Pregunta urgente: qué democracia queremos ser

Voy a empezar refiriéndome a una persona que se llama Antony Blinken. Es el Secretario de Estado de los Estados Unidos. Es decir, el encargado de la política exterior del gobierno de Joe Biden. Es un diplomático con muchísima trayectoria. Fue clave en muchos de los procesos que se llevaron adelante durante el gobierno de Barack Obama, y hoy encabeza la diplomacia americana, que, como todos sabemos, es una diplomacia global.

Blinken estuvo hablando los últimos días de la inconveniencia para Estados Unidos de que haya un gasoducto entre Rusia y Alemania; entró en un entredicho con los chinos porque planteó sus sospechas respecto de la influencia que pueden estar ejerciendo en una investigación de la OMS acerca del origen del coronavirus; se refirió a la discriminación y al maltrato del gobierno chino con algunas etnias discriminadas; estuvo detrás de un acuerdo militar entre EE.UU. y Japón.

Blinken es un hombre que está en grandes temas de carácter geopolítico. Por eso llama tanto la atención que haya puesto en esa agenda a Bolivia. El sábado, el Secretario de Estado de EE.UU. emitió una declaración de prensa manifestando la preocupación de los Estados Unidos por los agravios al Estado de Derecho que hay hoy en Bolivia por haber arrestado y puesto bajo prisión preventiva a Jeanine Áñez, que es la presidenta interina que precedió al gobierno actual de Luis Arce, con un grupo de ministros y colaboradores. No solamente están con prisión preventiva sino que una justicia muy dominada por Evo Morales le agravó la pena en las últimas horas.

¿Por qué le interesa este tema al Departamento de Estado de EE.UU.? Obviamente hay una cuestión de Derechos Humanos, que fue señalada por organismos de DD.HH. y por la propia conferencia episcopal boliviana. Pero hay una cuestión que trasciende a Bolivia y, siguiendo esa cuestión, podemos entender por qué entró a formar parte de la agenda de alguien que está mirando el planeta.

Este año hay elecciones en Perú, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Chile y parlamentarias en la Argentina y México. En todos esos países los que compiten han entrado en una rivalidad, en un nivel de polarización que bordea lo irracional y que lleva a la disputa política al campo de los tribunales, muchas veces, con manipulaciones judiciales para penalizar al gobierno que se fue.

Lo que está viendo Blinken, y por eso señala lo de Bolivia, es esta serie de episodios electorales que pueden llevar en poco tiempo a la región a un proceso de inestabilidad democrática justamente por la judicialización de la política, que siempre revierte en politización de la Justicia. Es una dialéctica casi inevitable.

El problema central acá tiene que ver con la definición de democracia. El problema central es ver cuál es el nivel de pluralismo que está garantizado en una sociedad. Una sociedad democrática, pluralista es por definición una sociedad donde pueden convivir distintas ideas, distintas visiones del mundo, distintas visiones de la agenda del país. Podríamos decirlo brutalmente: distintas verdades. Para que esas verdades puedan convivir hace falta un acuerdo básico que no es sobre contenidos. Es un acuerdo sobre reglas. Lo que está roto hoy a nivel regional, y también en la Argentina es el acuerdo básico sobre reglas y procedimientos, que es un acuerdo gris, aburrido, pero central para que podamos convivir en un país donde compitan distintas ideas.

Lo que estamos viendo en la Argentina desde hace mucho tiempo es que respecto de las reglas hay una doble vara. Cada grupo político, con mayor o menor énfasis, entiende que el otro al recurrir a la Justicia lo está persiguiendo. Y en muchos casos hay algo de razón.

Primer ejemplo: la famosa causa de la “Operación Puf”. La Cámara Federal, con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, decidió desarchivarla. Con una curiosidad: entre los protagonistas de la causa está Rafael Llorens, por quien el juez Llorens se había excusado en la causa de los Cuadernos de las coimas. Es una diferencia que plantea un interrogante. La causa “Puf”, que ahora tiene el juez Ercolini, antes la tuvo Martínez de Giorgi, todos subrogando al juez Bonadio que es el primero que se encargó de este tema. Se investiga algo bastante verosímil: si se montó una maniobra, un fraude para presentar al fiscal Stornelli en la causa de los cuadernos como un fiscal coimero. Si se intentó, montando toda una operación alrededor de un supuesto agricultor marplatense Pedro Etchebest, plantear la idea de que el fiscal Stornelli cobraba por poner a alguien o sacar a alguien de la causa “Cuadernos”.

