Organizaciones piqueteras se movilizaron del Puente Pueyrredón al Ministerio de Desarrollo Social: piden un bono de $20.000 y la apertura de programas sociales
La “jornada nacional piquetera” comenzó sobre el puente que une la ciudad de Buenos Aires con el partido de Avellaneda, donde la circulación fue totalmente interrumpida por los manifestantes
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LA NACION
En medio del malestar generado por la suspensión de más de 40.000 programas Potenciar Trabajo, las organizaciones sociales de izquierda se movilizaron este jueves al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de un bono de $20.000, la apertura de nuevos planes sociales y asistencia integral a los comedores populares. La “jornada nacional piquetera” comenzó con un corte en el Puente Pueyrredón, donde la circulación fue totalmente interrumpida y se registraron algunas quemas de neumáticos.
Pasado el mediodía, el puente que une la ciudad de Buenos Aires con el partido de Avellaneda se convirtió nuevamente en el escenario de las protestas de los grupos piqueteros, cuyo objetivo principal era llegar al edificio de la cartera que conduce Juan Zabaleta, ubicado en la avenida 9 de Julio y Moreno, en el centro porteño. El funcionamiento del Metrobus no fue afectado.
“El gobierno de Massa y los Fernández deja a personas con discapacidades sin cobertura al suspender los pagos a prestadores y recorta el programa Potenciar Trabajo a decenas de miles de pibes y pibas que estudian y trabajan, con el simple expediente de decir que son ‘incompatibles’ el trabajo y el estudio”, sostuvieron en un comunicado las organizaciones que conforman el Frente de Lucha Piquetero, con el Polo Obrero a la cabeza.
En otro tramos de ese mismo texto, los dirigentes sociales se expresaron en contra del tipo de cambio especial para “los grandes grupos sojeros que especularon contra el peso”, sobre quienes consideran que “el Gobierno ha concedido una enorme ganancia con un dólar de privilegio a $200″ que se pagarán, según entienden, “con más y más ajuste”.
“Mientras la inflación hace un trabajo de destrucción sistemática de los salarios y las jubilaciones, que no son una preocupación para el Gobierno ni mucho menos para los empresarios que ‘tienen la remarcadora’ lista para descargar la crisis, en los barrios falta la comida, falta el trabajo, falta la salud y la educación”, sentenciaron.
“Deben elegir entre uno u otro”
Esta semana, el Gobierno decidió avanzar en su política de recorte del gasto público y suspendió a más de 40.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. ¿El argumento? La existencia de una “incompatibilidad” entre ese beneficio otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social ($23.900) y el plan de becas Progresar, que depende de la Anses y que significa un monto de $7400 a $10.400 para sus titulares. “Las personas deben elegir entre uno u otro”, precisaron a LA NACION desde la cartera que conduce Zabaleta.
Se trata de una decisión enmarcada en el “reordenamiento” de la política social que comenzó a principio de año y que se profundizó en agosto, con la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía. Esa iniciativa incluye una auditoría exhaustiva de la situación de cada una de las más de 1.200.000 personas que contraprestan en las distintas unidades ejecutoras a lo largo del país, a partir de una articulación entre Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y las universidades nacionales.
Fue solo cuestión de horas hasta que las organizaciones sociales de izquierda se decidieron a salir a las calles. “Se quedan sin el mayor ingreso que tenían para estudiar y poner un plato de comida en las mesas de sus familias”, se pronunciaron desde el Polo Obrero en alusión a la situación de las personas perjudicadas. El martes, la agrupación que lidera Eduardo Belliboni había realizado una manifestación en el Obelisco con la intención de exigir “la inmediata restitución” del Potenciar Trabajo para todos aquellos que fueron afectados.
En ese sentido, según pudo saber LA NACION, la protesta en el centro porteño logró que el Gobierno se comprometiera a completar el pago retroactivo del mes de agosto para aquellos que lo soliciten. Sin embargo, desde el edificio de 9 de Julio y Moreno se encargaron de aclarar que eso recién se efectivizaría cuando la persona involucrada decida darse de baja definitivamente del Progresar. Es decir, la incompatibilidad entre ambos programas continúa intacta.
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