Un entramado político que incomoda a Cristina y a Alberto
La Argentina empieza a transitar uno de los momentos más inéditos de su vida democrática. Desde este mediodía se podrá hacer zapping entre un canal que transmite en vivo un juicio oral y público en el que se investiga no sólo un caso de corrupción sino un esquema corrupto que funcionó entre mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2015; y otro, que puede seguir los vaivenes de una campaña en la que, justamente, los actores de aquel sistema, se proponen como alternativa para manejar el país por los próximos cuatro años.
La llamada causa de Vialidad se ha convertido en el primero de los juicios orales que enfrentará la expresidenta Cristina Elisabet Fernández, tal como se la menciona en las caratulas. CEF para la Justicia, y no CFK, está acusada de ser parte de una asociación ilícita que funcionó al resguardo de la obra pública vial que terminaba en manos del mascarón de proa de Lázaro Báez, la extinta Austral Construcciones.
El esquema era relativamente simple. Pocos días antes de que Eduardo Duhalde le entregue el bastón de mando Néstor Kirchner se creó en Santa Cruz una ignota empresa; Austral Construcciones. De acuerdo a las pruebas, aquellos hombres de negocios aportaron 3000 pesos para constituirla, lo que representó el 25% del capital social de la sociedad que apenas ascendía al mínimo (12.000 pesos).
Creada la compañía, lo que faltaba era dotarla de contratos. "Según la hipótesis sostenida, la modalidad escogida para la apropiación de sumas de dinero del Tesoro nacional fue adjudicar prácticamente el 80% de la obra pública vial de la provincia a la que intencionalmente más dinero se direccionó en nuestro país, a uno de los miembros de la organización criminal, Lázaro Báez, quien recibió entre 2003 y 2015 contrataciones del Estado por valores cercanos a 8000 millones de pesos, monto que actualizado a agosto de 2016 ascendió a la suma de prácticamente 46.000 millones de pesos", dice la resolución judicial mediante la que se pidió la elevación a juicio.
Para aceitar ese esquema fue necesario colocar funcionarios conniventes con la maniobra. Para la Justicia de primera instancia, encabezados por el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se desplegó un organigrama de hombres que constituyeron eslabones de una cadena corrupta. José López, Carlos Kirchner, el director de Vialidad Nelson Periotti, son parte de aquella estructura.
Es verdad que prácticamente ninguno de ellos fue designado por la ahora compañera de fórmula de Alberto Fernández, pero no menos cierto es que prácticamente todos los procesados fueron confirmados en sus cargos durante los dos mandatos.
La incomodidad para la senadora radica no sólo en la foto con varios hombres de la planificación argentina ahora detenidos por otras causas sino en la necesidad de explicar que ella no sabía nada de lo que ocurrió no sólo durante el gobierno de su marido sino en los ocho años donde tuvo a mano todas las herramientas y posibilidades de modificar estructuras y cambiar nombres si la corrupción se hacía presente.
No sólo eso, el fiscal también alega que en varias oportunidades que Néstor y Cristina Kirchner recurrieron a la reasignación presupuestaria, autorizada en algunas ocasiones por la ley de presupuesto, para redireccionar recursos económicos de otras carteras a favor de Vialidad con el fin de que se pagara a los proveedores. Sin embargo, nada ilegal hay en este procedimiento. El problema para la argumentación de los defensores de CEF es que deberá argumentar cómo es posible que, tal como dice el fiscal, "Lázaro Báez resultó ser el único contratista que cobraba en término y al que no se le adeudaba dinero al final del mandato de Fernández". Más aún, tenía algunas órdenes pagas que vencían en enero de 2016.
La incomodidad de los Fernández, Cristina y Alberto, es que en un juicio oral y público se empezará a ventilar este esquema. El precandidato a presidente también está inquieto. Durante su gestión como jefe de Gabinete se pergeñó la maniobra y varios de los decretos en los que se nombraron a los funcionarios tienen estampada su firma. Y más allá de que no hay imputación en su contra, el escenario de debate político irremediablemente lo expondrá ante la opinión pública.
Pero el frente judicial que se posó sobre la expresidente no termina acá. En otra causa, Hotesur, otros jueces y otros fiscales le imputan a la exfamilia presidencial la construcción de otro esquema corrupto para terminar el círculo mediante la construcción o compra de hoteles que luego eran alquilados con contratos sospechosos a empresarios de la construcción. Lázaro Báez, uno de ellos.
El debate político, la inflación, el dólar, los candidatos y las encuestas son el telón que esconde un momento inédito en el país. Por un lado, la Justicia investiga no un caso de corrupción sino un esquema corrupto que perduró hasta que el kirchnerismo se fue del Gobierno. Por el otro, ese espacio, que argumenta una persecución política, se presenta como opción electoral y reivindica esa manera de gobernar.
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