Los titulares de los planes sociales arreglarán escuelas

El gobierno nacional avanza contra reloj en la implementación de convenios para que los titulares de programas sociales trabajen en la refacción de escuelas públicas durante el receso de verano.

En la práctica será una prueba piloto de un "empalme" con una fuente laboral para quienes integran los programas Hacemos Futuro y las personas que reciben un salario social complementario del Estado, un universo de más de 500.000 personas.

Según pudo reconstruir LA NACION, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social se reunieron ayer con sus pares bonaerenses de la provincia de Buenos Aires y con la dirección general de Cultura y Educación bonaerense para avanzar en el convenio, que podría alcanzar, en esta primera etapa, a unas 300 escuelas, solo hasta marzo.

El estado edilicio de las escuelas es una de las principales preocupaciones de Kicillof, incluso desde antes de asumir como gobernador. La ley de emergencia pública sancionada en diciembre en la provincia de Buenos Aires creó el Programa Especial de Emergencia Educativa, destinado al financiamiento de obras de urgencia en materia de infraestructura. Su primer objetivo es "ejecutar acciones tendientes a restablecer la seguridad y las condiciones de funcionalidad y habitabilidad de los edificios escolares".

Los edificios escolares dependen de las provincias. Para avanzar, el gobierno nacional necesita que los distritos deriven fondos a través de los consejos escolares y las intendencias para solventar los materiales, insumos y ropa de trabajo. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación deberá pagarles un plus mensual a los beneficiarios de los planes sociales por los trabajos de infraestructura que realicen.

La cartera que conduce Daniel Arroyo pretende firmar convenios similares con Chaco, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y Tucumán. No queda demasiado tiempo, dado que los trabajos deberán estar terminados antes de que finalice el receso escolar. En el Gobierno esperaban alcanzar a 50.000 beneficiarios de planes en esta primera tanda, el 10% del universo total de titulares de esos programas. Es otra forma de volcar recursos al escalón más bajo de la pirámide social, la receta que aplica Alberto Fernández para reactivar la economía.

Fuentes de trabajo

"A mediano y largo plazo el proyecto es acercar a los beneficiarios de los planes a fuentes de trabajo focalizadas en cinco áreas: pequeña obra pública (puesta en valor de plazas, trabajos de pintura, cordones), el reciclado, el trabajo textil, la economía del cuidado a personas con discapacidad, ancianos, o niños y la producción de alimentos a pequeña escala", señaló a LA NACION Daniel Menéndez, subsecretario de Promoción de la Economía Social y el Desarrollo Local. El funcionario es coordinador nacional de Barrios de Pie, una de las organizaciones del triunvirato piquetero.

La reincorporación de titulares de programas sociales al mercado de trabajo fue uno de los objetivos incumplidos de la gestión de Mauricio Macri. El gobierno anterior creó a fines de 2016 el plan Empalme. Ese programa contemplaba que los titulares de diez programas sociales nacionales sigan cobrando un beneficio, de entre $2000 y $4000, durante los primeros dos años como empleados en relación de dependencia en el sector privado. El traspaso al mercado formal estuvo muy por debajo de las expectativas.

El más importante de los programas de empleo era Argentina Trabaja, luego fusionado con Hacemos Futuro, que busca crear fuentes de empleo a través de cooperativas. A diferencia de ese esquema, en esta iniciativa el Estado pagaría de forma directa un plus, sin intermediarios.

En el Gobierno opinaron que la gestión de Macri "avanzó en la capacitación" de las personas enmarcadas en la asistencia social, pero aseguraron que "faltó el salto en escala para que quienes tienen planes puedan insertarse en el trabajo".