Piden el sobreseimiento del periodista santiagueño acusado por ley antiterrorista

Juan Pablo Suárez, propietario y editor del sitio Última Hora, fue procesado por incitación a la violencia; el fiscal general ahora quiere cerrar la causa
Fabián López
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15 de octubre de 2014  • 17:34

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- "Lamentablemente, tuve que venir a buscar justicia lejos de mi provincia. Confío en que, por fin, esta etapa está cerrada". La frase pertenece al periodista santiagueño Juan Pablo Suárez, quien en mayo último fue procesado por un juez federal de su provincia por una presunta "incitación a la violencia colectiva" y en las próximas horas podría ser absuelto por un tribunal tucumano. El fiscal también había pedido que se lo impute por la Ley antiterrorista .

Por lo pronto, Suárez consiguió hoy que el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de esta provincia, Antonio Gustavo Gómez, acompañe el pedido de sus abogados y solicite a ese tribunal su sobreseimiento, junto al archivo de la causa, por considerar que hay una ausencia del delito imputado.

En una audiencia oral y pública, la defensa del periodista (ejercida por los letrados Hugo Frola y Víctor Nazar, y el fiscal Gómez) enumeró una serie de irregularidades cometidas durante el proceso, que comenzó el 9 de diciembre de 2013, cuando Suárez fue detenido mientras realizaba la cobertura de una protesta policial .

Protesta policial

El agente Nélson Villagran se instaló en una plaza céntrica de la capital santiagueña y, acompañado por su esposa y sus dos hijas menores, convocó a otros policías a sumarse al reclamo por una recomposición salarial, imitando las protestas que por esa fecha acontecían en otras provincias, incluida Tucumán.

Villagrán fue detenido violentamente delante de su familia por una comisión encabezada por la cúpula policial y Suárez, quien es director del sitio Última hora filmó los hechos. Minutos más tarde, una patrulla integrada por una treintena de efectivos se hizo presente en la redacción de ese portal digital para realizar un allanamiento y detuvo a Suárez.

Inicialmente, el periodista había sido imputado por la justicia provincial del supuesto delito de sedición a fines del año pasado. Luego, la causa pasó al Juzgado Federal de Santiago del Estero, que está a cargo de Guillermo Molinari, quien procesó al periodista el 23 de mayo último, a instancias del fiscal Pedro Simón. Este último había requerido que, además del delito de sedición, se impute a Suárez por un artículo de la Ley Antiterrorista . Debido a las críticas de distintos sectores sociales y políticos, que alertaron sobre un ataque a la libertad de prensa, Molinari desistió de esa última medida y sólo avanzó con el dictado del procesamiento por presunta "instigación a la violencia colectiva".

En su exposición ante los camaristas Marina Cossio, Ernesto Wayar y Ricardo San Juan, Gómez apuntó este mediodía que la causa, en la que también está imputado Villagrán, "tiene todo el cariz de una persecución política" y constituye "un ataque a la libertad de expresión". El fiscal solicitó que se revoque el procesamiento de los acusados, que se disponga la nulidad de todo lo actuado y que se archive la causa. Por otro lado, Gómez pidió que se investigue a los policías y a los magistrados que realizaron las actuaciones previas por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y de prevaricato, respectivamente. Según el fiscal federal, entre otras anomalías detectadas en el expediente, él pudo constatar que "los allanamientos ordenados no contaban con resolución firmada de juez alguno que los autorice; los acusados estuvieron diez días presos sin que un tribunal se haya expedido por su situación de modo inmediato, tal como ordena el Código Procesal; y se han ordenado pericias sobre computadoras y teléfonos secuestrados sin la participación de la defensa".

El tribunal de alzada podría haber adoptado una resolución hoy mismo, para dar a conocer sus fundamentos en los cinco días hábiles siguientes. Sin embargo, según explicó a la prensa el juez de cámara San Juan, "se va a cumplir con los plazos procesales, que establecen un período de 30 días".

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