Luis Majul denunció un “apriete” de la IGJ al interventor de los hoteles de Cristina Kirchner

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través de la Inspección General de la Justicia (IGJ) multó al interventor judicial que debían supervisar los hoteles de la familia Kirchner.

Según reveló el programa La Cornisa, por LN+, la denuncia recayó contra el interventor de Hotesur, controlante del Hotel Alto Calafate, investigado por presuntas maniobras de lavado de activos.

El 7 de julio de 2021, la IGJ, organismo del Estado que controla las empresas y entidades civiles radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, impuso cuatro multas de 100.000 pesos cada una al interventor judicial Daniel Altaman por los incumplimientos de presentaciones de estados contables desde el año 2017.

La información fue revelada por el equipo periodístico de La Cornisa, el programa que conduce Luis Majul y es emitido por LN+. En este sentido, la abogada especialista en temas de corrupción Silvina Martínez indicó que la IGJ no sanciona a Hotesur, la empresa, sino al administrador judicial, en lo que consideró es un “apriete” para que “nadie se meta” en las empresas de la familia de la vicepresidenta.

Al interventor lo multaron por incumplimientos de la compañía -no de él, según dijo Martínez-, y de sus accionistas Máximo y Florencia Kirchner. Incluso, del propio titular de la IGJ Ricardo Nissen, que fue apoderado de Hotesur.

Nissen fue abogado de los Kirchner y apoderado de Hotesur antes de ser designado en la IGJ para controlar a la empresa de sus exclientes. Si bien se excusó de intervenir en la firma de la resolución de multa, la misma fue firmada por un dependiente del propio Nissen.

La abogada Martínez afirmó que el interventor no pudo confeccionar los balances reclamados porque los accionistas Máximo y Florencia Kirchner como también Nissen, negaron el acceso a la documentación contable y societaria necesaria, sumado a los retrasos en el Tribunal Oral 5 para autorizar la contratación de un estudio contable para la confección de los balances.

Por último, cabe destacar que el interventor judicial Daniel Altaman había solicitado la disolución de la empresa Hotesur a la IGJ denunciando numerosas irregularidades antes de ser multado por el organismo que depende del Poder Ejecutivo.

Fue también en este contexto que el diputado nacional Máximo Kirchner y su hermana, Florencia, designaron a un gerente de YPF como uno de los administradores de sus propiedades. Se trata de Matías Bezi, gerente de Asuntos Externos Regional Sur de la petrolera estatal, referente local de La Cámpora y hombre del riñón político de Máximo. Los otros dos administradores elegidos también trabajan en el Estado o en empresas estatales.

Tras cuatro años de intervenciones judiciales sobre sus empresas y hoteles dictadas en las causas judiciales Hotesur y Los Sauces, donde se los investiga por supuesto lavado de dinero, la familia Kirchner recuperó la administración de sus propiedades que estuvieron bajo el control de tres intervenciones judiciales. Mientras se demora el llamado a juicio oral de las causas, ellos podrán retomar el control de sus cuatro hoteles, dos sociedades y más de 30 inmuebles entre Santa Cruz y Buenos Aires.

LA NACION

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