¿Una nueva Formosa? La Rioja, la tierra de la “platita fuerte” de Ricardo Quintela y sus “chalecos rojos”
Desvío de fondos públicos, persecución a opositores y una reforma constitucional en ciernes sacuden a una provincia bendecida por millones de pesos enviados por la Nación
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LA NACIONLaura Serra
Un feudo peronista donde la división de poderes es una quimera. Donde las prácticas clientelares están tan arraigadas que el propio jefe de gabinete provincial se jacta de repartir “platita fuerte” a los municipios y a los medios de comunicación para mantenerlos sojuzgados. Donde una legión de “chalecos rojos” contratados por el gobernador actúa como fuerza de choque en las manifestaciones contra su gobierno. Donde un diputado provincial opositor corre el riesgo de ser desalojado de su banca esta semana por criticar la gestión.
Una provincia a la que la Nación favorece con miles de millones de pesos –figura entre las primeras en el ranking de transferencias corrientes y de capital–, pero donde la pandemia hace estragos por la saturación de su frágil sistema sanitario. Una provincia cuyas urgencias no parecen ser las mismas que las de su gobernador, quien semanas atrás lanzó una propuesta para reformar la constitución provincial con el propósito, sospecha la oposición, de permanecer más allá de un eventual segundo período.
No se trata de la provincia de Formosa ni de su gobernador, Gildo Insfrán. Aunque se le parece mucho. Se trata de La Rioja y de Ricardo Quintela, el último de una larga generación de gobernadores peronistas que hace 38 años dominan la tierra de Facundo Quiroga y Chacho Peñaloza.
La Rioja fue noticia la semana pasada a partir del escándalo que desató el jefe de gabinete provincial, Juan Luna Corzo quien, en una serie de audios que se filtraron en las redes sociales, se quejaba de haber repartido “platita fuerte” entre algunos municipios pero, al parecer, dichos fondos fueron desviados hacia otros fines. También los medios de comunicación locales han sido beneficiarias de la “platita fuerte” de Luna Corzo. “Hay que inundar las radios porque a todas les pagamos”, dijo.
Si la revelación de los audios no fue suficiente escándalo, la explicación del gobernador Quintela exacerbó todavía más los ánimos. “Es una conversación normal. No hay ningún delito en tener una conversación normal entre los compañeros y esto es lo que es”, justificó.
La difusión de los audios no pudo ser más inoportuna para Quintela. El regreso a la cuarentena estricta dispuesta por el presidente Alberto Fernández en todo el país había desatado un fuerte malestar entre los comerciantes riojanos, que a las pocas horas de conocerse la medida se movilizaron a la plaza principal de la capital y luego frente a su domicilio.
Los riojanos suelen definirse como ciudadanos pacíficos y reacios a las manifestaciones de protesta. Sin embargo, el último 25 de mayo, como en muchos otros rincones del país, se esperaba una importante movilización en la capital. Fue por eso que Quintela ordenó vallar la plaza y custodiarla no solo con efectivos de la policía sino también con sus “chalecos rojos”.
Los “chalecos rojos”
El gobernador creó este cuerpo especial el año pasado cuando se desató la pandemia y constituyó el Comité Operativo de Emergencia (COE). La gente los conoce como los “chalecos rojos” porque ese era el distintivo con el que se movilizaban por las calles para custodiar que los contagiados de Covid no salieran de sus domicilios y cumplieran la cuarentena.
“Son unos 4000 empleados precarizados de la gobernación que ahora actúan como fuerza de choque del gobernador”, sintetiza el senador radical Julio Martínez.
Así las cosas, aquel 25 de mayo una legión de “chalecos rojos” y agentes de la policía provincial se apostaron en los accesos a la plaza principal para intentar ralear la manifestación. Cuando el diputado provincial Gustavo Galván, una de las voces radicales más críticas de Quintela, quiso superar la valla, una agente de la policía riojana lo detuvo y le impidió el paso. El legislador, molesto, pidió que se identifique, pero ella se negó. Tras un duro intercambio de palabras, Galván logró pasar, pero le costó una denuncia por violencia de género por parte de la secretaría de la Mujer y Diversidad de la provincia.
