Un país con trabajadores pobres y sindicalistas ricos
Javier Milei gobierna hace dos años con el último presupuesto de Alberto Fernández; el nuevo triunvirato de la CGT y la oposición a una reforma laboral; el inicio del megajuicio en la Causa Cuadernos: la importancia del periodismo
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LA NACIONJoaquín Morales Solá
El gobierno del presidente Javier Milei en los dos años que lleva no tuvo presupuesto. En parte, porque la oposición no quería aprobarle y, otro poco, porque el Gobierno no quería forzarlo, porque le era más cómodo seguir así, ya que el Presidente tiene la facultad de firmar un decreto y prorrogar el último presupuesto aprobado.
Por estos motivos, se llegó a la situación excéntrica y extravagante de que Milei gobernó dos años con el último presupuesto aprobado por el expresidente Alberto Fernández y el exministro de Economía Sergio Massa. Por supuesto que no solo lo hizo con ese presupuesto, porque también tiene facultades para saltear las partidas.
Es conveniente que el país tenga un presupuesto. Todos los países serios lo tienen. Este indica claramente cómo el Estado va a conseguir los ingresos de dinero y los recursos, y cómo los va a gastar.
Este martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda aprobó el presupuesto. Ahora tendrá que tratarlo el plenario de la Cámara de Diputados y luego el Senado. Pero tal y como están las cosas, no será este Congreso el que lo apruebe, sino el que asuma el 10 de diciembre, con una relación de fuerzas mucho mejor para el Presidente porque acaba de ganar la elección legislativa.
Ese Congreso que viene va a tener que hacer reformas profundas y estructurales si quiere realmente cambiar este país, que viene de fracaso en fracaso.
Este miércoles eligieron a la nueva conducción de la CGT, un nuevo triunvirato. Y el mensaje que circuló antes y durante la reunión fue que se iban a oponer a la reforma laboral. No quieren que nada cambie. Quieren que sigan vigentes las relaciones y las condiciones laborales que se fijaron hace 50 y 60 años.
Ese país, de hace 50 y 60 años atrás, ya no existe. Y el mundo en el que se movía tampoco es el mismo. Hay problemas serios: más del 40% de los trabajadores trabajan en negro. Es decir, es gente que no recibe beneficios sociales, no hace aportes previsionales, no podrá jubilarse y si lo hace cobrará la mínima, que no sirve para nada. También se perjudica la Anses, porque al trabajar en negro, no hacen el aporte para pagarle mejores jubilaciones a los que están jubilados.
¿Alguien escuchó alguna vez a la CGT hablar de los trabajadores en negro? Nunca. Porque si lo hacen lo primero que tendrían que hacer es pedir una reforma laboral y no la quieren pedir.
La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué casi la mitad de los trabajadores trabajan en negro? Y la respuesta es simple: las cargas del trabajador en blanco son enormes para una empresa, para una pyme y para un particular.
No quieren tocar nada, porque temen que al abrir la caja de Pandora se toquen los privilegios de ellos. Acá estamos trabajando en un país de trabajadores pobres y dirigentes sindicales ricos.
Hubo varios presidentes, ninguno peronista, que intentaron hacer reformas laborales: Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri. Todos fracasaron. Y no pudieron completarlo por la oposición terminante, ciega y transigente de los dirigentes gremiales.
Tal vez la desproporcionada influencia de los dirigentes gremiales en el país es lo que ha terminado provocando una economía decadente. Y esto la sociedad no lo ignora.
En los últimos años los dirigentes sindicales figuran entre los más impopulares del país, los que la sociedad menos confía. ¿Les importa a ellos? No, porque lo que necesitan es controlar las estructuras que los convierten en poderosos y ricos.
Otras de las reformas profundas y estructurales que se deberá hacer es la previsional, para que haya mejores ingresos y salarios para los jubilados. Alguna fórmula debe haber. Hay millones de jubilados, pero ninguno cobra lo que debe. Salvo en sectores de privilegio.
Y la otra reforma es la tributaria, porque este es un país con una carga impositiva enorme. Creo que es el segundo en el mundo con este nivel de carga y sin ninguna contraprestación del Estado seria y eficiente. La seguridad sabemos cómo está, la salud tiene sus problemas, la educación es buena siempre y cuando no haya huelgas.
El presidente Milei en su campaña electoral prometió bajar los impuestos, pero hasta ahora no los bajó. Pero esas son las reformas en donde el jefe de Estado debería poner especial atención, porque son las que van a cambiar el país.
Bajar la inflación y eliminar el déficit fue muy importante, pero son cosas que viene un gobierno distinto y la sola firma del nuevo presidente lo puede cambiar. Esto, si es aprobado por el Congreso, va a ser mucho más difícil.
La aprobación en el Congreso necesita de dos condiciones: un gobierno con vocación de diálogo y acuerdo y una oposición razonable, no toda, con vocación de acordar. Son las únicas dos condiciones.
Por otro lado, este jueves empieza el megajuicio por la Causa Cuadernos, que tiene más de 150 imputados entre exfuncionarios y empresarios muy importantes. Y ese megajuicio es posible porque el periodista Diego Cabot hizo la primera investigación.
Cuando los mileístas o los simpatizantes del mileísmo hablan alegremente de los periodistas ensobrados, sin hacer excepciones, se olvidan que hay periodistas como Diego Cabot que puso en riesgo su seguridad personal y la de su familia para revelar una verdad.
Este jueves empieza un juicio histórico, que desgraciadamente va a ser lento. Pero ese juicio histórico es posible porque existió la investigación de un periodista.
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