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Venezolanos en la Argentina cruzaron fuerte a Fernández por sus dichos sobre Venezuela
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LA NACION
Una gran cantidad de venezolanos residentes en la Argentina replicaron hoy al candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández por una declaración en la que afirmó que el gobierno de Venezuela no es una dictadura, ya que allí "las instituciones están funcionando".
Los ciudadanos de Venezuela que viven en Argentina respondieron a Fernández a través de Twitter, mediante el hashtag #SrAlbertoLeCuentoQue, que esta tarde se había convertido en una de las trending topics (tendencias principales) de dicha red social, después de que Fernández dijera anoche en el programa La Cornisa, de América TV, conducido por Luis Majul, que le resultaba "muy difícil calificar de dictadura" al gobierno chavista de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro.
Por caso, en uno de estos tuits, el docente Wilfredo Ustariz afirmó que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), Édgar Zambrano, "lleva más de 100 días detenido por órdenes de Maduro, violando su inmunidad parlamentaria y todos sus derechos", y remarcó que "eso ocurre tan solo en dictaduras".
En tanto, Liset Luque señaló que Maduro "no fue electo democráticamente" -al contrario de lo que sentenció Fernández en La Cornisa- y subrayó que "más de 60 países y organismos como la OEA y la UE señalaron que el proceso (electoral) del 20 de mayo de 2018 no fue libre ni justo", por lo que el mandatario chavista "usurpa el poder".
"Hoy somos más de cinco millones de venezolanos en todo el mundo por culpa de una dictadura que usted apoya", indicó el médico Yang Álvarez.
Agregó que "las instituciones que funcionan en Venezuela son el Sebin (Servicio de Inteligencia Nacional), la FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía), un TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) que solo persigue y una Asamblea (Constituyente) ilegítima".
"La Asamblea (Nacional, parlamento) que usted señala como prueba de que en Venezuela no hay dictadura ha sido vaciada de facultades por la dictadura a través del tribunal supremo" y hay "diputados perseguidos, presos y en el exilio", sostuvo el abogado y médico Jesús Méndez Quijada.
Fernández dijo anoche en una entrevista por TV: "Es muy difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido. Un gobierno elegido puede devenir en un gobierno autoritario. Las instituciones están funcionando allá. Después discutimos cómo funcionan, pero formalmente hay una Asamblea, hay tribunales. Una dictadura carece de eso".
Esta mañana, antes que creciera el hashtag de los ciudadanos venezolanos, el Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Jorge Faurie, le había respondido a Fernández en un programa de radio con una frase contundente sobre la situación del gobierno de Venezuela: "Claramente es una dictadura".
La situación en Venezuela
Cabe consignar que hace menos de dos meses la Oficina del alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), entidad encabezada por la expresidente de Chile, Michelle Bachelet, elaboró un informe sobre la situación en Venezuela que demuestra que en el país se producen todo tipo de excesos que no tienen que ver con la institucionalidad democrática.
Según este contundente trabajo, bajo el régimen de Maduro existen ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones sexuales por motivos políticos. Hay persecución contra opositores y críticos, que se cristalizaron en 15 mil detenciones arbitrarias durante los últimos cinco años. Además, los presos políticos se multiplicaron -522- y la represión brutal por parte de las fuerzas del estado contra los que protestan provocó alrededor de 135 muertos en 2017 y más de cincuenta personas en este año.
En lo institucional, la Asamblea Nacional (el parlamento) no funciona. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) son los principales arietes contra el Parlamento. El primero es presidido por Maikel Moreno, antiguo policía político acusado de dos homicidios, y buena parte de sus magistrados fueron elegidos de forma anticonstitucional durante las Navidades de 2015. Desde hace una docena de años, el TSJ no ha sentenciado ni una sola vez contra el gobierno.
Por esta situación, a la que se le suma las dificultades para conseguir alimentos o medicina, en los últimos años han emigrado del país unos 3 millones de ciudadanos y se calcula que pueden llegar a ser cinco millones para fines de 2019.
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