Tierras incendiadas: Máximo Kirchner logró aprobar hoy otro proyecto que despierta polémica

Tras aprobar el proyecto que crea el impuesto a las grandes fortunas, la Cámara de Diputados dio media sanción esta mañana a otra iniciativa igualmente polémica y que también es promovida por Máximo Kirchner: se trata del proyecto que propone prohibir por entre 30 y 60 años el cambio de uso de aquellas propiedades que hayan sido afectadas por incendios, hayan sido intencionales o no.

El propósito del proyecto, que se aprobó con 132 votos a favor, 96 negativos y 4 abstenciones, es evitar que se desarrollen emprendimientos inmobiliarios en esos predios. El principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, advirtieron que se trata de un avance sobre la propiedad privada.

El diputado oficialista Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, enfatizó que la iniciativa no pertenece sólo al Frente de Todos. "La firmaron 86 diputados de seis bloques -sostuvo-. Esta ley tiene un problema y es el autor, les molesta que lleve como autor a Máximo Kirchner, les molesta el apellido, a nosotros nos da orgullo", exaltó Grosso, quien apuntó contra Juntos por el Cambio.

"Ustedes defenden otros intereses y no lo quieren decir, defienden el negocio inmobiliario y agropecuario. Es incompatible ser neoliberal y ambientalista, es incompatible ser de Cambiemos y ambientalista. Aunque la mona se vista de seda, mona queda", acicateó el legislador, lo que desató una airada reacción de la bancada opositora.

"Esta ley es un berenjenal y mete todo en una misma bolsa porque no se distingue un incendio intencional del que no lo es -respondió el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica- Esta ley no crea más protección ambiental; la Argentina ya tiene una normativa que protege. Exagera en la intencionalidad, genera culpables de manera caprichosa y criminaliza al propietario de la tierra impidiéndole el libre uso de la propiedad. Además, imposibilita planes de desarrollo urbanos sustentables. Legisla sobre cenizas y crea culpables".

Qué dice el proyecto

El proyecto, que modifica la ley 26.815 de Manejo del Fuego, propone incorporar un nuevo artículo que establece que "en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural" se prohíbe, por el término de 30 años, "la realización de emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual en el momento del incendio y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva, excepto en los casos que dichas prácticas antecedan al evento".

Además, según la iniciativa, esas prohibiciones se extenderán por un término de 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales "a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas".

La oposición fue muy crítica del proyecto."Esta ley no viene a proteger los bosques sino a quitarles una protección a perpetuidad que ya tenían con las leyes vigentes. Están cometiendo una violación al principio de no regresividad en materia ambiental", enfatizó la diputada radical Brenda Austin.

"Compartimos la intención de la ley pero equivocan la herramienta. Hay un desfasaje entre lo que dicen y lo que están poniendo en votación. Hay un doble estándar en el oficialismo, que convive con provincias donde se baten récords de desmonte en pandemia. Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta reúnen el 80 % de la deforestación en la Argentina. ¿Qué hicieron para pedirle a sus gobernadores para que paren ese ecocidio?", acicateó.

Desde Consenso Federal, la diputada Graciela Camaño, cofirmante del proyecto inspirado por Máximo Kirchner, rechazó las críticas. "Acá no se esta penalizando a nadie, no hay criminalización, sino que se está cumpliendo con el artículo 41 de la Constitución Nacional con el objetivo de resguardar la recomposición del suelo", sostuvo.

En la misma línea se expresó la diputada oficialista, Daniela Vilar, miembro informante del proyecto. "Este año se incendiaron casi 900 mil hectáreas; según las estadísticas oficiales, el 95% de esos incendios fueron producto de la acción humana. Estas prácticas se conjugan con la crisis climática y la especulación comercial e inmobiliaria. Este problema lo debemos abordar con políticas públicas con el objetivo de resguardar la recomposición de las superficies afectadas", enfatizó.

La oposición cuestionó especialmente que se equiparen los incendios accidentales y los provocados. La diputada neuquina Alma Sapag sostuvo que el proyecto "cercena derechos adquiridos de privados, avanza sobre principios de autonomía de los municipios y no tiene en cuenta la tasa de recuperación del ambiente dañado" porque -dijo- "no es la misma la recuperación de un pastizal, de un bosque o de un monte".

El diputado Ricardo Buryaile señaló que en su provincia, Formosa, se incendiaron este año unas 200 mil hectáreas "No creo que nadie piense que esos incendios fueron por especulación inmobiliaria. Se habla con una ligereza fenomenal de lo que son los incendios para cambio del uso del suelo", sostuvo. "Este proyecto estigmatiza al productor agropecuario. En ningún lugar este proyecto concibe hechos fortuitos o hechos intencionales ajenos a la víctima en cuestión", amplió Buryaile.

Por Laura Serra

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