Organizaciones civiles rechazan la designación de Lijo y García Mansilla por decreto
Denuncian que el decreto de Milei viola la división de poderes y el deber de garantizar igualdad de género; también denuncian que el Gobierno desestimó las impugnaciones a las candidaturas expresadas durante audiencias públicas, lo que podría afectar la credibilidad de la Corte Suprema
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LA NACION
Amnistía Internacional y decenas de organizaciones civiles especializadas en justicia y derechos humanos se sumaron hoy a los reclamos de la oposición por la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. Según consignaron en un comunicado conjunto, el nombramiento -oficializado a través del decreto 137/2025- supone un “grave retroceso para la independencia judicial y la calidad institucional de la Corte Suprema”.
“La decisión del Poder Ejecutivo de designar por decreto a dos varones para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin el acuerdo del Senado y por medio de nombramientos en comisión, constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional”, expresaron las entidades firmantes.
Entre otras, destacan Amnistía Internacional, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Poder Ciudadano. Todas ellas, junto a Human Rights Watch, habían participado, en agosto de 2024, de una audiencia pública en el Senado en la que ya habían expresado reparos a los candidatos propuestos por Javier Milei para reemplazar a Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. También suscriben al documento la Asociación de Derechos Civiles (ADC), Democracia en Red y el Programa Género y Derecho de la UBA, entre otras decenas de agrupaciones civiles.
Las organizaciones argumentan que la decisión del Gobierno de nombrar a Lijo y García Mansilla en comisión supone un “claro abuso” de lo establecido en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional que habilita al Poder Ejecutivo a “llenar las vacantes de los empleados que requieran acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso” a través de un decreto. Según denuncian, la administración libertaria habría recurrido a esta facultad para sortear la falta de consenso en la Cámara Alta: el oficialismo no había logrado reunir los dos tercios necesarios para la aprobación de los pliegos.
“El Senado tiene la atribución de no brindar acuerdo cuando considera que no están dadas las condiciones para proceder a una designación, eso es justamente lo que la Constitución le ordena hacer. El silencio de ninguna manera habilita un atropello institucional de esta magnitud”, continúa la declaración conjunta.
Esta no es la única objeción esgrimida por las organizaciones. También cuestionan la situación “temporal y precaria” en la que quedarán los dos jueces nombrados por decreto. Esto se debe a que, según lo establecido en la Carta Magna, los nombramientos en comisión expiran una vez finalizado el año legislativo.
“Las reglas constitucionales no existen como una mera formalidad, sino como un mecanismo para resguardar el equilibrio de poderes. Eludir el proceso constitucional para la designación de jueces compromete la legitimidad del Máximo Tribunal, al dejar a dos de sus cinco integrantes en una situación temporal y precaria, que los expone a presiones y afecta su credibilidad ante la ciudadanía”, afirmaron.
Además, denuncian que la decisión del Presidente de avanzar con las designaciones supone una violación del decreto 222/03, sancionado durante el mandato de Néstor Kirchner, que reglamentó la participación de la sociedad civil en la discusión de candidaturas mediante audiencias públicas. Según explicaron, en estas instancias, se plantearon múltiples impugnaciones a los pliegos impulsados por el oficialismo por falta de idoneidad e independencia de los candidatos.
“El Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, debe ser un pilar de respeto y confianza para la sociedad. Argentina no merece una Corte designada por decreto, ni un sistema de Justicia que desprecie el valor de la independencia y la imparcialidad”, concluyeron.
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