La nueva centralidad de la Justicia en la red de la política

La Justicia adquirió una nueva centralidad. El sistema político orbita en torno a los tribunales. Para bien o para mal. A raíz de una decisión judicial, esta semana puede ser condenada por primera vez en la historia una vicepresidenta en ejercicio por corrupción. Pero no son los fallos los que le dan centralidad a la Justicia.

La puja política entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que determinó un escándalo parlamentario, se da por tratar de incidir en la conformación por los próximos cuatro años del Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y remueve a los jueces.

La Corte Suprema ocupa otro lugar determinante. Sin estridencias, en un año Horacio Rosatti terminó como presidente del tribunal y del Consejo. En una Corte chica, con diferencias internas, supo consolidar una mayoría que le permite hacer frente a la embestida del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

El ministro de Justicia, Martín Soria, descalifica a los jueces en lo personal y les hace desaires en la cara. El Congreso quiere reformar el tribunal, que renuncien todos, poner jueces nuevos. El presidente Alberto Fernández no deja pasar oportunidad para desear que se vayan y Cristina Kirchner los acusa de ser quienes encabezaron su pelotón de fusilamiento. No se salva ninguno.

En esta coyuntura, aún con sus miserias, la Justicia adquirió un rol definitivo de tercer poder del Estado. Y eso a la política no le gusta.

El sistema político en los últimos 30 años buscó controlar las decisiones judiciales, incidiendo sobre los jueces, con anuencia de algunos de ellos, de diversas maneras: apoyando sus designaciones y luego reclamando contraprestaciones; ejerciendo presión mediante la actividad de grupos de inteligencia; reformando el sistema jubilatorio o buscando disciplinarlos en el Consejo de la Magistratura. Algunos jueces jugaron a este juego para obtener beneficios.

Desde el menemismo, con su reforma judicial, que le permitió eludir muchas de las acusaciones de corrupción, pasando por el kirchnerismo, que con sus operadores judiciales amoldó la justicia federal con cargos y carpetazos para que no le diera sobresaltos, al menos hasta finales de 2014, a Juntos por el Cambio, que buscó incidir sobre las decisiones de los tribunales con sus propios operadores, sin buenos modales. La Justicia fue usada como ariete o como escudo de la política.

En esta contaminación de la Justicia, a algunos jueces les gusta diferenciar las actitudes de los nacidos y criados (“NYC”) en los tribunales de aquellas decisiones que toman los jueces que vienen de la política. Pero ni ser NYC garantiza la aplicación de la ley, ni provenir de la política es sinónimo de arreglo.

Ahora, el discurso en tribunales es otro: fortalecer el Poder Judicial para consolidar su independencia, aunque implique enfrentarse a la política. Para que esta idea sea verosímil no alcanza con plantarse frente a este gobierno, sino que se debe mantener esta construcción en el tiempo.

La política resiste los límites que le impone la Justicia, que aplica las normas que dicta la política, pero que no gusta de que se las apliquen a ellos. Pero la política también le lleva a la Justicia sus conflictos cuando no puede resolverlos. Y en ocasiones los planteos no son sobre hechos, son sistémicos, que son ajenos a los tribunales. En esa judicialización de la política, pierde la Justicia.

“Si no cometieran delitos y no les encantara politizar la Justicia, no tendríamos ningún rol. Pero todavía, y para mal o para bien, este tipo de sistema subsiste, porque no es tan manejable políticamente. Con defectos, pero funciona”, afirmó un magistrado federal.

La centralidad de la Justicia emana de la propia política, que todo lo hace terminar en los tribunales. Todo se denuncia. Con la política fracturada, aumenta el conflicto.

A algunos jueces esta centralidad les parece negativa, pues creen que no es el lugar que debería ocupar el Poder Judicial. Otros se sienten empoderados. “Con quedarnos calladitos no nos fue bien. Esta mayor visibilidad nos fortalece. Es necesario contar lo que se hace bien”, se entusiasma un camarista, que destaca el rol de la Corte en ese sentido.

En los tribunales impactó una foto. Se tomó el día de la jura de los nuevos consejeros de la magistratura que representan a los jueces, abogados, académicos y al Poder Ejecutivo. Tras ese acto, Rosatti y sus pares Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz cruzaron la calle Lavalle desde el Palacio de Justicia hasta la Asociación de Magistrados y posaron con los consejeros jueces: Diego Barroetaveña (que debe decidir sobre el futuro de Cristina Kirchner), Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provitola.

“Gran bloque de jueces” fue el epígrafe con el que circuló la foto en los grupos de WhatsApp de magistrados. Es la idea de que el Consejo de la Magistratura es el ámbito donde los jueces buscarán hacerse fuertes para dejar de ser satélites de circunstanciales mayorías políticas.

“Los jueces para los jueces”, repiten los magistrados más entusiastas, con la idea de librarse del pecado original de la política. No son todos los creyentes. Algunos desconfían de este discurso y quieren ver pasar los gobiernos.

En el país reaparecen reminiscencias de los 80. De sus luces y sombras. Por un lado, las distorsiones económicas del final de esa década y, por otro, la “hazaña institucional” de restaurar un orden jurídico quebrado durante los gobiernos militares, dijo la semana pasada el presidente de ADEPA, Daniel Dessein.

Hace 40 años, la política recurrió a la Justicia, que se hizo fuerte tras el Juicio a las Juntas. Hoy, la política ve a la Justicia como un incómodo adversario.

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