Martín Menem reactiva la agenda legislativa y el oficialismo busca correr el eje del caso Adorni
Apunta a sesionar el miércoles 20; quiere avanzar con el tratado por las patentes, el proyecto “Hojarasca” y la reducción de subsidios al gas en zonas frías
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El Gobierno busca dar vuelta la página de la polémica que rodea a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reactiva la agenda legislativa con iniciativas propias.
El oficialismo en Diputados apunta a abrir el recinto el próximo miércoles 20 para avanzar con la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el proyecto denominado “Hojarasca” -orientado a eliminar normas que, según el oficialismo, “atenten contra la libertad”-, una serie de tratados internacionales y una iniciativa presentada esta semana en materia energética que apunta, principalmente, a recortar subsidios al gas en las denominadas “zonas frías”.
La hoja de ruta libertaria tomó impulso tras una reunión impulsada por Martín Menem entre jefes de bloques aliados dispuestos a acompañar el temario oficialista.
Del encuentro, realizado en el Salón de Honor de la presidencia de la Cámara de Diputados, participaron los libertarios Gabriel Bornoroni, Giselle Castelnuovo, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Nicolás Mayoraz; Pamela Verasay, por la UCR; Fernanda Ávila, por Elijo Catamarca; Gisela Scaglia, por Provincias Unidas; Oscar Zago, por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID); José Garrido, por Por Santa Cruz; Karina Banfi, por Adelante Buenos Aires, y Gladys Medina, por el bloque Independencia, que reúne a diputados tucumanos. Por Pro asistieron Javier Sánchez Wrba y Cristian Ritondo.
Durante la reunión acordaron trabajar en comisión los proyectos que todavía no cuentan con dictamen, como la reforma energética y el PCT. El primero deberá pasar por las comisiones de Energía y Presupuesto; el segundo, por Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General. En ambos casos, el oficialismo prevé coordinar plenarios para la próxima semana.
El proyecto “Hojarasca”, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya obtuvo dictamen, aunque con modificaciones. El oficialismo retrocedió con la derogación del artículo 5 de la ley de cooperativas, que las exime del pago de impuestos sobre edificios y construcciones. Tampoco avanzó la eliminación de la ley 20.959, que otorga una credencial de libre circulación a diputados y senadores nacionales, ni el desmantelamiento del aporte estatal al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y a la Federación Argentina de Municipios, dos puntos que generaban incomodidad en distintos sectores de la Cámara.
A principios de abril también obtuvieron dictamen una serie de tratados y convenios internacionales que el oficialismo buscará convertir en ley este mes. Entre ellos figuran un acuerdo marco entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos; el Acuerdo de Cooperación Mutua para la vigilancia y control del espacio aéreo entre la Argentina y Uruguay, y el Convenio Internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio. Todos ellos cuentan con media sanción del Senado.
Además, se debatirán tratados de extradición con Chile, Polonia y Costa Rica, así como convenios de cooperación jurídica con Serbia, Cuba e Italia.
Con este temario, el oficialismo intenta recuperar la iniciativa política. En privado, dirigentes libertarios reconocen el desgaste que provocaron las revelaciones judiciales sobre el patrimonio de Adorni, que limitaron la posibilidad de instalar otros temas en la agenda pública. “No puedo ir a una entrevista porque me preguntan de eso”, admitió ante LA NACION un encumbrado legislador libertario. “Tiene que dar las respuestas que tiene que dar. No puede ser que un día diga algo y al otro salga otra información. Es cansador”, agregó.
En el Gobierno esperaban que la sesión informativa que Adorni brindó en Diputados ayudara a desactivar la polémica. Sin embargo, este lunes la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, quien trabajó en reformas en la casa de Indio Cuá, volvió a complicar el escenario. Tabar aseguró que los arreglos en la propiedad que figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del ministro coordinador, demandaron US$245.000 entre materiales y mano de obra. Ese monto se suma a otros gastos de la familia Adorni que el funcionario todavía no explicó cómo afrontó.
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