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Lluvia ácida sobre Alberto, pero también sobre Cristina
El oficialismo carece de la principal condición que debería ofrecer a la sociedad para superar el descalabro: consistencia política para sostener un programa coherente de estabilización
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LA NACIONCarlos Pagni
La inflación de marzo en Venezuela fue de 1,4%. La inflación de marzo en Turquía fue de 5,5%. La inflación de marzo en la Argentina fue de 6,7%. La comparación es atroz y cobija dos mensajes. El más obvio: la Argentina padece este mes la inflación más alta de la región y del planeta, con la sola excepción de Rusia. Con un detalle corrosivo: consiguió superar a la economía del chavismo, que es la oveja negra de América Latina. Lluvia ácida sobre Alberto Fernández. La segunda evidencia: el, por llamarle de alguna manera, modelo venezolano, está corrigiendo sus delirantes distorsiones por la vía del ajuste más feroz, que es el que ejecuta la ceguera del mercado. El discurso que se embandera con el nacionalismo aislacionista está sufriendo una dolorosísima refutación. Lluvia ácida sobre Cristina Kirchner.
El índice de inflación que se conoció ayer es un cañonazo que impacta sobre del Frente de Todos. Esa fuerza política carece de la principal condición que debería ofrecer a la sociedad para superar el descalabro: consistencia política para sostener un programa coherente de estabilización. La inflación espiralizada promete agravar esa indigencia. El índice de 6,7%, que es de 7,2% para los alimentos, ejerce sobre el Presidente una presión que lo obligará a atarse con más fuerza al mástil del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional. Esa sujeción está destinada a acelerar la crisis interna. En primer lugar, porque el aumento de tarifas y la actualización del tipo de cambio generarán más inflación y, en consecuencia, endurecerá los reproches que recibe el Gobierno desde su propia base. No hay que pensar solo en la señora de Kirchner y su feligresía. Es imposible que los gobernadores, intendentes, sindicalistas y líderes de movimientos sociales que vienen acompañando a la Casa Rosada no manifiesten también el desasosiego que provoca el vértigo de los precios. Comparados con el promedio anual del 2019 los salarios no registrados cayeron un 12%; los salarios públicos descendieron 8,9%; los salarios privados registrados cayeron 3,5%. El salario de los trabajadores registrados y no registrados cayó 6,8 en dos años. Son números que preocupan, sobre todo, a la dirigencia oficialista, que interpreta que el arbitraje de la puja distributiva no se actuó en favor de los trabajadores.
En segundo lugar, las medidas que Fernández está obligado a tomar para responder al drama inflacionario lo acercarán a la ruptura con la vicepresidencia. Para cumplir con el cronograma pactado con el Fondo, él necesitaría modificar mañana el presupuesto nacional vigente; y también fijar un nuevo régimen tarifario que debe ser sometido a audiencias públicas. La actualización presupuestaria se demorará, y requerirá de un Decreto de Necesidad y Urgencia. El aumento del precio de la luz y el gas necesita de la firma del secretario de Energía, Darío Martínez, del titular del Enargas, Federico Bernal, y de la titular del ENRE, Soledad Manin, una funcionaria alineada con Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, que se sublevó con éxito el año pasado para resistir un aumento de tarifas. Martínez, Bernal y Manin, que responden a Cristina y Máximo Kirchner, no tenían incentivo alguno para inclinarse ante lo que Martín Guzmán pactó con el Fondo. Esperaban, alarmados, un índice de 6,2%. Desde que se conocieron los porcentajes de ayer, tienen todavía menos estímulo para aceptar esas indicaciones que suponen, según cálculos informales de Basualdo, un ajuste de 65% en las tarifas para la mayor parte de las familias.
A Fernández, por su parte, se le achica el margen de maniobra. Por eso Guzmán trazó el lunes, en diálogo con Gustavo Silvestre, una desafiante línea roja: “Gobernaremos con aquellos que estén alineados con el programa del Gobierno”. La frase fue estudiada. La pronunció por pedido del Presidente, que el domingo, en Olivos, había mantenido con él una charla de dos horas. Es el juego de una doble desconfianza. Fernández hace que de la amenaza al kirchnerismo, que correspondería al liderazgo político, se encargue un funcionario que está a tiro de decreto. Y Guzmán aclara que es un emisario del Presidente, acaso porque desconfía en la perseverancia de su jefe para sostener ese criterio. O esa insolencia. Igual el problema está planteado: ¿Se acerca la expulsión del gabinete de un bloque kirchnerista? ¿Guzmán sobrevivirá a esa purga?
