Las recetas del oficialismo para contrarrestar la abstención
En el gobierno entienden que la desafección electoral los perjudica y mueven las piezas para empujar a los votantes hacia las urnas; la CGT y la CTA también juegan
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“Casa por casa”, “puerta a puerta”, “voto a voto”, así llamó a buscar cada voto, Sergio Massa, precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP). Hasta llegó, en su gira federal, a pedir ir “chacra por chacra”. El pedido no es casual, ni azaroso. Con las últimas elecciones celebradas el pasado domingo en la provincia de Chubut -en las cuales participó menos del 70% del padrón- ya son casi 5.360.000 los electores que en lo que va de este año electoral prefirieron suspender su juicio electoral en las urnas. Un dato que enciende alarmas en el gobierno.
En el bunker de la calle Mitre, en el que se reúne el comando de campaña del oficialismo están convencidos que en las abstenciones que vienen viéndose en las diferentes elecciones provinciales están gran parte de sus votantes y es un foco de atención. En esa mole de hierro y vidrio, de seis pisos hacia arriba y tres para abajo, sostienen que los votantes que los apoyaron en 2019, pero no los votaron en 2021 no se fueron a otras fuerzas sino que directamente, desencantados, se abstuvieron de ir a votar. Y es a ellos, los “desencantados” que ubican detrás de las abstenciones, a los que apuntan a encontrar y convencer de que es hora de volver a votarlos.
En los municipios la búsqueda es casi milimétrica. Se busca en los padrones a quienes no fueron a votar en las elecciones de medio término y se los contacta para ver si los pueden convencer. “Con las fiscalizaciones esos datos se manejan y lo que se está haciendo es ir a ver a nuestros votantes. Se va, se le llevan papeles, se le explican las propuestas. Es militancia pura. Nada nuevo”, completó un hombre al tanto de los detalles más finos de la campaña, que luego admitió que esa militancia está más exacerbada ante los números de abstenciones que se ven.
Centralmente esos movimientos se dan en el estratégico conurbano bonaerense, donde radican la mayoría de los votantes del peronismo. La obsesión por alcanzar el piso del 30% en las primarias hace que todos los cañones estén puestos en revertir el escenario de abstención que hubo en 2021 y que se vino dando en las provincias.
“Hay segmentos del peronismo que no votan otra cosa que no sea peronismo. No votan en contra, pero no van a votar“, explica Facundo Nejamkis de la consultora Opina Argentina. “Este votante puede ser movilizado por razones de temor. Un votante peronista puede ser eventualmente movilizado si Patricia Bullrich se impone en las primarias de Juntos”, describe el consultor.
Al mea culpa del ministro Massa -que admitió “errores” y pidió buscar el voto de los “desilusionados”- y al llamado a “reventar las urnas con la boleta de Unión por la Patria” del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó la voz, precisamente en el conurbano, de la vicegobernadora Verónica Magario, que en un acto en Merlo el pasado domingo vigorizó el estímulo por la vía negativa.
“Cuando la desazón empieza a calar hondo[....]ahí tenemos que estar los militantes haciendo comprender que si no vas a votar la estás favoreciendo a Patricia Bullrich lo estás favoreciendo a Larreta o lo estás favoreciendo a Milei, y si vos no querés que vuelvan ellos, entonces andá y pone el voto en estas PASO, necesitamos dar vuelta esta historia”, arengó la vicegobernadora.
Más allá de lo que puedan lograr para el 13 de agosto, la verdadera esperanza del espacio está centrada en lo que puede pasar después de esa fecha, en una tendencia que creen irá in crescendo. En las filas de Unión por la Patria admiten que la parada no es fácil, pero se muestran convencidos sobre algo: “Se vota a presidente y hay que ver qué pasa cuando llegue el momento de la elección general y más aún si hay ballotage, y se tiene que elegir entre dos modelos de país”.
Campaña del “puerta a puerta” a una construcción desde las bases
La CGT y la CTA también juegan en esta campaña de empuje hacia las urnas. Las centrales obreras, que el mes pasado cerraron filas para alinearse bajo la candidatura del ministro Massa, buscan apuntalar la participación electoral sacudiendo a un electorado dormido. Dirigentes gremiales recorren las fábricas repartiendo las boletas de UP y algunos están dispuestos a movilizar a sus bases para garantizar una mayor participación en los comicios. Fuentes oficialistas aseguran que los movimientos en este sentido son intensos. “Desde Perón que no jugaba tan fuerte la CGT”, lanzan cerca de Massa.
Las elecciones legislativas de 2021 es el antecedente más cercano que parece justificar el operativo estímulo del oficialismo. Entre las PASO y las generales de ese año, la participación aumentó casi 5 puntos y el Frente de Todos logró recortar significativamente su distancia con Juntos por el Cambio, quedando a un punto de Diego Santilli y Facundo Manes, los candidatos que encabezan la lista de diputados.
“Al igual que en las PASO del 2021, parecido en cuanto a la apatía, el triunfo de [Diego] Santilli y [Facundo] Manes en la provincia de Buenos Aires fue porque un porcentaje del votante albertista de 2019 se quedó en su casa y no fue a votar. Vemos un escenario muy parecido, aunque limitado por la interna”, describe Cristian Buttie de BC consultores, que considera insuficientes para una renovación de mandato la base de “25 puntos” que Massa puede ofrecer más los “5 o 6 puntos” que pudiera aportar su rival en la interna, Juan Grabois. “Aunque veremos si se reactiva en el transcurso de esta semana”, se ataja Buttie.
La puesta en marcha de la campaña estímulo enfrenta un obstáculo. Los montos que las sanciones económicas prevén para quien, sin justificación, se ausente el día de los comicios, datan de 2012 y, con una inflación interanual corriendo al 119%, han quedado desactualizados. La penalidad varía de acuerdo a la cantidad de infracciones que acumule el elector, es decir, cuantas veces no ha asistido a votar, y oscila entre los 50 y los 500 pesos; una cifra que, para conservar la fuerza punitoria del 2012, debería tener, si se toma el dólar oficial como criterio de indexación, un piso cercano a los 2400 pesos y un techo próximo a los 24000.
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