Piden explicaciones al Gobierno por las irregularidades en el control del SUBE

La oposición pedirá explicaciones al Gobierno por la sospechosa licitación para supervisar el Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE). Los bloques de Pro, Coalición Cívica y Frente Peronista presentarán un pedido de informe en la Cámara de Diputados para que el Ministerio de Planificación a cargo de Julio de Vido esclarezca las maniobras en la licitación para auditar el SUBE reveladas por LA NACION.

El proyecto de resolución impulsado por los diputados Federico Pinedo, Gladys González, Graciela Ocaña, Laura Alonso, Eduardo Amadeo, Pablo Tonelli, Patricia Bullrich, Paula Bertol indaga sobre "los argumentos técnicos que fundamentaron la adjudicación" en favor del consorcio compuesto por Global Infrastructure SA (GI), IRV SA, Iatasa SA y González Fischer y Asociados SA (GFA), al considerar que la diferencia entre las ofertas era "sólo" de 2 puntos sobre 100. Y cuestiona "si la diferencia de puntaje representa los $9.800.000 de diferencia de costos" entre las propuestas.

En los fundamentos del pedido de informe, la diputada Gladys González (Pro) exige además que se especifiquen cuáles son las funciones de la auditoría del SUBE, que cuenta con un presupuesto de $65 millones.

La auditoría del SUBE, clave para controlar a los funcionarios a cargo del boleto electrónico, se gestó entre irregularidades. Pese a que el proceso contó con seis empresas interesadas, la secretaría de Transporte no eligió la oferta más económica: una prestigiosa consultora internacional había realizado una propuesta $10 millones más barata, pero el Estado eligió a otro consorcio. Las dos ofertas más competitivas fueron calificadas con un "muy bueno", pero se decidió pagar un 25% más por el mismo trabajo.

La diferencia más importante entre ambas propuestas fue el millonario sueldo de los ejecutivos, que en algunos casos rozan los 2 millones de dólares por los 48 meses de contrato: 40.000 dólares mensuales. Sólo en el rubro "sueldos" existe una diferencia de 7,5 millones de pesos entre las ofertas.

Pese a que contó con $ 65 millones para supervisar la puesta en marcha, la secretaría de Transporte no pudo evitar que gestionar la tarjeta se convirtiera en un engorroso trámite para millones de argentinos.

"Durante cuatro años trataron de imponer el SUBE. Antes del accidente de Once era prioridad y ahora pasó a segundo plano. Ahora queremos saber qué se está haciendo y por qué se mantiene cierto niveles de gastos si el sistema todavía no funciona plenamente en todos los medios de transporte", aseguró la diputada Ocaña.

Y cuestionó el proceso para supervisar el boleto electrónico: "Jamás hubiese permitido que un funcionario aceptara una propuesta $10 millones más cara. Claramente hay una diferencia muy sustancial. Me cuesta creer que no haya estado dirigida".

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