En este contexto, la definición que formuló ayer Cristina Kirchner en una cumbre parlamentaria requiere de múltiples lecturas. Ella insistió con una vieja concepción que alimentó toda una tradición antiliberal de la vida pública. Es la que postula la existencia de dos poderes, uno real y otro formal. Se puede tener la banda y el bastón, es decir, los atributos institucionales del mando, pero estar vacío de poder. El verdadero poder provendría de los votos, en la experiencia democrática, o de las armas, en los procesos revolucionarios y golpistas. Esas reflexiones se escucharon como si fueran la vibración que precede a algún derrumbe.
El diseño trazado por la vicepresidenta es muy peyorativo para Fernández. Él sufre una pérdida acelerada de consenso social, en especial entre sus votantes, como acaba de consignar un estudio de Shila Vilker y Raúl Timerman. En los conurbanos, donde la inflación alimentaria es más cruel, ese deterioro es más veloz. Sobre todo, si se lo compara con la performance de la señora de Kirchner, cuya caída no es tan pronunciada. La remanida tesis expuesta ayer sobre los dos poderes, real y formal, es más dañina si se observa que Cristina Kirchner presume, con bastante derecho, de tener más votos que Fernández. Y termina de volverse inquietante cuando se presta atención a otra singularidad: la que tiene más densidad política ejerce como vicepresidenta. Para que quede más claro: es la primera en la línea sucesoria. Es en el marco de esta lógica que la afirmación sobre la banda y el bastón adquirió un impacto inusitado. Fue el relampagueo, subliminal, de un reemplazo en la cúspide del poder.
Para comprender en profundidad la ansiedad de la vicepresidenta hay que mirar su pronunciamiento desde otro ángulo. Ella habló del poder formal, administrativo, con un olímpico desprecio. Pero ese desdén es engañoso. Si el gran problema de Fernández es que Cristina Kirchner, que lo dotó de una legitimidad inicial, lo abandonó, el gran problema de Cristina Kirchner es que su supuesto poder real tiene vedados los mecanismos de ejecución. Su inconveniente no se reduce a que el Presidente puede despedir a sus acólitos de los cargos que hoy ocupan. La aprobación del acuerdo con el Fondo demostró que otros actores decisivos, como muchos gobernadores, legisladores o intendentes, se alinearon detrás del Presidente. Aquí aparece la encerrona en la que está la señora de Kirchner. Aun cuando tenga el poder que dan los votos de los más vulnerables, no puede proponer una hoja de ruta digna de ser acompañada. La intervención represiva sobre los actores económicos, la ruptura con el sistema financiero internacional y el distanciamiento con los Estados Unidos, sobre todo en medio de una guerra de dimensiones globales, se miran en el espejo de Venezuela: desde hace un par de meses Maduro empezó a devolver las empresas confiscadas por Hugo Chávez. Por eso el Congreso votó con Fernández y no con su vice. Como sugirió Vilma Ibarra, la vicepresidenta se abraza a un plan de autopreservación pensado para dentro de siete años. Pero no tiene una respuesta a las incógnitas del día. Ese es el problema del reemplazo. Esta esa la razón de la asimetría entre su capacidad para conseguir votos y su capacidad para conducir un aparato institucional.
Esta asimetría está a punto de manifestarse en un plano crucial para Cristina Kirchner. La escena judicial. La Corte declaró inconstitucional la ley que organiza el Consejo de la Magistratura. Lo que más duele: la Corte declaró inconstitucional una ley que, en 2006, había elaborado ella. Para llenar el vacío de esa declaración, repuso la ley anterior, de 1999, votada por unanimidad en el Senado y por dos tercios de los diputados. Como consecuencia de estas decisiones, el Consejo debe ampliarse de 13 a 20 miembros, lo que obliga a todos los estamentos a realizar elecciones. Sin embargo, el cambio más importante es que a partir del lunes el presidente del Consejo será el presidente de la Corte. Fue el sueño eterno de Ricardo Lorenzetti, pero es a Horacio Rosatti a quien le toca encarnarlo.
