Una pelea inconveniente e inoportuna frente a la crisis

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10 de marzo de 2020  

Alberto Fernández debería pensar si se justifica seguir peleando con el campo. La situación general del mundo (y, por lo tanto, del país) se deterioró dramáticamente en días y horas muy recientes. Podría empeorar aún más. La crisis provocada por la pandemia del coronavirus está construyendo un escenario parecido a la caída de Lehman Brothers en 2008.

Aquella crisis financiera de hace doce años disparó una profunda recesión el año siguiente, en 2009. Al Presidente lo sorprenden la pandemia y sus consecuencias, además, cuando trata de reestructurar la deuda con los bonistas privados y con el Fondo Monetario. El Fondo no es el problema, porque el Gobierno llegará tarde o temprano a un acuerdo con el organismo multilateral. Ya todos aceptan que la propuesta mediática de Cristina Kirchner de que el Fondo debe hacer una quita a la deuda argentina fue solo una más de las provocaciones a las que la expresidenta tiene acostumbrados al país y al gobierno del que forma parte. Así lo aceptan incluso altos funcionarios del Gobierno, aunque piden estricto respeto al anonimato.

El problema, en efecto, son los bonistas privados, que tienen títulos cuyos próximos vencimientos comenzarán en mayo. La administración de Alberto Fernández viene atravesando días de extrema tensión con ellos. Es probable que sea la tensión propia de una negociación en sus momentos más decisivos. La negociación por la refinanciación de una deuda está llena de instantes en los que la ruptura parece inevitable. Pero no lo es. Al Presidente le interesa, sobre todo, conseguir una baja sustancial de las tasas de interés y un tiempo de gracia amplio, de unos tres o cuatro años en los que no se pagará nada. El ministro de Economía, Martín Guzmán, les señaló a los bonistas que no pagará tasas de más del 3 por ciento anual. Actualmente, el promedio de las tasas que paga la Argentina es de entre el 7 y el 8 por ciento, aunque hay bonos en manos del sector financiero privado con tasas más altas. El promedio general lo bajan los créditos de los organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID), porque siempre cobran intereses mucho menores que los privados.

El dato nuevo, no obstante, es que la caída general de los mercados financieros y bursátiles ha llevado a los bonos argentinos a un valor muy cercano al que suele seducir a los fondos buitre. En situación de crisis, los dólares del sector financiero prefieren siempre refugiarse en los mercados seguros, sobre todo en los títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Si los fondos buitre compraran los bonos argentinos (o una parte importante de ellos), cualquier negociación sería imposible. Esos fondos especulan a largo plazo. Preferirán siempre iniciar una juicio en los tribunales norteamericanos, donde ya existe una jurisprudencia (sentada por el juez Thomas Griesa) que indica que el país debe pagar el 100 por ciento del valor de los bonos. La caída del valor los bonos argentinos, provocada por el crisis mundial, es una pésima noticia para el gobierno argentino.

La crisis desatada por el coronavirus podría bajar las expectativas de crecimiento de la economía mundial o llevarla directamente a la recesión. Esos son los análisis que han hecho las principales agencias de evaluación de riesgos. El turismo se ha desplomado. Impacta en la industria aerocomercial, en la hotelería y en la economía general de muchos países. Ha disminuido gravemente la circulación de mercancías y, por lo tanto, su comercio. El hecho de que millones de familias en muchos lugares del mundo elijan preventivamente quedarse en su casa desalienta también el consumo. En China están matando por precaución a los cerdos, que se alimentan allí de poroto de soja. Los propios chinos han reducido el consumo de soja. La producción industrial china podría retroceder a la que tenía hace diez años. El precio de la soja retrocede. Si se descuentan las retenciones, los productores argentinos están cobrando poco más de 200 dólares la tonelada.

La decisión del Gobierno de aumentar las retenciones fue puramente fiscal. La caída de la recaudación, según informes de la propia AFIP, expone que hay un notable desfase entre la recaudación y la inflación. El ministro de Agricultura, Luís Basterra, les aseguró a los productores rurales que las retenciones a la soja no aumentarían para los pequeños y medianos productores, pero que, en principio, aumentarían para todos. Luego, en un tiempo y forma imprecisos, se les devolvería el aumento a los que no son grandes productores. Esta decisión de recaudar y después ver terminó abroquelando a las organizaciones rurales. De hecho, los dirigentes no estaban decididos a enfrentar a un gobierno que acaba de asumir. Fue la bronca de las bases agropecuarias la que los obligó a la huelga con tractorazos que comenzó ayer.

El Gobierno asegura que estaba negociando con los dirigentes no el aumento de las retenciones a la soja, pero sí la preservación de las otras retenciones, sin aumentarlas, entre varios asuntos más. Los dirigentes replican que ellos solo fueron notificados del aumento a las retenciones a la soja. Es una palabra contra la otra, que solo sirve para explicar, pero no resuelve nada. No es cierto, por otro lado, que los productores rurales (o muchos de ellos) estén siendo empujados por supuestas simpatías macristas. Tales simpatías pueden existir, pero no podrían ser nunca una razón para iniciar una batalla que no beneficiará a nadie.

Alberto Fernández se encontró con un Estado sin dinero, con una deuda que debe reestructurar, con una economía en recesión desde hace dos años, con un mundo ensimismado en una crisis no prevista y, encima, con un conflicto con el sector más dinámico de la economía argentina. Voceros del cristinismo más fanático acusaron a los productores rurales de "terroristas" y de "parásitos". Lo único que hacen es caldear aún más los ánimos. Estas franjas de la coalición gobernante ya se han puesto el uniforme de combate, porque creen, alegres, que comenzó otra guerra con el campo.

El problema del Presidente es que no comparte esas ideas de sus aliados. Ve, al mismo tiempo, que se le aleja el horizonte de una mínima reactivación de la economía. Su promesa fundamental durante la campaña electoral fue que esa reactivación existiría, aunque nunca lo dijo en esos términos. Llenar la heladera fue la manera de prometer la reactivación. La reactivación no llegó, y es posible que se demore en llegar con las noticias recientes de la economía mundial. Tampoco se percibe, hasta donde llega la mirada, que haya un plan integral para mover la economía o para definir un programa económico. Empieza ahí otro debate. El Gobierno cree que solo luego de reestructurar la deuda podrá hacer un plan económico, porque entonces sabrá con certeza con qué recursos contará. Los acreedores le responden que ellos no pueden aceptar cambiar las reglas del juego sin conocer el plan económico, porque sencillamente no conocen de dónde saldrán los recursos que el Gobierno promete tener en algún momento.

El conflicto con el campo no debería quedar encerrado en el mundo que existió hasta hace apenas una semana. La pandemia del coronavirus se extiende peligrosamente y nadie puede anticipar una esperanza. El lunes negro de ayer en los mercados bursátiles y financieros y el desplome del precio del petróleo auguran una economía mundial más contractiva, lenta y egoísta de lo que era. La pelea local es inconveniente e inoportuna.

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