Una condena histórica y un gigantesco paso adelante
Aunque a la dirigencia política le cueste admitirlo, todos los habitantes son iguales ante la ley a la hora de examinar sus conductas; la celebración del juicio es un logro significativo
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PARA LA NACIONAlejandro Carrió
Se conoció finalmente el fallo por el cual, por primera vez en la historia de nuestro país, una funcionaria de altísimo rango y con una muy importante cuota de poder que todavía conserva, fue encontrada culpable de actos de corrupción cometidos durante su gestión. En este caso, actos de fraude en perjuicio del Estado, perpetrados al menos parcialmente en períodos en que Cristina Fernández de Kirchner ocupaba la Presidencia de la Nación.
Es cierto que, en el pasado, tanto Amado Boudou como Carlos Menem fueron igualmente condenados por actos de corrupción, solo que al momento de dictarse esas sentencias habían dejado de ocupar los cargos que detentaban.
Hay una cuestión tremendamente relevante en el simple hecho de que este juicio se haya llevado adelante, que el mismo haya sido enteramente público y que los jueces que lo condujeron hayan sabido guardar la necesaria distancia para no comprometer su óptica del caso, a medida que las pruebas se iban incorporando. Toda la carga de presentación de pruebas recayó, como corresponde, en el Ministerio Público, y los jueces fueron otorgando sucesivamente a los imputados suficiente espacio para presentar sus defensas.
Durante este proceso, quién puede dudarlo, aquéllos exhibieron una altísima tolerancia frente a variados agravios, que difícilmente jueces de otras latitudes habrían permitido. Pero quizás es mejor que hayan actuado así, para no dar pie a nuevas recusaciones y permitirles dictar la sentencia que hoy se ha conocido.
Ya desde la reforma de 1994 se incluyó en el texto constitucional la cláusula por la cual los delitos dolosos contra el Estado que impliquen enriquecimiento importan un atentado contra el sistema democrático, y sus responsables deben quedar inhabilitados para ejercer funciones públicas.
Tiempo después la Argentina adhirió a la Convención Interamericana contra la Corrupción, cuyo primer párrafo postula que “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”. Semejante toma de posición no puede dejar de estar acompañada por procesos judiciales donde esas responsabilidades se determinen, si queremos alguna vez ser parte del círculo de países regidos por el estado de Derecho.
Aunque a nuestra clase política le cueste admitirlo, todos los habitantes son iguales ante la ley a la hora de examinar sus conductas. El desempeño de un cargo público, a su vez, lejos está de ser una franquicia e impone a quien lo acepta un estándar de exigencia todavía mayor.
Muchos actos que, en cabeza de particulares, estaríamos dispuestos a dejar pasar, adquieren una característica de extrema gravedad cuando son cumplidos por funcionarios. Es por ello, por ejemplo, que ponemos en cabeza del funcionario probar que su enriquecimiento fue lícito, a diferencia de un particular, al que el Estado le debe probar la ilicitud de sus ganancias.
La decencia no se negocia
Las sociedades que está bien que admiremos se rigen por este tipo de reglas. Basta con haber recorrido algunos países del exterior que nos llevan años de desarrollo para comprobar que la decencia es algo que no se negocia y mucho menos se admite el manejo de fondos públicos, que son exactamente eso, públicos, en provecho propio.
Las “cajas” estatales no son un premio a la lealtad partidaria y en la elección de quienes las administran deben necesariamente primar conceptos de preparación previa, responsabilidad e infinita transparencia.
La presente causa “Vialidad” puso al desnudo una historia de sospechosas adjudicaciones de obras públicas a empresarios devenidos en tales de la noche a la mañana, con vínculos demasiado estrechos con los más encumbrados gobernantes como para no merecer un análisis de legitimidad a través de un juicio.
Los jueces a su cargo hablaron, identificaron la existencia de perjuicios a las arcas públicas y señalaron responsabilidades. Existirán por delante instancias superiores que revisen los aspectos centrales de esta sentencia, porque ese es el juego de las instituciones. Pero nuestro país ha dado un gigantesco paso adelante con la sola celebración de este juicio.
Tipo de trabajo:
análisis
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