Es una transformación de primera magnitud. En principio, porque reforzará la subordinación política de toda la Justicia a su cabeza, el tribunal superior. Esta verticalidad, que ya venía dada por el control de constitucionalidad que la Corte ejerce sobre los fallos, ahora se reforzará en la víscera más sensible, como decía el General: la Corte, a través de su presidente, agregará a su poder de superintendencia el comando de la administración de los recursos, que corresponde al Consejo. Para ponerlo en términos de Cristina Kirchner: Rosatti tendrá el bastón, la banda y el poder real, es decir, la caja.
Es comprensible el desasosiego de la vicepresidenta ante el fortalecimiento de un tribunal al que considera hostil y del que depende su destino personal. Junio es un mes crucial para ella y los suyos. Se formularán los alegatos del proceso oral del juicio por sobreprecios en la obra pública de Santa Cruz. Quienes preparan esas presentaciones dejaron trascender su asombro por la prueba abrumadora en contra de los acusados. Es un caso crucial, porque se proyecta sobre las investigaciones por lavado de dinero en los hoteles familiares. Un aspecto muy relevante del problema: Fernández es Presidente desde hace más de dos años y la pesadilla penal de quien le dio el bastón y la banda no ha hecho más que agravarse. Esta angustia se filtra en la frase de ayer sobre la impericia en el ejercicio del mando: “Y ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer”.
Es superficial suponer que Cristina Kirchner piensa la política solo con arreglo a sus tribulaciones judiciales. Es también superficial suponer que esas tribulaciones no la condicionan. La amenaza de los juzgados, que en adelante estarán más controlados por la Corte, determina el juego institucional. Las afiebradas fantasías sobre una corrida que termine poniendo a Sergio Massa al frente de la Presidencia, que anidan en especial en la cabeza de Massa, olvidan que ese dominó dejaría sin fueros a la vicepresidenta. Es un dato que ordena la perspectiva electoral. La estrategia de Carlos Beraldi, el defensor de la señora de Kirchner, consistente en anegar los tribunales de recursos y objeciones procesales, requiere que ella disfrute de esa protección parlamentaria por muchísimos años más. Es una estrategia menemista, con perdón de la palabra.
Estas preocupaciones hacen ver como un manotazo de ahogado la presentación del diputado Pablo Casaretto, que consiguió ayer del juez federal de Entre Ríos, Daniel Alonso, una cautelar ordenándole a Cristina Kirchner y a Massa abstenerse de designar a los consejeros por el Congreso. La operación está plagada de debilidades. La primera, en otro contexto, escandalizaría a la vicepresidenta: un juez de primera instancia que da órdenes al Poder Legislativo. La segunda también: es una cautelar exprés, de las que ella odia. Tercera: se le concede a un diputado la representación de todo el parlamento frente a un tribunal. Cuarta, muy obvia: la resolución de Alonso pretende modificar algo que ya es cosa juzgada. Es decir, el juez se propone como tribunal de alzada de la Corte. Quinta: Alonso está concursando por un cargo de camarista en Santa Fe.
Lo más relevante es que en este frente Cristina Kirchner también debe mortificarse observando cómo su volumen electoral no se traduce en un control efectivo de las palancas institucionales. Quien ascendió en el Consejo como supuesto subordinado de Máximo Kirchner, Diego Molea, el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, fue el primero en obedecer el fallo de la Corte: participó de las elecciones de consejeros abogados, donde postuló a la decana de Derecho de su institución, María Fernanda Vázquez. Salió segunda, detrás de Jimena de la Torre, una destacada ex funcionaria de Mauricio Macri en la AFIP. La lista de De la Torre fue apadrinada por el binguero y dirigente futbolístico Daniel Angelici. Hombre decisivo para la operación judicial de Macri, sobre todo en el campo del espionaje, Angelici se ha convertido en el jefe de facto del radicalismo porteño, donde militan Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti. Una conquista formidable del ex Presidente. Desde esa posición, Angelici pactó con Molea la promoción de Pamela Tolosa, de la Universidad de Bahía Blanca, como consejera académica. El presidente del Consejo Interuniversitario, Guillermo Tamarit, solo debe convalidar lo acordado. Angelici y Molea están unidos por la pasión por operar sobre la Justicia. Y por el fútbol: Molea es vicepresidente de Temperley, un club auspiciado por la Municipalidad de Lomás de Zamora. El reino de Martín Insaurralde y, muy cerca de él, de Daniel Mauttone, socio de Angelici en los bingos. Ahí están la banda, el bastón y, sobre todo, la caja.
Tipo de trabajo:análisis
