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Lava Jato: Jorge “Corcho” Rodríguez le pidió a Brasil que le exija a la Justicia argentina que devuelva las pruebas que tiene en su contra
El lobista acusado de mediar en las coimas entre Odebrecht y el círculo de Julio de Vido está cerca de derribar todas las acusaciones
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Identificado en Brasil como un presunto intermediario en los sobornos que el gigante brasileño Odebrecht le pagó al entorno del entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, para quedarse con tres grandes proyectos de obra pública durante el kirchnerismo, Jorge “Corcho” Rodríguez desplegó una estrategia procesal en el vecino país y en la Argentina para derribar todas las evidencias en su contra. Y está muy cerca de lograrlo, según reconstruyó LA NACION en base a documentos oficiales y testimonios en ambos países.
El paso más reciente del “Corcho” Rodríguez para salir indemne de las acusaciones que afronta en Buenos Aires lo dio en Brasil. El lunes 8 le pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) de ese país que obligue a la Argentina a devolverle las pruebas recolectadas en su contra dentro del acuerdo de “clemencia” que Odebrecht firmó con los fiscales brasileños, y que estos entregaron a sus colegas argentinos tras firmar acuerdos de cooperación bilateral.
Las pruebas obtenidas en Brasil que el “Corcho” Rodríguez busca impedir que se utilicen en la Argentina incluyen la confesión del otrora vicepresidente de la constructora para América Latina, Luiz Antonio Mameri, quien lo identificó como uno de los mediadores entre Odebrecht y el círculo de De Vido para coordinar el pago de sobornos por el proyecto para la construcción de una planta potabilizadora de agua en Paraná de las Palmas.
Rodríguez tiene motivos para ilusionarse. El presidente del Supremo Tribunal, José Antonio Dias Toffoli, ya accedió en agosto de 2024 a otra solicitud de sus abogados brasileños, y anuló las pruebas recolectadas en su contra, de conformidad a fallos anteriores.
¿Por qué anuló esas pruebas? Porque se extrajeron de dos sistemas informáticos de Odebrecht cuya “falta de fiabilidad” ya declaró otro ministro del Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski, “debido a la grave violación de la cadena de custodia”. Es decir, que no se puede garantizar que los archivos de ambos sistemas sean auténticos y no adulterados.
Identificados como “Drousys” y “MyWebDay”, ambos sistemas almacenan su información en Estados Unidos y su autenticidad fue reconocida por Odebrecht –que se declaró culpable en Brasil y Estados Unidos- y por sus ejecutivos –que confirmaron los datos allí vertidos-, pero la Justicia brasileña concluyó, además, que la forma en que el Ministerio Público Fiscal de ese país compartió el material, por ejemplo con las autoridades estadounidenses, fue “al margen de la ley” y que era, por tanto, inadmisible.
Ahora, según informó el portal brasileño PlatoBR, la defensa del “Corcho” Rodríguez acudió al ministro Dias Toffoli para pedirle que le ordene al Ministerio de Justicia de ese país que solicite la devolución de las pruebas brasileñas que ya se enviaron a los tribunales argentinos, que también pretenden escuchar a Mameri y otros brasileños que admitieron sus roles en la trama criminal y señalaron a otros involucrados.
“El ‘Corcho’ no tiene ninguna causa penal abierta o investigación en su contra en Brasil. Cero. Lo que hicieron ahora los abogados de Rodríguez fue un procedimiento de forma, dado lo que ya decidió la Justicia brasileña”, indicaron voceros del lobista argentino ante la consulta de LA NACION. “La petición fue que si hay material que alude a Rodríguez y es nulo, ese material debe volver a Brasil porque no se puede usar en la Argentina porque no es válido”.
Sin condenas ni multas
Gracias a los datos extraídos de ambos sistemas y las confesiones de varios arrepentidos –entre ellos, Mameri-, la Justicia argentina reconstruyó durante los últimos años que Odebrecht y las empresas locales asociadas pagaron coimas en la Argentina para quedarse con tres grandes proyectos de obra pública valuados en un total de US$2.256 millones: el soterramiento del Sarmiento —con un presupuesto estimado en US$1500 millones—, la construcción de la planta potabilizadora de agua para AYSA —US$320 millones— y la extensión de las redes troncales de gasoductos —US$436 millones—.
Con ese volumen de dinero en danza, Odebrecht confesó en Estados Unidos que las coimas que desembolsó en la Argentina ascendieron a por lo menos US$35 millones, lo que implicaría un retorno apenas superior al 1,5% del monto total de los contratos, aunque evidencias adicionales permiten sospechar que los pagos indebidos fueron por mucho más.
En el proyecto para soterrar el tren Sarmiento, por ejemplo, “Jorge Rodríguez propuso que, con cada pago liberado de una factura, el consorcio pagase valores indebidos en cuentas por él indicadas, y que esta era la única forma de priorizar los pagos al consorcio por los servicios ya prestados”, confesó Mameri ante los investigadores brasileños. Y dijo que cuando él, Mameri, autorizó “ese ajuste indebido, los pagos se retomaron”.
Sin embargo, transcurridos nueve años desde que Odebrecht admitió que pagó sobornos multimillonarios en once naciones de América Latina, la Argentina figura entre los tres países con peores resultados judiciales y administrativos, según surge de un análisis desarrollado por la “Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas” que integra LA NACION junto a otros ocho medios de comunicación del hemisferio.
Junto a Venezuela y México, la Argentina figura entre los países que todavía no registran condenas penales, ni multas aplicadas a la constructora Odebrecht. También destaca entre los países que menos información y evidencias recibió desde Brasil. Y un dato más: tampoco logró recuperar un centavo de los millones de dólares desviados de las arcas públicas.
Los avances del “Corcho”
Tras obtener en agosto de 2024 la anulación de las pruebas en Brasil, en febrero último Rodríguez dio otro paso en la Argentina. Le pidió al Tribunal Oral Federal 7 que dictara la nulidad de las pruebas y su sobreseimiento en la causa por el proyecto de Paraná de las Palmas. Pese a ello, el TOF avanzó: el juicio oral comenzó en mayo con De Vido en el banquillo junto a su mano derecha en el Ministerio, Roberto Baratta, y el otrora secretario de Obras Públicas, José López, además de Rodríguez y una veintena de empresarios.
En septiembre, Rodríguez sí logró que la Cámara Federal de Casación anulara su procesamiento por el presunto lavado de dinero con la compra en 2012 y venta en 2016 de un helicóptero, decisión que derivó en su sobreseimiento en septiembre pasado. Entre otros motivos, por prescripción y por “violación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable”.
Ahora, de prosperar en Brasil la petición más reciente del “Corcho” Rodríguez ante el Supremo Tribunal, podría generarse un contrapunto con la Corte Suprema de Justicia argentina, que a fines de septiembre dio una señal en sentido contrario. Rechazó las presentaciones de dos acusados –Mameri y el también exejecutivo brasileño de Odebrecht Mauricio Couri Ribeiro- en otra causa donde se investiga otro pago de coimas a funcionarios del kirchnerismo: el soterramiento del tren Sarmiento.
Mameri pidió la nulidad de la incorporación de copias de su confesión al expediente que tramita en los tribunales de Comodoro Py. Couri Ribeiro solicitó la nulidad del acuerdo de colaboración firmado entre los ministerios públicos fiscales de la Argentina y Brasil. Pero al igual que las instancias judiciales anteriores, la Corte Suprema rechazó sus peticiones. Se avizora ahora otro contrapunto.
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