Luis Almagro: "El sistema político no puede declarar culpable a Milagro Sala"

“La justicia no se puede administrar por encuestas u opiniones sino en función de consideraciones objetivas. Por ello, el sistema político no puede declarar a Milagro Sala culpable”. Las palabras filosas del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro tienen un destinatario claro: el gobierno de Mauricio Macri.

Una semana después de haber enviado una polémica carta a la líder de la agrupación Tupac Amaru y exigir su liberación en Jujuy, Almagro expresó a LA NACION que confía en que “la Argentina actuará con apego a a los principios fundamentales del derecho y los derechos humanos” para cumplir el mandato de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que bregaron por liberar a Sala. El titular de la OEA equiparó el caso de la dirigente kirchnerista encarcelada con el opositor al chavismo Leopoldo Lopez y los presos políticos en Venezuela. No son las únicas definiciones duras que emitió Almagro en una entrevista via mail con este diario.

-¿Por qué cree que Milagro Sala debería ser liberada si hay un proceso de juicio por corrupción en su contra?

-El único interés que me mueve es el de los principios interamericanos en materia de derechos humanos. Esto que es para mí algo esencial. Da tristeza pensar que hay quienes siempre tienden a buscar alguna otra explicación y prefieren adherir al mundo de la post-verdad repitiendo mentira tras mentira. Todo el problema en este caso, es de qué lado de los principios te paras. Nada más. Como lo hicimos respecto a Leopoldo Lopez y a los presos políticos en Venezuela. El tema que se ha planteado es respecto a garantías procesales en cuanto a la detención de Milagro Sala, no podemos hacer un pronunciamiento sobre aspectos de sustancia. Nosotros lo hemos dejado absolutamente claro en la carta que dirigimos a Milagro Sala, la misma señala que “nadie está por encima de la ley”, nadie es impune y, por lo tanto, todos deben ser juzgados por sus faltas pero ello no implica ignorar una situación de derecho respecto a las condiciones en que fuera detenida y sobre las cuales se mantiene su detención. No lo ha hecho la ONU, ni el sistema interamericano, ni las Organizaciones más representativas de la sociedad civil. Desde la OEA hemos sido claros en la defensa de los derechos humanos y la democracia en el continente, sin ataduras ni políticas ni ideológicas de ningún tipo.

-¿Cree que la Argentina, debería cumplir con el mandato del grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU que pidió liberar a Sala?

-Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la Argentina a cumplir las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, que llama a la liberación de Sala por considerar que la prisión preventiva en el mes de enero fue arbitraria ya que según el grupo de trabajo “viola los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte”. O sea que tal como señale en mi carta, se insta a cumplir con el debido proceso. Nosotros no hemos inventado esta situación, han referido a la misma Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de ONU, la propia CIDH. El escrutinio internacional es esencial para preservar el Estado de Derecho. Cuando se realizan estos aportes no es para generar polémicas políticas sino para aportar una perspectiva más allá de lo doméstico y para ayudar a resolver un problema existente. La apertura del Gobierno para recibir visitas in situ es algo muy positivo.

-¿Cree que si Argentina no cumple con su mandato de aceptar los informes internacionales estaría contradiciendo su política de derechos humanos?

-Por la trayectoria de Argentina en el tema, confió en que se actuara en base a los principios fundamentales del derecho y los derechos humanos. Lo que indica el Estado de derecho es que debe ser el poder judicial el que otorgue respuestas técnicas sobre este tema. El sistema político no puede asumir esa representatividad ni prejuzgar situaciones procesales o jurídicas. La justicia no se puede administrar por encuestas u opiniones sino en función de consideraciones objetivas del caso. Cuando yo estaba en el poder ejecutivo o legislativo, no se me ocurría opinar sobre situaciones procesales en Uruguay, si el acusado era culpable o inocente. El sistema político no puede declarar a Milagro Sala culpable, ello es improcedente y genera situaciones no deseadas para el Estado de Derecho. El tema es que por más vueltas que te des la cola te queda siempre del lado de atrás. Y acá por más vueltas que se le dé, por más mensajeros que se maten y opiniones que se den, si el problema no se resuelve, sigue ahí.

- ¿Su opinión sobre el caso Sala es compartida por la CIDH?

-Como Secretaria General de la OEA hacemos nuestro el comunicado de la CIDH, así como valoramos que la CIDH haya citado nuestra actuación. Nosotros no hemos generado la actual situación política. Han referido a la misma Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y la propia CIDH. Por alguna razón se pretende desconocer todo ello, es mucha comunidad internacional que ha hecho señalamientos. Y todos coincidimos en que debe asegurarse el más pleno respeto de las garantías procesales para Milagro Sala o para cualquier detenido, pero que nadie puede considerarse impune en el sentido de que sus crímenes no sean juzgados. No importa de quién se trate. Al mismo tiempo, su legítima defensa debe ser asegurada y ello debe hacerse bajo los más rigurosos estándares internacionales, los que marcan las instituciones especializadas del sistema interamericano y la ONU. Lamentamos también, que en los análisis que se han hecho se haya incurrido en graves faltas a la verdad respecto a los pronunciamientos que fueron formulados por la comunidad internacional. En lo que a mi persona atañe, es especialmente grave que editorialistas supuestamente prestigiosos hayan incurrido en falsedades o razonamientos forzados desde la intencionalidad política, como que no nos habíamos pronunciado sobre los casos de presos políticos venezolanos y especialmente de Leopoldo Lopez. Otros señalaron que era porque quería ser presidente de Uruguay, como si esto ayudara o tuviera que ver en algo. Otros llegaron al colmo del absurdo señalando la existencia de “negociados”. Otros buscaron conspiraciones de mis asesores. Y lo único que tenían que mirar es mi conducta apegada a los principios y lo que han dicho HRW, CIDH, Amnistía u ONU al respecto, ya que la posición que he tenido, es absolutamente consecuente con lo expresado por esas organizaciones. Lo único que me mueve es pararme del lado de los principios, como lo hice con el caso de Venezuela y como lo hecho con cualquier otra situación que genere una legítima preocupación en el continente.

-¿Qué ocurre si Argentina no cumple con lo que dice la ONU o la CIDH’?

-Creo que la Argentina es un país de profunda vocación democrática y de defensa de los derechos humanos, especialmente porque a lo largo de su historia sufrió oscuros periodos. Por ello, confío en que se actuará con apego a dichos valores, a los principios fundamentales del derecho y los derechos humanos. No debería ser tan difícil para Argentina encontrar una solución para este caso dentro del debido proceso y aceptar el escrutinio internacional, como su reputación internacional de país comprometido con los derechos humanos lo exige. Creemos que Argentina tiene suficientes elementos y fortalezas institucionales como para resolver este tema. No tenemos ninguna duda al respecto.

Por Martín Dinatale

• Mauricio Macri
• OEA

---

Conforme a

Análisis. Bocetos de una economía diferente

La nueva vida de Vidal. Consultoría privada, docencia y mensajes para diferenciarse del Gobierno

Análisis. Los riesgos electorales de Javier Milei