al secretario penal de la Corte que le pidiera la causa al tribunal oral que debía juzgar a Cristina Kirchner para revisar las objeciones que había hecho la defensa. El Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, recibió el pedido para enviar los 60 cuerpos del expediente.

Los jueces se reunieron anteayer para decidir qué hacer. Eran solo dos porque Giménez Uriburu está de licencia. El acuerdo a puertas cerradas duró horas. No había margen para desoír el pedido del máximo tribunal, máxime en una organización jerárquica como es el Poder Judicial. Pero una cosa era enviarle el caso y otra era firmar una resolución por la que se pagaba el costo político de suspender la audiencia contra Cristina Kirchner.

¿Cómo explicar a la sociedad que los jueces del tribunal oral no eran parte de la decisión de la Corte que virtualmente suspendía el juicio?

Los dos jueces presentes tenían posturas divergentes en este punto. Gorini sentía la responsabilidad de dar una respuesta a la Corte y firmar la resolución que iba a suspender el juicio. Basso, en cambio, proponía esperar hasta el lunes, el día previo al juicio, para decidir y enviar el expediente.

No salían del empate 1 a 1 y el debate fue largo. Con el tercer juez, Rodríguez Uriburu, de licencia, convocar a otro magistrado para desempatar hubiera sido dilatar más las cosas. A pesar de las "razones técnico-jurídicas" de la Corte para pedir la causa, no escapaba al análisis que la decisión era política, no judicial. Tanto la de suspender el juicio como la de no hacer nada.

En la Corte se seguía con atención la deliberación que se realizaba a puertas cerradas en Comodoro Py 2002. Finalmente no hubo acuerdo, pero tampoco suspensión. La explicación formal fue que anteayer no llegaron a tiempo a enviar el expediente antes de las 13.30, cuando se cerró la mesa de entradas de la Corte.

Ayer, la Corte se encontró con que el juicio seguía en pie. Y encima se estaba dando un gran estrépito social. El procurador Eduardo Casal, el fiscal Diego Luciani y las oficinas del Gobierno encargadas de acusar habían reclamado realizar el juicio. Si bien fue tímido el cacerolazo de anteanoche para protestar por la posible suspensión, se escuchó cerca de la casa de la jueza Elena Highton de Nolasco. A los asesores de comunicación de Ricardo Lorenzetti no les escapó el mal humor social que generó la decisión. Ayer, con el juicio en pie, los 60 cuerpos viajaron desde Comodoro Py 2002 al Palacio de Justicia. Además de los expedientes, fue a la Corte un pendrive con todos los cuerpos digitalizados.

Casi simultáneamente, los cuatro jueces de la mayoría de la Corte dieron macha atrás. Publicaron un comunicado de 10 puntos en el que dijeron que los periodistas habían informado cuestiones "que no tiene relación con los hechos" y se esforzaron por aclarar que ellos no habían suspendido el juicio. "El pedido de autos [del expediente] solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite ni hubo decisión alguna del tribunal oral". Prometieron devolverlo "en tiempo oportuno". Es decir, antes del juicio, previsto para el martes.

Las dos decisiones fueron de Rosatti, Maqueda y Lorenzetti, a las que se sumó Highton de Nolasco. Carlos Rosenkrantz había entendido que los planteos de Cristina Kirchner debían rechazarse sin necesidad de pedir la causa.

Con estos pasos adelante y atrás, el juicio quedó en pie y se realizará el martes en Comodoro Py 2002.

Por ahora, al menos, Cristina Kirchner deberá aparecer sentada en el banquillo de los acusados junto a Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner (primo de su esposo), entre otros exfuncionarios de su gobierno presos por corrupción. No obstante, Carlos Beraldi, abogado de Kirchner, tiene nuevos argumentos para pedir el próximo lunes o el martes mismo la suspensión del juicio.

Casi simultáneamente, ese martes, la Corte Suprema se pondrá a analizar los recursos que presentó su defensa. Especialmente los vinculadas con la prueba que no le permitieron incorporar y los cuestionamientos sobre qué sala de Casación debió intervenir en el caso.

Cristina Kirchner debe ser juzgada por direccionar obras públicas santacruceñas con sobreprecios en favor de Lázaro Báez. Pero cuestiona que sobre 51 obras investigadas solo se peritó una muestra de cinco. El otro pedido apunta a que debió haber intervenido la Sala I de Casación en lugar de la IV en la revisión de los incidentes del caso. Para ver estos dos aspectos es que la Corte pidió toda la causa.

La Corte puede rechazarlos sin más trámite ese día o abrir el recurso de queja y analizarlo dilatando el fallo hasta después de las elecciones. Mientras tanto, se realiza el juicio.

El tribunal

Jorge Gorini (juez de tribunal oral federal)

De carrera judicial y bajo perfil, condenó a Menem por la Rural y lo absolvió por la AMIA

Rodrigo Giménez Uriburu (juez de tribunal oral federal)

De trayectoria judicial, condenó a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi por Once

Andrés Basso (juez de tribunal oral federal)

Es suplente en este tribunal, de trayectoria judicial, juzga a Carlos Telleldín por la AMIA