Crece la preocupación en el Gobierno por los fallos adversos en el fuero laboral
La sala de feria de la Cámara de Apelaciones del Trabajo tuvo dos medidas que frenaron despidos en la administración pública como en el sector privado; la salida de Barra de la Procuración del Tesoro fue a partir de una demanda de una empleada pública por una quita salarial
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LA NACIONNicolás Balinotti
Dos medidas en cinco días de la Sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo pusieron en evidencia que la resistencia sindical dejó por ahora de estar en las calles y las fábricas, pero se mantiene firme en los tribunales. Los fallos recientes que frenaron despidos en organismos públicos y en empresas privadas generaron preocupación en el Gobierno y se volvió a poner al fuero laboral en la mira, como cuando el año pasado intervino la Corte Suprema para limitar el cálculo de los intereses de las indemnizaciones al considerarlos “sobredimensionados”.
La sala de feria de la Justicia laboral ordenó el 10 de enero pasado la reincorporación provisoria de 25 trabajadores que fueron despedidos de una empresa química de Entre Ríos por activar una huelga. Para los jueces, estaban amparados en el derecho a huelga. Cinco días después, en una resolución de mayor impacto, se le impidió al Gobierno avanzar con despidos u otras medidas que atenten contra la “estabilidad laboral” en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, antes AFIP), donde se había anunciado la desvinculación de 3155 agentes. Hubo un tercer expediente, pero que no prosperó, que reclamaba que se habilite la feria judicial para impedir que a los trabajadores bancarios alcanzados por el impuesto a las ganancias se les efectivice el descuento salarial.
A esta seguidilla de litigios, se le sumó esta semana la demanda de una empleada pública por un recorte de un incentivo salarial y en cuya causa debió intervenir la Procuración del Tesoro. Lo que a priori parecía un caso sin relevancia terminó siendo motivo de la salida del Gobierno de Rodolfo Barra, el jefe de los abogados del Estado. Para Milei, Barra no defendió correctamente a la gestión libertaria. La cuestión del empleo público es sensible en el Gobierno, por la cantidad de despidos y los potenciales planteos en el fuero laboral. Estaría al caer una demanda contra el Ministerio de Justicia por haber echado a 15 delegados sindicales del área de Derechos Humanos. El gremios estatal de ATE argumenta que al ser delegados, los empleados estaban blindados por la tutela sindical.
Los impulsores
Los planteos judiciales que resolvió la sala de feria de la Justicia del Trabajo fueron impulsados desde los sindicatos de cada sector. El caso de Entre Ríos fue a raíz de un conflicto de uno de los gremios de la industria química con la empresa Fademi SA, que fabrica baterías para autos. En tanto que la medida dispuesta en la ARCA responde a un pedido de los gremios que representan a los trabajadores del organismo recaudador (Aefip y Supara), y que en primera instancia había sido rechazada. Los fallos de la cámara laboral llevan las firmas de los jueces Gabriel de Vedia, Mario Fera y Roberto Pompa, en el caso de ARCA. Los mismos jueces, salvo Pompa, reemplazado por Andrea García Vior, participaron del dictado de la cautelar por Fademi. Surge una coincidencia entre ellos: todos son miembros activos de la lista Celeste, la agrupación de magistrados que supo ser la más afín al kirchnerismo en el rompecabezas judicial.
En el fuero laboral distinguen “un fuerte sesgo ideológico” en las dos medidas, aunque, sobre todo, en la que intervino por las desvinculaciones en ARCA, según dos fuentes reconocidas del sector consultadas por LA NACION. En el caso del organismo recaudador no hubo unanimidad, ya que Fera votó en disidencia al considerar que no se justificaba una medida cautelar como la solicitada porque las medidas que se cuestionan son “decisiones aún no adoptadas ni anunciadas con suficientes detalles referentes a sus fundamentos y alcances”.
“No hubo ningún despido más y entendemos que el Estado va a apelar”, dijo Pablo Flores, el dirigente gremial de Aefip que impulsó el reclamo judicial. En el organismo recaudador avanza en paralelo un plan de retiros voluntarios para mayores de 58 años que estaría logrando una adhesión de 500 personas sobre un total de 1500, según precisaron fuentes sindicales.
Preocupación e incertidumbre
En el Gobierno generó preocupación la reacción de la Justicia del Trabajo. No fue tanto por el impacto puntual de las medidas, sino por las señales de incertidumbre para los empleadores y futuros inversores. Hubo una inquietud similar cuando el año pasado la Corte Suprema le ordenó al fuero limitar los intereses en los juicios por indemnización y ponerse de acuerdo en el cálculo. Ese acuerdo nunca se alcanzó, tal vez en una señal de rebeldía de los jueces laborales, influenciados en muchas ocasiones por un fuerte lobby sindical y empresarial. “Hay preocupación por la institucionalidad. Cuando uno tiene normas, pasan y se aprueban en el Congreso, hay consenso social sobre ellas y se explica el motivo y el por qué y después los jueces hacen otra cosa, es preocupante”, reconoció a LA NACION Julio Cordero, el secretario de Trabajo que antes de asumir en la gestión libertaria fue abogado durante más de 30 años del Grupo de Techint.
Tal vez previendo los cortocircuitos con la Justicia del Trabajo, Cordero intentó incorporar el año pasado a la frustrada mesa del Diálogo Social a diferentes jueces laborales. Sumó a la reunión inaugural a Manuel Diez Selva, pero no lo logró convencer a Mario Fera, uno de los camaristas que falló en contra y consideró “inconstitucional” el capítulo IV del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el atajo al que recurrió Javier Milei para modificar la legislación laboral sin un mero debate legislativo. Ese capítulo del DNU está aún pendiente de una resolución de la Corte. En enero del año pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso una medida cautelar en una causa promovida por la CGT y suspendió por entonces la reforma laboral libertaria, que incluía modificaciones profundas en la legislación laboral como límites al derecho a huelga, cambios en las indemnizaciones y una reforma en la manera de recaudar fondos por parte de los sindicatos. Casi siete meses después de este revés, Milei obtuvo finalmente su reforma laboral en la Ley Bases, pero con un menú mucho más acotado: resignó 42 de los 58 artículos y de su propuesta original solo avanzó el fondo de cese laboral, que por ahora no generó interés entre sindicalistas y empleadores para adoptarlo en lugar de la indemnización tradicional.
La preocupación oficial por los fallos laborales adversos se da en un momento en el que el Gobierno mantiene en vigencia una suerte de tregua con la CGT a cambio de blindar el cobro de la cuota solidaria, mantener la fluidez de recursos en sus obras sociales y no modificar la ley de Asociaciones Sindicales. Es decir, mantener en un status quo el poder de caja y representación de los sindicatos. En ese marco, Cordero se jactó en el comienzo de año de alinear las negociaciones paritarias a las órdenes de moderación que impuso el ministro de Economía, Luis Caputo. El secretario de Trabajo logró que Hugo Moyano (Camioneros) baje considerablemente sus pretensiones salariales para no alterar la baja inflacionaria. Fue así que Moyano pidió inicialmente un 15% de aumentos por un trimestre, pero aceptó un 5,5%.
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