Las provincias ya evalúan el impacto fiscal de una suba de retenciones

CÓRDOBA.- Los cambios tributarios que instrumentaría el electo presidente, Alberto Fernández, y que impactarían en los recursos coparticipables generan inquietud entre los gobernadores. Si, como intuyen algunos mandatarios, las retenciones volvieran a pesar en el PBI lo mismo que en 2015, las provincias perderían unos $23.000 millones anuales de coparticipación: es que los derechos de exportación no se reparten y, además, impactan en el cálculo del impuesto a las ganancias, que sí se distribuye.

Los gobernadores de la región centro y de los distritos mineros creen que la política fiscal apuntaría a restarles recursos a ellos, mediante suba de retenciones, para sostener al norte y al conurbano.

Ante la consulta de LA NACION, el economista Marcelo Capello, del Ieral, elaboró dos escenarios posibles con suba de retenciones y sin descartar una menor presión impositiva a la industria y a las economías regionales.

Si las retenciones pasaran de representar 1,5% del PBI -como en 2019- a 1,8% en 2020 -valor que se recaudó en 2014 con Cristina Kirchner en el gobierno- la recaudación extra por esa carga sería de $197.266 millones. Pero la pérdida de los ingresos por Ganancias sería de $15.056 millones para el Tesoro nacional y de $23.411 millones para las provincias. Esa cifra equivale a 44% de los recursos extras que recibirán por devolución de detracción del 15% de la coparticipación (lo que se retenía para Anses).

La otra hipótesis es que por retenciones se recauden 2,3% del PBI (escenario menos probable según Capello, porque era la cifra de 2012 con un precio de la soja más alto). De darse esa situación, los ingresos extras sumarían $342.814 millones; pero las provincias perderían $40.684 millones (equivalen a 78% del extra por la devolución del 15%).

La suba de retenciones, además, implica menor actividad en las provincias con mayor producción primaria y afecta la recaudación de impuestos propios, como Ingresos Brutos y Sellos. Además, dificulta el ajuste del impuesto inmobiliario rural.

Además del trabajo de Capello, LA NACION accedió a una simulación que circula entre funcionarios de las provincias agroproductoras: un punto de suba de las retenciones a la soja y al complejo cerealero (maíz y trigo) implica $4300 millones menos en la recaudación de Ganancias. Los gobernadores perderían unos $2500 millones y la administración central ganaría $12.600 millones.

El Ieral repasa que entre 2015 y 2019 hubo cambios significativos en la distribución de recursos entre Nación y provincias, como la devolución a las provincias del 15% de la detracción de la coparticipación para la Anses (tres puntos por año).