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Provincias Unidas quiere arrebatarle al bloque radical el sello de la UCR
Lousteau, Manes y el sector que responde a Gerardo Morales activaron una ofensiva para disputar la identidad del radicalismo; buscan impedir que el bloque de Diputados se identifique como “UCR”
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La interna radical sumó un capítulo inédito: ahora la pelea es también por el nombre. Cinco diputados que integran Provincias Unidas le pidieron formalmente al presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, que obligue al bloque radical de Diputados a cambiar su denominación. El argumento: sostienen que la bancada que conduce la mendocina Pamela Verasay actúa de manera “incompatible con los principios históricos del radicalismo” y, por lo tanto, no debería poder usar la sigla partidaria.
La nota está firmada por Martín Lousteau y su aliada Mariela Coletta, Pablo Juliano -cercano a Facundo Manes- y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, que responden al gobernador Carlos Sadir y al exmandatario Gerardo Morales. Todos ellos integran el núcleo radical que, junto a gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), se distanció del alineamiento de otros correligionarios con Javier Milei.
Desde el otro lado, Verasay rechazó el planteo y devolvió el golpe. “El pedido es extemporáneo. Esta discusión la deberían haber dado cuando les propuse integrar un bloque de 12 con libertad de acción, sin mediatizar las diferencias, y se negaron”, replicó. Y cerró con una definición política: “Ellos son los que decidieron irse”.
El reclamo elevado al Comité Nacional no deja margen a medias tintas. Los diputados de Provincias Unidas piden que “ningún otro bloque parlamentario pueda continuar utilizando la denominación Unión Cívica Radical”, al considerar que ese rótulo debe estar “necesariamente asociado al respeto efectivo de los valores, principios, lineamientos políticos y disposiciones orgánicas” del partido.
El disparador inmediato fue la votación del Presupuesto 2026. En particular, el Capítulo XI, que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de servicios de discapacidad. Allí, el bloque radical quedó partido en tres: tres diputados votaron a favor, tres en contra y dos se abstuvieron, “en abierta contradicción con el mandato expreso de la conducción partidaria”, según sus detractores internos.
Los que avalaron el capítulo fueron los mendocinos Verasay y Lisandro Nieri, alineados con Alfredo Cornejo, y el chaqueño Guillermo Aguero, cercano a Leandro Zdero. Se abstuvieron Gerardo Cipolini (Chaco) y Darío Schneider (Entre Ríos). En contra votó el correntino Diógenes González, aliado del gobernador Valdés.
Pero el texto va más allá de ese episodio. Los firmantes también denuncian “extorsión” por parte del bloque oficialista y de sus aliados durante la sesión del Presupuesto, y remarcan que Provincias Unidas sostuvo una postura “acorde a la línea partidaria” aun bajo presión.
No es la primera vez que la UCR vive un conflicto de este tipo. En diciembre de 2024, el tribunal de ética del partido expulsó a Mariano Campero, Martín Arjol y Luis Picat por apoyar vetos de Milei -al financiamiento universitario y jubilaciones- en contra de la postura orgánica del radicalismo. Entonces, el tribunal habló de “conductas graves que lesionan la dignidad” del partido.
Ahora no hay pedidos de expulsión, pero sí una ofensiva simbólica: bloquear el uso del sello. “La sigla de nuestro partido debería reservarse a quienes respeten monolíticamente los lineamientos partidarios, la coherencia política y la confianza de quienes se identifican históricamente con la UCR”, advierten.
Provincias Unidas, recuerdan, nació para ser una “oposición responsable, federal y coherente”, sin alineamientos automáticos ni con el Gobierno ni con el kirchnerismo. En ese espejo, colocan al radicalismo que orbita alrededor de los gobernadores que se alinearon con la Casa Rosada.
El trasfondo es una grieta cada vez más nítida entre los radicales que toman distancia de Milei y los que construyen una sociedad política y electoral con los libertarios, como Cornejo y Zdero. Una disputa que ya no se juega solo en las votaciones, sino también en algo más profundo: quién tiene derecho a llamarse, hoy, Unión Cívica Radical.
En el bloque que conduce Verasay desestiman el planteo y lo leen como una reacción política. “Tienen una cultura rupturista. Ya pasó cuando Morales rompió el bloque de Mario Negri o cuando Lousteau y Manes se fueron del espacio de Rodrigo de Loredo. No saben perder: si no ganan, se llevan la pelota”, ironizan. Y cierran con su propio diagnóstico: la discusión real, dicen, es “cómo transformar al partido en un espacio moderno que interprete a la ciudadanía”.
Chiarella, alineado políticamente con Pullaro, no tiene previsto abrir esa discusión en el corto plazo, según indicaron a LA NACION fuentes de su entorno. En las próximas horas se reunirá la mesa directiva del Comité Nacional -de la que forma parte Verasay-, pero la disputa por el uso del sello radical no figura en el temario.
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