Ese es el contenido. El problema está en las reglas, en los procedimientos, porque esta causa arranca con denuncias anónimas sobre escuchas clandestinas en el penal de Ezeiza. Se escucha a los presos que están en el penal de Ezeiza. Exfuncionarios sometidos, subrayo esta palabra, a prisión preventiva. Lo mismo que se discute en Bolivia.

¿Quién es el juez que realizaba las escuchas? El juez federal Federico Villena, de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción sobre el penal de Ezeiza. ¿Por qué escuchaba a esos presos que no debían ser escuchados? Porque en el pabellón donde estaban los exfuncionarios kirchneristas, él introduce, aparentemente de manera deliberada, o muy poco clara, a un narcotraficante, Mario Segovia, al que sí realizaba escuchas legítimamente, a través de los tres teléfonos públicos que había en el pabellón. Pero lo curioso del juez Villena es que, como en esos teléfonos no aparecían datos de los presos kirchneristas, extendió las escuchas a todos los pabellones de todo un área del penal de Ezeiza, donde obviamente el narcotraficante no estaba.

En esas escuchas irregulares aparecen algunos comentarios que darían para llevar a la causa que pretende enchastrar al fiscal Stornelli. Cuando Bonadio le pregunta a Villena si puede aportar esas desgrabaciones, él dice que no las tiene, que pregunte en la AFI. Después termina autorizando que se consulten esas desgrabaciones, pero no deja constancia de esa autorización en el expediente de Segovia, donde él lo tendría que haber consignado, para que lo vean las partes y para que lo vean los fiscales. Es evidente que Villena no quería quedar expuesto con esas escuchas a presos kirchneristas.

Villena, que tenía una vinculación estrechísima con Silvia Majdalani de la AFI del gobierno anterior, sigue siendo juez. No tiene ninguna denuncia kirchnerista en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, cuando regresó con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, aprovechó estas fragilidades de Villena para usarlo, si fuera posible, como arma en contra de aquellos que los habían perseguido. En contra del gobierno de Mauricio Macri. En contra de Macri y de su gente en la AFI. Es decir, hay una utilización del juez con deficiencias, por no decir del juez corrupto, en beneficio de la lucha política. Lo que se rompen son las reglas.

Al segundo ejemplo vamos a llamarlo, y va a ser notorio en los próximos días, el caso Rodríguez Simón. Fabián Rodríguez Simón es un abogado allegado a Macri. Fue director de YPF. Fue el que le recomendó a Macri designar en la Corte a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti.

El Grupo Indalo, es decir el grupo de empresas de Cristóbal López y Fabián De Sousa, gente íntimamente ligada a los Kirchner, entiende que la investigación sobre las cuestiones fiscales de ese Grupo, que hicieron que tanto López como De Sousa se financien con la plata que no le giraban a la AFIP y que recaudaban de los consumidores de combustible, fue una extorsión de Rodríguez Simón. Eso está por verse. Lo importante es que a partir de esta sospecha, la jueza Servini de Cubría (que es la misma que en una causa fuera de todo control pinchaba los teléfonos de Parrilli para escuchar sus conversaciones con Cristina Kirchner), ahora va en sentido contrario. Tomar el teléfono de Rodríguez Simón y todos los teléfonos con los que él se comunicaba para identificar conexiones entre personas. Entre ellos: el teléfono de Rosenkrantz, de quien Rodríguez Simón es amigo hace 40 años; además, teléfonos de directivos de diarios y de periodistas.

Lo curioso de todo esto es que Aníbal Fernández, que es funcionario de este Gobierno, del Poder Ejecutivo, (importa mucho esta aclaración, es el interventor en Yacimientos Río Turbio), asiste a los programas del canal de Cristóbal López, de quien fue abogado y, por lo que se ve, lo sigue siendo, y pide la prisión preventiva de Rodríguez Simón. Dice: “Están todas las condiciones dadas para que sea detenido ya”. Sin siquiera ser indagado, sin darle derecho a la defensa. ¿Qué se pide? Prisión preventiva. ¿Con qué argumentos? Con los mismos que usaban los jueces a quienes el kirchnerismo reprochaba y que se realizaron durante la etapa anterior.

La prisión preventiva, de la que como siempre dijimos aquí se hizo un abuso, supone privar de la libertad a alguien que no fue condenado. Es tocar una cuerda sensibilísima del sistema institucional. Fue condenada por los kirchneristas cuando les tocaba a ellos. Y ahora es reclamada por los kirchneristas, porque les toca a los otros. El lawfare es malo cuando soy la víctima. El lawfare es bueno cuando soy el ejecutor y la víctima es mi adversario político. Doble estándar, doble moral. Imposibilidad de ponernos de acuerdo respecto a las reglas.

