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Qué pasó con Cristina Kirchner
En un fallo unánime, el máximo tribunal ratificó la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la expresidenta por administración fraudulenta; la decisión la deja fuera de la carrera electoral.
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LA NACION
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad. El fallo, de carácter histórico, convierte a Kirchner en la primera expresidenta argentina en recibir una condena firme por corrupción.
La actual líder del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional, y principal figura opositora al gobierno de Javier Milei, ve así truncadas sus aspiraciones electorales. La decisión de la Corte le impide competir por una banca en la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre, como era su intención.
La resolución fue tomada de manera unánime por los tres jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados rechazaron los argumentos presentados por la defensa de Kirchner, confirmando la condena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en relación con las 51 licitaciones de obra pública otorgadas en la provincia de Santa Cruz.
Si bien la Corte dejó firme la condena por fraude, también ratificó la absolución de la exmandataria por el delito de asociación ilícita, rechazando el pedido de la fiscalía de agravar la pena.
En un voto conjunto, Rosatti y Rosenkrantz, al que adhirió Lorenzetti, señalaron que “las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”.
La decisión de la Corte se precipitó luego de que Rosatti informara sobre la reunión de los jueces para tratar el caso, una comunicación inusual en el ámbito del tribunal.
El caso se centra en la responsabilidad de Cristina Kirchner en el delito de defraudación contra la administración pública, favoreciendo al empresario Lázaro Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.
Tras la confirmación de la condena en segunda instancia, la expresidenta presentó un recurso de queja ante la Corte, mientras que el fiscal Mario Villar solicitaba elevar la pena a 12 años, incorporando el delito de asociación ilícita.
La semana pasada, los jueces rechazaron “sin más trámite” la recusación del juez Ricardo Lorenzetti presentada por la defensa de Kirchner, lo que anticipaba la resolución del máximo tribunal.
Qué dijo Cristina Kirchner antes del fallo de la Corte Suprema
En un acto en Corrientes, el sábado pasado, Cristina Kirchner había manifestado: “Hay que estar atentos a que me metan presa”. Y añadió: “Mirá cómo tiemblo”. Días después, convocó a un acto en la sede del PJ para organizar una “resistencia política”.
En su fallo, los jueces de la Corte remarcaron que “las sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente. La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación”.
La denuncia original que dio origen a la causa fue presentada por Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, durante la presidencia de Cristina Kirchner.
La investigación se centró en determinar si Lázaro Báez fue beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y si existieron sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos sin terminar. De hecho, el holding de empresas de Báez solo completó 27 de las obras adjudicadas.
Los jueces consideraron clave el decreto 54/2009, al que calificaron como un “instrumento para la maniobra criminal”. Dicha medida modificó un fideicomiso preexistente e incorporó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria, proveyendo una fuente ilimitada de financiamiento y agilizando el proceso de pagos.
Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, el Tribunal Oral Federal 2 también condenó al ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, y al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, entre otros.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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