Las denuncias de espionaje contra el macrismo se reparten en seis causas

Las denuncias de espionaje político contra el gobierno de Juntos por el Cambio con las que el kirchnerismo inundó los tribunales terminaron en al menos media docena de causas judiciales, radicadas en los tribunales de Comodoro Py 2002 y de Lomas de Zamora, donde hay un exespía detenido, decenas de víctimas y una imputación sobre mas de 20 exagentes que pretende alcanzar a Mauricio Macri y a la cúpula de la AFI, en su gobierno encarnada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

1.- El asunto que generó el primer sobresalto fue la denuncia de 2018 de José Luis Vila, exagente de la SIDE y exfuncionario del Ministerio de Defensa en la época de Cambiemos, a quien le colocaron un artefacto explosivo en la puerta de su casa de Recoleta, como amenaza. Investiga el asunto el juez federal porteño Sebastián Ramos con el fiscal Guillermo Marijuan. Allí se tomaron declaraciones a las personas que descubrieron la caja con explosivos, a los vecinos y se obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad donde se ve la fisonomía de la persona que dejó la bomba.

2.- En paralelo, en los tribunales federales de Lomas de Zamora, el juez Federico Villena, que investigaba una causa de drogas, detuvo a un sospechoso, que confesó que lo habían contratado para colocar un explosivo, el mismo de la casa del exespía Vila, y dijo que actuaba en connivencia con un abogado, Facundo Melo, exespía de la AFI. Los allanamientos y las pericias sobre los celulares y computadoras de Melo llevaron al juez a descubrir a un grupo operativo de agentes de la AFI que desarrollaron tareas de espionaje sobre dos decenas de políticos del kirchnerismo, de Juntos por el Cambio, incluidos Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta, sindicalistas y periodistas.

Allí se hallaron fotos, audios, partes de inteligencia y evidencias de seguimientos sobre estos objetivos. El juez tiene a 20 imputados en la causa, en la que están sospechados los exespías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez, que reportaba al director de Operaciones Especiales, Alan Ruiz, actualmente detenido.

En esta causa Cristina Kirchner y Rodríguez Larreta se presentaron como querellantes y acudieron a ver las evidencias del espionaje en su contra. La vicepresidenta aportó además una lista de entradas a la Casa Rosada (obtenida de la base de datos pública de Poder Ciudadano) donde se corroboran visitas de Melo, Araque y Sáez a la oficina de Susana Martinengo, directora de Documentación. Con esta evidencia Cristina Kirchner siembra sospechas contra Macri y la cúpula de la AFI en su gestión. Sin embargo, en esta causa no hay ninguna imputación formal sobre ellos.

Entre la causa del juez Ramos y el fiscal Marijuán y este caso de Lomas de Zamora se dio una pelea de competencia y se resolvió que la confesión del narco referida a la bomba al exespía Vila, quede en Comodoro Py 2002, donde se investiga esta intimidación.

3.- En paralelo, también en los tribunales de Lomas de Zamora, el juez Juan Carlos Auge, esta vez por la denuncia de la actual administración de la AFI que comanda Cristina Caamaño, investiga otro caso de espionaje. Se trata de un seguimiento que hizo un grupo operativo de agentes sobre Cristina Kirchner, mediante una vigilancia en su casa de Recoleta y en el Instituto Patria. Las tareas se hacían las 24 horas con agentes que trabajaban en turnos rotativos de seis horas.

En ese caso delegado en la fiscal Cecilia Incardona está preso el espía Alan Ruiz, que admitió los seguimientos y aunque dijo que lo hacía para proteger a la entonces senadora nacional, porque se había recibido una denuncia de un posible atentado. La Justicia sospecha que se montó esa denuncia para justificar el espionaje.

4.- Además, a los pocos meses de asumir en la AFI Caamaño presentó dos denuncias de espionaje contra sus antecesores en el cargo y en las cuales acusa directamente al expresidente Mauricio Macri. El fiscal Jorge Di Lello, que tiene delegada una de ellas, no imputó a Macri en su requerimiento de instrucción.

Allí se analiza un disco rígido donde se hallaron evidencias de direcciones de correos electrónicos de políticos y periodistas. En la hipótesis de la denuncia se tratan de mails ilegalmente interceptados, mal borrados. Allí se constituyó como imputado Arribas que nombró a su propio perito para analizar el disco rígido, tarea que dispuso el fiscal.

5.- En otra denuncia en Comodoro Py 2002, la AFI de Caamaño acusó a Macri y a los exjefes del organismo de realizar tareas de espionaje sobre un grupo de periodistas y activistas sociales que habían pedido ser acreditados para asistir a la cumbre del G20 que tuvo lugar a fines de 2018 en Buenos Aires.

En esa causa Caamaño aportó fichas elaboradas con los nombres de las personas, un análisis de lo que publicaban en sus redes sociales, clasificados por su cercanía o lejanía con el gobierno de Macri. La causa está delegada en la fiscalía de Paloma Ochoa, que requirió investigar el asunto y pidió que declaren los dos agentes que estaban afectados a realizar estas tareas. Allegados a Arribas sostienen que no se trata de una actividad delictiva, sino que es un análisis efectuado como una exigencia de los servicios de inteligencia de los países cuyos presidentes acudieron a la cumbre presidencial, entre ellos Donald Trump, Vladimir Putin o Angela Merkel.

6.- Antes de que todas estas denuncias del kirchnerismo tuvieran su curso en los tribunales federales, el juez Rodolfo Canicoba Corral impulsó causa desde el año pasado donde investiga tareas que habría realizado UIF, el Ministerio de Seguridad y la AFIP, investigando las entradas y salidas del país de jueces, políticos y personajes de la farándula.

Por Hernán Cappiello

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