En lo que dice Antony Blinken sobre Bolivia (también está hablando de nosotros) hay algo todavía más importante, de carácter general. Blinken está defendiendo una determinada concepción del Estado de Derecho. El gobierno de Estados Unidos desde el punto de vista político, no solamente desde el punto de vista filosófico-moral, aspira a producir un alineamiento detrás de un determinado tipo de democracia, frente al cual queden los sistemas no liberales, los regímenes opacos, autoritarios: Rusia, China.

Lo que dijo Blinken el sábado respecto de Bolivia, con esta proyección internacional que tiene que ver con la intervención de Rusia y China en la región, adquiere una importancia extraordinaria en las últimas horas. El sábado se produjo lo que para algunos expertos como Juan Gabriel Tokatlian, probablemente sea el acontecimiento más importante del año. Es la foto del presidente de Irán, Hasán Rohaní, y el canciller de China, Wang Yi. ¿Qué es lo que ocurrió? Un acuerdo histórico entre China e Irán por el cual Irán va a proveer de petróleo a China, a cambio de que China invierta 400 mil millones de dólares a lo largo de 25 años en Irán. Esta noticia no cambia el juego. Acelera el juego. Es una noticia de primera magnitud que tampoco nos es indiferente. Porque si miramos el mapa la Argentina juega un rol importantísimo en este conflicto porque es proveedor de alimentos a una China que va tomando posiciones cada vez más firmes en contra de un determinado orden y que a partir de este acuerdo decide algo muy novedoso: una formidable intervención en la política de Medio Oriente. Cuando está hablando de Bolivia, Blinken está hablando también de esto.

Esta noticia llega en un momento en que la política argentina estuvo dominada por la política exterior. La foto de una convergencia entre Irán, que es acusado por muchísimos países de ser un estado terrorista, con China, llega en un momento en que la Argentina, por ejemplo, decidió renunciar al Grupo de Lima, en un gesto hacia la dictadura de Nicolás Maduro. Es una renuncia cantada. Hacíamos un papelón, porque es un grupo formado para presionar sobre el régimen de Maduro para que se democratice y nosotros no firmábamos los comunicados, es decir, no entendíamos muy bien para qué estábamos. Pero se blanquea una situación y se blanquea un alineamiento. ¿Qué tipo de democracia queremos practicar? ¿Qué alineamiento queremos adoptar? La dinámica internacional vuelve estas preguntas más urgentes.

Hubo otro episodio, muy llamativo, inédito. El presidente de uno de los bancos de desarrollo de la región, la CAF (Corporación Andina de Fomento), el peruano Luis Carranza, renunció un año antes de que se venza su mandato. Y en la carta de renuncia escribe que lo hace porque no soporta más las presiones políticas y menciona que la principal presión política proviene de la representación argentina, que ejerce un funcionario del Gobierno que se llama Christian Asinelli. Esto es raro. ¿Por qué se va antes Carranza? Para poder precipitar la elección del nuevo presidente de la CAF y que no intervengan algunos gobiernos que podrían surgir de estos procesos electorales que mencionaba al comienzo, y que preocupan a quienes miran a la región desde la plataforma desde donde mira Blinken.

El tercer episodio muy importante es que se confirma una vocación del actual Gobierno, la cual quedó al descubierto en una grabación que surgió de una reunión de funcionarios del Mercosur al comienzo de la gestión de Fernández. El Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, dijo que la Argentina no quería firmar como miembro del Mercosur ningún acuerdo comercial internacional. Ni con la Unión Europea, ni con Japón, ni con Corea del Sur. Esto significa: nos vamos del Mercosur o si quieren váyanse, como dijo el Presidente: si somos un “lastre”, váyanse.

Brasil, Paraguay y Uruguay decidieron bajar el costo de sus importaciones y de sus insumos para poder dotar a sus sistemas de una mayor competitividad que los capacite, no solamente para exportar, sino también para que su público pueda consumir mercaderías a un costo menor.

Esto es lo que se niega a hacer la Argentina porque hay una alianza muy marcada entre el Gobierno y determinados sectores industriales que no soportarían esa apertura, porque necesitan la protección del Estado.

Lo que nos están diciendo Uruguay, Brasil y Paraguay es que no pueden retrasar la modernización de sus economías porque haya industriales argentinos que no pueden tolerar la competencia. En homenaje a esos industriales, todos los consumidores argentinos pagamos muchísimos productos a un valor muchísimo más alto.

