Una agenda para el conflicto
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LA NACIONClaudio Jacquelin
Los indicadores sociales, económicos y sanitarios (corregidos y aumentados) estremecen. Las cifras no ofrecen el plafón más adecuado para dar batallas. Por el contrario, aconsejan eludir conflictos e intentar una tregua con los adversarios. Pero no es la lógica que seguirá en estos días la administración de Alberto Fernández.
La agenda del Gobierno tiende a profundizar la confrontación en casi todos los terrenos, como el económico, el político y el judicial. La táctica que impera en el equipo de Fernández dice que "la mejor defensa es el ataque". Son los riesgos de las lecturas parciales: el estratega chino Sun Tzu, que la instauró, también sostenía que "la defensa es para tiempos de escasez y el ataque para tiempos de abundancia". Detalles.
Como si no hubieran sido suficientemente impactantes los datos sobre la caída del PBI en el segundo trimestre (-19,1 %) y el aumento de la desocupación (llegó al 13,1%), esta semana se conocerán los indicadores de pobreza e indigencia del primer semestre. Los argentinos pobres serían alrededor del 40%, a pesar de la voluminosa ayuda estatal desplegada tras la llegada de la pandemia y aunque los efectos negativos de la cuarentena solo hayan impactado en la mitad del tiempo medido. Por lo tanto, los inquietantes números serán una foto en sepia. Las estadísticas del segundo semestre serían bastante peores.
A pesar de las malas noticias numéricas, que son millones de argentinos de carne y hueso afectados, el Gobierno se propone dar una fuerte batalla dialéctica. Si ya no se hubiera gastado, el espíritu de la ofensiva podría resumirse en la célebre frase "lo peor ya pasó".
Eso es lo que quedó de los encuentros que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, tuvo con los ministros la semana pasada y lo que se terminó de fraguar anteayer con el equipo económico en Olivos.
La inusual reunión sabatina, que se mantuvo en reserva, fue presidida por Fernández y participaron Cafiero y los ministros Matías Kulfas, Felipe Solá y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
Allí, al margen de los mensajes casi optimistas filtrados al exterior, primó la necesidad de hacer alineación y balanceo en el equipo económico después de los desajustes expuestos en los días convulsos que precedieron y sucedieron a la instalación del supercepo. Impostergable tarea. La confianza en el combinado oficialista no abunda ni siquiera entre su parcialidad. Por eso, cualquier rumor resulta verosímil, como el que circuló el viernes, que auguraba cambios en Economía y en el BCRA. En la Casa Rosada lo adjudican a operaciones interesadas en hacer daño. Nada que sorprenda.
La campaña restituyente tendrá como ejes discursivos destacar "el ordenamiento de la economía" (con énfasis en la reestructuración de la deuda pública), la reducción de la inflación respecto del último año macrista (y a pesar de que se advierte un descongelamiento de los precios), la asistencia estatal para paliar los efectos de la crisis y el comienzo de una recuperación de la actividad económica, después de la parálisis inicial que impuso la cuarentena. Será una labor ardua. Los escenarios retóricos competirán con estadísticas y vivencias personales menos agradables.
"Salimos a pelear la agenda pública para defender al Gobierno", admite uno de los colaboradores más cercanos del Presidente para explicar la instalación mediática tanto de Fernández como la que se le acaba de exigir a los integrantes del Gabinete. No es la primera vez que lo intentan, pero ahora confían en algunas mejoras parciales que aparecerían en el tablero de control. De nuevo, si la frase no hubiera sido usada, podría decirse que están visualizando algunos "brotes verdes". La discrepancia de una mayoría de economistas y empresarios con esa imagen ecobotánica es adjudicada a intereses espurios. Tampoco es la primera vez.
Por otra parte, después del abrupto alejamiento de la escena sanitaria en la última prórroga de la cuarentena, Fernández buscará desde esta semana recuperar la centralidad y la aceptación popular de los primeros meses de la pandemia.
