Qué se sabe del acceso a la ciudadanía a extranjeros que realicen grandes inversiones

Un nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial establece el camino para que ciudadanos extranjeros puedan acceder a la ciudadanía argentina mediante la realización de inversiones consideradas relevantes para el país. La medida involucra a la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, al Ministerio de Economía, a la Dirección Nacional de Migraciones y a otros organismos estatales. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, ya está en vigencia.

Cómo acceder a la Ciudadanía por Inversión

El Decreto 524/2025 reglamenta el procedimiento para que extranjeros obtengan la ciudadanía argentina si realizan una inversión significativa. La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, dependiente del Ministerio de Economía, analizará cada solicitud. Luego, emitirá un informe a la Dirección Nacional de Migraciones. Este proceso complementa el Decreto 366/2025, que modificó la Ley de Ciudadanía N.º 346 para incorporar la figura del “ciudadano por inversión”.

Cualquier persona extranjera, sin importar su tiempo de residencia en el país, puede iniciar el trámite. El solicitante debe acreditar haber efectuado una inversión en el país, de acuerdo con los parámetros que establecerá el Ministerio de Economía.

El primer paso es presentar la solicitud ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Este organismo verificará si la inversión del solicitante cumple con los criterios definidos por la autoridad económica para ser considerada relevante.

Evaluación y aprobación de la Ciudadanía a extranjeros

Una vez superada la primera instancia, la Agencia solicitará informes técnicos a diferentes dependencias estatales. Entre ellas se encuentran el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la Secretaría de Inteligencia del Estado. La normativa también permite solicitar información a otros organismos públicos o privados, si se considera necesario.

El objetivo de estos pedidos es determinar si el otorgamiento de la ciudadanía al inversor podría implicar algún riesgo para la seguridad nacional o afectar intereses estratégicos del país. Con los informes reunidos, la Agencia elaborará un dictamen en el que recomendará o desaconsejará la aprobación de la solicitud.

La Dirección Nacional de Migraciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, recibirá el dictamen de la Agencia. Este organismo tendrá un plazo de 30 días hábiles para resolver la solicitud.

La normativa instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dependiente del Ministerio de Economía, a realizar las modificaciones necesarias para que los nuevos ciudadanos obtengan una Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). Este número es imprescindible para formalizar actividades económicas dentro del país.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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