Solicitada: fuerte reclamo del kirchnerismo por la situación de Amado Boudou y los "presos políticos"

Con críticas a la Justicia y a los medios de comunicación, referentes del kirchnerismo duro reclamaron la "libertad" de Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone, y de "todos los presos y presas políticos".

En medio de la polémica por el pedido de un sector del oficialismo para que el presidente Alberto Fernández conceda indultos a exfuncionarios condenados por corrupción, ministros nacionales, legisladores, gremialistas, representantes de organismos derechos humanos y expresidentes de la región aliados a Cristina Kirchner firmaron una solicitada para cuestionar la actuación del Poder Judicial en la Argentina. En el texto, titulado "Libertad a Amado Boudou", los firmantes denunciaron que "la persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones".

Se trata de la segunda solicitada que impulsan los sectores de la alianza oficialista alineados con Cristina Kirchner para respaldar a Boudou.

"Es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Mauricio Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente. Medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del Poder Judicial han generado una estrategia común que envenena la atmósfera política", señalaron. Luego, los referentes kirchneristas volvieron a cuestionar con dureza a la Corte Suprema de Justicia, que dejó firme la condena a Boudou en el caso Ciccone.

Según los firmantes, la decisión del máximo tribunal de convalidar una sentencia emitida por un tribunal oral y avalada por la Cámara de Casación fue "bochornosa". "Boudou es hoy prisionero en su domicilio por decisión del Poder Judicial. El máximo tribunal nacional desechó tratar la apelación de su condena manifiestamente nula porque era una cuestión 'insustancial, carente de trascendencia' y a partir de esa decisión bochornosa se ha abierto un operativo para enviarlo nuevamente a la prisión", indicaron.

Y consideraron que el exvicepresidente es víctima de "una persecución política y moral" por parte de un "puñado de medios". "Está muy claro que se trata de una venganza por las decisiones en las que participó, y particularmente por la recuperación para los trabajadores de los fondos de pensión que habían sido enajenados a favor de grandes consorcios financieros", sostuvieron.

Para los dirigentes aliados a Cristina Kirchner, el país enfrenta "una verdadera emergencia político-judicial que pone en riesgo la convivencia entre los argentinos y argentinas".

"No es un problema excluyente de un sector de la población directamente involucrado en la práctica política; por el contrario, involucra a todos y todas quienes habitamos el país. Solamente a través de la recuperación plena de la legalidad y el fin de las presiones extralegales profusamente puestas en práctica por el gobierno de Macri, es cómo puede recuperarse en plenitud la vigencia del estado de derecho", agregaron.

Luego, advirtieron: "Lo que ahora está ocurriendo con Amado Boudou es la forma final lograda por una agresiva y virulenta coalición formada por todo tipo de especialistas en la descalificación y destrucción de las experiencias democráticas y populares de Gobierno. Es lo que en la región conocemos como la 'guerra judicial', que hoy es el arma principal de desestabilización de la democracia".

La solicitada está firmada por los expresidentes de Brasil Lula da Silva y Dilma Rousseff, los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) y Fernando Lugo (Paraguay). También adhirieron la agrupación Justicia Legítima; el senador nacional Oscar Parrilli; el titular del PJ, José Luis Gioja; el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni; el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano; el titular de la CTA, Hugo Yasky; Víctor Santa María (Suterh); la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; y los exfuncionarios kirchneristas Ricardo Jaime y Julio De Vido.

Además, suscribieron la solicitada el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi; la titular de la AFI, Cristina Caamaño, la jefa del PAMI, Luana Volnovich; y los legisladores Carlos Heller, Leopoldo Moreau, Paula Penacca, Eduardo Valdés y Leandro Santoro, entre otros.

Frente al reclamo del kirchnerismo de frenar las investigaciones sobre exfuncionarios, el Presidente volvió a descartar la posibilidad de dictar indultos a exfuncionarios condenados por corrupción. "No daré ningún indulto", repitió el Fernández en diálogo con el diario Clarín.

A su vez, sostuvo que no impulsará cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema ni ampliará el número de miembros, como piden los dirigentes más cercanos a la vicepresidenta. "Hay gente en el Frente de Todos que sueña con una revolución. No es mi idea. Mucho menos con un 40% de la sociedad que no está dispuesta a votarnos", aseguró.

Días atrás, el jefe del Estado sugirió que el Poder Legislativo puede dictar una amnistía. "Si quieren indultar a gente que está procesada, no existe ese instituto; eso se llama amnistía. Y eso depende del Congreso, no depende de mí", remarcó.

LA NACION

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