Para eso viajará a las provincias en las que los casos se han disparado, como Santa Fe. Llevará insumos para aumentar los testeos de infectados de Covid-19, y anunciará medidas de ayuda y promoción. Su aliado, el gobernador Omar Perotti, no la está pasando bien. No solo por la explosión de contagios. Otra apuesta audaz de la táctica ofensiva-defensiva albertista.
La disputa judicial
En la misma línea se inscriben los duros ataques que el Presidente le dedicó al titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz. El plano judicial es la otra arena de conflicto en la que el Gobierno avanza frontalmente. No parece preocupar la desmaterialización de la imagen moderada de Fernández y la encarnación de la combatividad cristinista.
El embate, antes de que el máximo tribunal se expida en el caso de los desplazados jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, solo se explicaría si, como se sospecha, la decisión de Rosenkrantz desbarató un plan secreto. Se trataría de un acuerdo alcanzado por el Gobierno con tres de los cinco miembros de la Corte para demorar el tratamiento hasta tornar abstracta la cuestión.
La postergación sería beneficiosa no solo para el oficialismo. Esos miembros de la Corte están frente a un dilema. Si convalidaran el apartamiento contradecirían un fallo anterior, en el que validaron la designación de aquellos jueces. Si optaran por la coherencia, se enfrentarían a los deseos de Cristina Kirchner de despejar su horizonte procesal de jueces incómodos. Este martes podrían seguir eludiendo el fondo de la cuestión, pero deberán explicitar su renuencia a ocuparse de un asunto de fuerte impacto público. Rosenkrantz lo hizo. Fernández, el Presidente que prometió terminar con la injerencia política en la Justicia, ya lo condenó.
Vale recordar, que no es la primera vez que la mayoría de la Corte dilata o intenta poner en vía muerta casos que afectan a la expresidenta. Lo hizo en la causa de Vialidad cuando estaba por iniciarse el juicio oral. El escándalo desatado por el intento de postergar el comienzo de las audiencias terminó en un cacerolazo, que hizo retroceder al tribunal. Una dura lección.
Por eso, esta vez los altos magistrados preferían pasar debajo del radar. Contra su voluntad, mañana volverán a estar bajo los focos de la opinión pública. Anteayer, el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, cuya influencia sigue siendo elevada, sufrió un escrache en su ciudad natal, Rafaela, Santa Fe. Un antecedente que causó inquietud en la Casa Rosada. Pero Fernández y su equipo están decididos a doblar la apuesta y no bajar la visita a esa provincia. Tiempo de combate.
La disputa por la Justicia tendrá esta semana otro round en el Senado. La cámara en la que impera Cristina Kirchner debe tratar los pliegos de unos treinta postulados para ocupar cargos en la Justicia federal y nacional, después de que Fernández retirara los 200 pliegos enviados por Mauricio Macri.
En esa treintena mandan integrantes o afines a la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima o a la lista Celeste de la Asociación de Magistrados, la más cercana al Gobierno, y a la que pertenece el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones. Los aspirantes que adhieren a listas no kirchneristas quedaron relegados.
Eso mismo le pasó a quienes tuvieran alguna cercanía con la oposición, como el fiscal Ignacio Mahiques, a quien Cristina Kirchner atacó duramente. Su pliego para ocupar el juzgado federal de Mercedes fue reemplazado por el de un aspirante que había quedado quinto en el concurso respectivo. Mercedes es el pago chico del camporista ministro del Interior, Wado de Pedro, y de su hermano de crianza y representante del Gobierno en la Magistratura, Gerónimo Ustarroz. La familia en paz. La política, no tanto. La oposición no podrá evitar los nombramientos, pero se hará oír en el Senado.
La decisión está tomada. En todos los terrenos, el Gobierno se dispone a dar pelea bajo el lema "la mejor defensa es un buen ataque". Aunque sean tiempos de escasez. Siguen los "tiempos interesantes", como también dicen los chinos.
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