Un ejemplo de esta poderosa alianza es que en el último presupuesto se levantó la protección que tiene todo el sector de importación y ensamblado de electrónicos en Tierra del Fuego, y eso lo lidera un financista de la campaña del peronismo, en la elección de 2015 y en la de 2019: Rubén Cherñajovsky, a quien Daniel Scioli -en compensación por esa ayuda económica- le acaba de conseguir un contrato para la venta de 50 millones de dólares en langostinos con Brasil. Hasta ahora, el favor de Scioli a su amigo Cherñajovsky es lo único que ha funcionado bien en la relación con la nación conducida por Jair Bolsonaro.

Lo importante: los socios comerciales de la región le están planteando una encrucijada a la Argentina. Hacia adónde quiere ir en materia de modernización económica. Dicho sea de paso, esta semana había un viaje (que hay que ver si se confirma) del ministro de Economía, Martín Guzmán, al país vecino para reunirse con su colega Paulo Guedes, quien muy probablemente le pedirá -en algún momento- una rebaja del 20% del arancel externo común. Con esto, Guedes pretende bajar el costo de los insumos y de los bienes de capital; pero este es un pedido al que el argentino se deberá negar.

Este lunes es un día importante por otra razón: hay grandes cambios en el gobierno de Brasil. Bolsonaro este lunes echó al canciller Ernesto Araújo: un ultranacionalista que se había alineado de manera irracional con el gobierno de Donald Trump, al punto de que le hizo decir al mandatario brasileño que Joe Biden ganó con fraude. La salida de Araujo puede tener muchas explicaciones, pero la más importante es que Brasil está buscando una reconexión con el gobierno de Estados Unidos. Y lo está logrando. Un dato fundamental para Alberto Fernández.

También echó al ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, y, en su lugar, pondrá a alguien que seguramente va a producir una mayor aproximación entre las fuerzas armadas y Bolsonaro. Tanto que esta noche de lunes se reunieron los jefes de Estado mayor de las tres fuerzas brasileñas para definir si renunciarán a no, porque muchos de ellos no aceptan esta política de cercanía con el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, Bolsonaro cambió al ministro de Justicia y Seguridad Pública para poner en ese rol a un comisario de la policía militar. Estos cambios muestran, hacia adentro, una radicalización de Bolsonaro y, hacia afuera, un alineamiento con Estados Unidos. Ese es el Bolsonaro que le habla a la Argentina. Ese es el Guedes que le va a pedir a Guzmán una rebaja de aranceles.

Todo esto subraya el problema central que tiene el Gobierno, que es el problema del financiamiento. Enmarca el viaje que hizo la semana pasada Martín Guzmán a Washington. No se pudo ver, como pensaba hacer, con Janet Yellen, secretaria del Tesoro. Porque, al parecer, en ese nivel dentro del Tesoro prefieren ver a los funcionarios argentinos cuando ya el acuerdo con el Fondo haya avanzado mucho. Cuando ya estén identificadas las dificultades del acuerdo.

Guzmán se vio con David Malpass. Importantísimo, Malpass: es el presidente del Banco Mundial, pero era el segundo del Tesoro en la época de Donald Trump. Fue el que avaló el préstamo que le dio el FMI a la Argentina, casi el que puso la cifra. Quiere decir que el día que avance la querella judicial por ese acuerdo, tal vez lo tengan que traer como testigo o poner en el banquillo de los acusados. Otra incoherencia. Esa querella, obviamente, lleva a un conflicto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hay quienes creen que Kristalina Georgieva, en las conversaciones con Martín Guzmán, manifestó algunas preocupaciones o molestias porque se querelle penalmente a los funcionarios del gobierno anterior que acordaron con el Fondo, porque es proyectar una duda también sobre la legalidad de lo que hicieron los funcionarios del Fondo. Habrá que ver si el Gobierno no empieza a cambiar de discurso y solo se limita a decir que la deuda es impagable. Y es verdad: es impagable. Todas las deudas son impagables y por eso los países normales las renegocian.

En la Argentina empieza a predominar otro modelo. Hoy, otra de las noticias relevantes es que los bonistas que son acreedores de la provincia de Buenos Aires decidieron ir a la Justicia. Empieza un conflicto judicial en Nueva York.

Vamos a revivir lo que vivimos en la época de los holdouts. Sólo que estos fondos no son “buitres”. Fueron inversores de buena fe que ven que la provincia no quiere negociar su deuda. Entonces, empezarán los embargos, un ruido muy significativo porque Cristina Kirchner cuando habla de economía dice algo muy interesante. “El modelo es Kicillof, no por su consistencia técnica sino porque la gente lo votó”. El voto no sería entonces una regla de validez sino un criterio de verdad, como en todo régimen populista.

El modelo Kicillof respecto de la deuda es este: ir a Tribunales. Este es el problema de Guzmán. No es técnico. Le falla la política.

Por Carlos Pagni

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