Piqueteros oficialistas y opositores se abroquelan y denuncian una persecución judicial

El avance de causas judiciales contra múltiples dirigentes de organizaciones piqueteras en varias provincias del país es leído en aquellos sectores como una persecución judicial y por eso, en las últimas semanas, los movimientos de izquierda y las organizaciones oficialistas se abroquelaron " class="com-link break-word" data-mrf-recirculation="n_link_parrafo">abroquelaron y protestarán no solo contra la crisis económica sino también contra estos movimientos de la Justicia.

A pesar de las diferencias políticas que mantienen, varios de los dirigentes coinciden en que los avances judiciales no se dan en un contexto cualquiera, sino justo cuando el Gobierno impulsa el traspaso a municipios y provincias de parte de los planes que manejan organizaciones piqueteras.

“Fueron a la pesca”, considera el comunicado de la Corriente Clasista y Combativa, organización piquetera integrada al Frente de Todos, que quedó bajo la lupa tras una serie de 25 allanamientos en los domicilios de dirigentes, en los que fueron hallados millones de pesos y 50.000 dólares en efectivo. Pese a que algunas de las acusaciones podrían estar respaldadas por elementos de prueba, el Gobierno avaló el reclamo de los piqueteros, a quienes Alberto Fernández recibió el miércoles pasado. Después del encuentro, el Presidente emitió un mensaje en solidaridad por los allanamientos y denunció una persecución. Aún así, la CCC participará de la movilización promovida por Juan Grabois para esta semana.

Los 25 allanamientos que ordenó la jueza federal de San Martín Alicia Vence no son un hecho aislado: se llevaron adelante procedimientos similares en varias provincias del país, en el marco de expedientes que, en términos generales, ponen el foco sobre posibles maniobras de extorsión a beneficiarios de planes sociales. La CCC, movimiento conducido por el diputado nacional Juan Carlos Alderete, es una de las principales apuntadas, no solo en los tribunales de San Martín, sino también en los tribunales de Jujuy y de Chubut.

En Jujuy avanzaron causas que les impusieron multas a los dirigentes y fue allanada, además, una sede del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), agrupación ligada a la CCC. En Chubut, el fiscal Héctor Iturrioz impulsó allanamientos en el marco de otra causa por extorsión en la que, según supo LA NACION, también están implicados dirigentes de la CCC. En esa organización apuntan contra el avance de causas en La Pampa y Santa Fe, y remarcan que se trata de “causas viejas” que fueron reactivadas en el último tiempo como una reprimenda por sus reclamos en las calles.

Con una lectura distinta, el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se refiere directamente a “una criminalización de las protestas sociales” y empuja la tesis de que Cristina Kirchner “empoderó a los jueces” con sus críticas a la “tercerización” de la acción social del Estado y el manejo de los planes sociales por parte de las organizaciones sociales.

“Nosotros estamos planteando que 50 allanamientos y una campaña de denuncias equivalen a una campaña política que primero venían empujando sectores de la derecha pero a la que le dio el envión definitivo el planteo de Cristina Kirchner” dijo el dirigente trotskista a LA NACION. Y agregó: “Cristina empoderó a los jueces, kirchneristas o macristas o peronistas, pero dio una orden de largada cuando estigmatizó a las organizaciones como ya lo venían haciendo [Javier] Milei o Patricia Bullrich”.

En los tribunales federales de Comodoro Py existe una investigación en curso contra Belliboni y el legislador porteño Gabriel Solano (Partido Obrero) por haber manifestado que “en el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan”.

Las palabras de la vicepresidenta respecto del manejo de los planes sociales fueron pronunciadas en el acto que encabezó el mes pasado en Avellaneda, por el Día de la Bandera: “Yo quiero ser absolutamente sincera. Hoy tenemos 7% de desocupación, pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales”. Días después recibió en su despacho del Senado al intendente Pablo Zurro, de Pehuajó, que le presentó un proyecto de ley para que los planes sociales pasen a ser controlados por las provincias y los municipios.

Al respecto de las acusaciones por extorsión y del proyecto que busca trasladar el manejo de los planes sociales, un dirigente social que suele alinearse con el oficialismo señaló: “No sé si es la mejor manera de encarar el tema. Hay intendentes que también enfrentan acusaciones en la Justicia, pero por el desvío de fondos”.

Por Candela Ini

• Movimientos sociales
• Justicia

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