La denuncia recayó en la Legislatura, que ahora analiza expulsarlo del cuerpo. “El diputado transgredió muchas normas, desde incentivar la movilización, agredir a una mujer policía, hacer uso y abuso de su calidad de diputado y motivar a que la gente quiebre nuestro sistema sanitario. Motivos no faltarían”, afirmó la legisladora quintelista Teresita Madera.
Galván fue quien, junto al senador Martínez, se presentó ante la Justicia para denunciar a Quintela por presunta “malversación de los caudales públicos” tras la difusión de los audios de su jefe de gabinete. El legislador radical no guarda demasiadas esperanzas de que la Justicia investigue el caso. “La Justicia está cooptada por el peronismo. La división de poderes no existe en la provincia. Merced al sistema de colectoras, hoy el oficialismo peronista cuenta con 32 de los 36 miembros de la Legislatura. La oposición cuenta con cuatro legisladores pese a que obtuvimos el 40% de los votos en la última elección”, se lamenta.
Reforma constitucional
Pese a su enorme poder en la provincia, Quintela pretende ir por más. El mes pasado anunció su intención de reformar la constitución provincial y, desde entonces, se instaló en La Rioja un “operativo clamor” de sus acólitos a favor de la iniciativa.
“Incluirá los ejes de reforma judicial, integración y periodicidad del mandato de jueces; periodicidad de los mandatos en ámbitos parlamentarios; coparticipación; regiones del territorio provincial; perspectiva de género; ampliación de derechos y garantías; y recursos naturales”, anunció Quintela.
“La noticia sorprendió porque no formaba parte de la agenda de demandas de nadie, en un contexto de crisis económica y pandemia –advirtió el diputado nacional Felipe Álvarez, de Acción Federal–. La intención es clara: la obsesión del gobernador Quintela es ganar la capital riojana, históricamente opositora y que ha dado varios dolores de cabeza al peronismo riojano”.
En efecto, entre los planes del gobernador está la intención de dividir la capital riojana –hoy comandada por la intendenta opositora Inés Brizuela y Doria– por considerar que está superpoblada con sus apenas 200.000 habitantes. También, la de duplicar la cantidad de miembros del Superior Tribunal de Justicia con la excusa de garantizar la paridad de género e imponer un plazo de mandato a todos los jueces.
“Está claro que esta reforma busca separar al municipio capital en dos y dividir cualquier poder opositor y, al mismo tiempo, habilitar la modificación de la cláusula que permita la reelección indefinida del gobernador”, alertó Álvarez.
Lo que la oposición no puede entender es cómo el gobernador piensa en reformar la constitución en medio de la emergencia sanitaria de la provincia. “El sistema está al borde del colapso; los nosocomios de la capital están desbordados porque en el interior la atención no alcanza por la cantidad de casos. Tampoco tenemos estadísticas confiables ni testeos suficientes”, advirtió la senadora Clara Vega.
Galván coincide. “La provincia recibe recursos millonarios de la Nación pero no vemos que se haya invertido en hospitales nuevos ni equipamiento. ¿Qué hizo Quintela con esos fondos? Presentamos infinidad de pedidos de informes, pero no tenemos respuesta”, sostuvo.
Los datos son elocuentes. En el primer trimestre de este año la provincia recibió poco más de $4100 millones de pesos para gastos de capital, un 110% más que en el mismo período del año pasado según el último informe de la Asociación de Presupuesto (ASAP). También fue bendecida con millones en transferencias corrientes: de los $13.000 presupuestados, ya recibió $5416 millones, casi la mitad.
Está claro que La Rioja es de las provincias predilectas del gobierno de Alberto Fernández. Quintela es uno sus gobernadores más fieles. Será por ello que la Casa Rosada prefiere hacer la vista gorda a lo que sucede puertas adentro de la provincia.
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