Sobreprecios millonarios y obras inconclusas: Cristina, ante su primer juicio oral
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La expresidenta Cristina Kirchner enfrentará desde mañana, por primera vez, un juicio oral acusada de integrar una asociación ilícita con ministros y secretarios por defraudar al Estado al otorgar 51 obras públicas con sobreprecios en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez por 16.000 millones de pesos, con el agravante de que la mayoría quedaron inconclusas y hasta abandonadas.
Junto a ella se sentarán en el banquillo de los acusados los detenidos Julio De Vido, exministro de Planificación; José López, a punto de ser condenado en otra causa por los nueve millones de dólares injustificados que tenía en su poder cuando fue preso, y Lázaro Báez, que simultáneamente es juzgado por lavar al menos 60 millones de dólares del dinero que percibió por estas obras sin terminar, efectuadas por mucho más dinero que el acordado y en un plazo mucho mayor. Además, hay otros 10 acusados.
De las 51 obras viales otorgadas a Báez solo dos fueron culminadas en el plazo previsto. De las 49 restantes, tras 12 años de recibir pagos mensuales, Báez dejó sin terminar 25. Las otras finalizaron, pero tras múltiples ampliaciones de plazos y costos. De las 51 obras, solo una fue ejecutada en el monto pactado, mientras que en las 50 restantes hubo numerosas ampliaciones de costos. Así lo escribieron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes investigaron el caso.
Cristina Kirchner fracasó en su intento de suspender el inicio del juicio, que estuvo en riesgo la semana pasada porque la Corte Suprema de Justicia, a instancias de su defensa, pidió el expediente del caso para analizar cuestionamientos a la investigación. La indignación social que provocó el posible aplazamiento del proceso y la oposición de diversos actores judiciales a suspenderlo hicieron que la Corte regresara rápidamente la causa al tribunal para empezar el proceso. No obstante, mañana comenzará a analizar las quejas de la expresidenta, al tiempo que el tribunal a cargo del juicio se pronunciará por rechazar un nuevo pedido de Lázaro Báez para suspender el inicio de las audiencias.
Los jueces que juzgarán a la expresidenta son Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El fiscal que llevará la acusación es Diego Luciani, y habrá acusaciones de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Información Financiera.
Los testigos son más de 160, y al principio las audiencias serán una vez por semana. Luego, serán dos veces por semana.
Cristina Kirchner tiene obligación de presentarse en las primeras para escuchar la acusación en su contra y prestar declaración indagatoria o negarse a hacerlo. Luego, puede pedir permiso para ausentarse del juicio, y deberá volver sí o sí al final, cuando se escuchen los alegatos de la fiscalía, y en el momento del veredicto.
Como senadora tiene fueros, por lo que si es condenada y si el fallo queda firme no irá presa. El juicio, aun si se desarrollara sin contratiempos, probablemente se prolongue más allá de las elecciones en las que Cristina Kirchner dijo que se postulará a la vicepresidencia. Si es condenada y es elegida, conservará la inmunidad de arresto.
La investigación
Son visibles las razones por las que la expresidenta, Báez y otros 11 acusados serán juzgados. El caso testigo e inapelable de una década perdida para la obra vial local es la ruta provincial 9, un camino de ripio y casi sin letreros por el que se pagaron 525 millones de pesos y quedó a medio hacer pese a que sobre ella Báez había comprado cinco estancias. Esta ruta comunica con las represas hidroeléctricas prometidas por los Kirchner.
Se trata de un camino de 192 km de ripio que atraviesan la estepa siguiendo el serpenteante curso del río Santa Cruz. Se inicia a 47 kilómetros de El Calafate, en el cruce con la ruta nacional 40, y comunica la cordillera con la ruta nacional 3, sobre la costa.
A Báez le pagaron para que mejorara una ruta que pasaba por sus estancias, donde también se expropiaría la tierra. Una de ellas es Cruz Aike, la misma donde aún se pueden ver los hoyos que dejó la retroexcavadora del fiscal federal Guillermo Marijuan en 2016, cuando buscaba el dinero enterrado del empresario. A ese lugar regresaron las máquinas en 2018 en la causa de los cuadernos. No encontraron nada.
En 2007, la empresa Austral Construcciones -de Báez- ganó la obra para enripiar la ruta 9 en 36 meses, pero se prorrogó por nueve años, lo que generó que el precio inicial contratado de 238 millones de pesos ascendiera a 547 millones, lo que representó un aumento de 129% respecto del presupuesto inicial. Báez percibió efectivamente 525 millones de pesos y la ruta sigue en el mismo mal estado de siempre. Quienes se animen a transitar la ruta no encontrarán ni carteles.
Otro caso emblemático es la autovía que une Comodoro Rivadavia con Caleta Olivia, entre Santa Cruz y Chubut, que además es la columna vertebral de la actividad petrolera en el Golfo San Jorge. La obra estaba adjudicada a Kank y Costilla y a Austral Construcciones. La obra, de 70 kilómetros, quedó abandonada en diciembre de 2015.
El gobierno de Mauricio Macri la licitó y CPC, de Cristóbal López, iba a continuar la obra. Sin embargo, luego de que López terminó preso, volvió a quedar paralizada y el contrato fue rescindido. Ahora, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció que se volvería a licitar.
En el listado de las obras que quedaron inconclusas también está la circunvalación de Caleta Olivia, que nunca terminó la empresa de Báez.
Los fiscales que investigaron el caso consideraron que las licitaciones fueron una "puesta en escena" destinada a incrementar los montos de los contratos y aparentar competencia entre empresas cuando, en realidad, ya existía una firma preseleccionada para ganar, objetivo que fue logrado a través de diversos mecanismos de corrupción.
Ni el clima se salvó de la manipulación: las empresas de Báez argumentaron que las lluvias extraordinarias ocurridas todos los años eran las causantes del atraso de obra, pero cualquier información meteorológica indica que la precipitación de la provincia ronda entre los 150 y 200 mm anuales, correspondiente al clima desértico.
En paralelo a que Báez se convertía en el empresario favorito de la provincia, el hombre contaba con un esquema de beneficios exclusivo para recibir el pago de las obras. Se abonaban anticipos financieros de hasta un 30% del contrato sin cumplirse los requisitos legales y se abonaban sus certificados de pago en un plazo siete veces más rápido que los demás empresarios. Además, fue el único contratista al que no se le debía un solo centavo cuando Cristina terminó el gobierno.
Los fiscales concluyeron que mientras todo esto ocurría, Báez garantizó fondos líquidos a la familia Kirchner través de la compra de numerosas propiedades a valores muy superiores y realizó negocios de todo tipo con ellos, desde un fideicomiso para la construcción de un edificio hasta la gestión hotelera e inmobiliaria a través de las empresas Hotesur y Los Sauces, que permitió a los expresidentes blanquear millones de pesos en emprendimientos comerciales en los que siempre Lázaro Báez fue a pérdida. Pero esas acusaciones de lavado son materia de otro juicio oral.
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