La trastienda de la novela venezolana que desató una interna inevitable en el oficialismo

La tormenta estaba anunciada pero no se sabía cuándo iba a llegar. La postura oficial del Gobierno ante la crisis en Venezuela dejó más claras que nunca las miradas opuestas que intentan convivir dentro del Frente de Todos. El revuelo interno que generó la condena oficial a las violaciones de derechos humanos en el país caribeño dejó heridos y silencios llamativos.

El presidente Alberto Fernández y el canciller Felipe Solá siguieron de cerca la acumulación de críticas del kirchnerismo duro por el discurso del embajador argentino ante la ONU, Federico Villegas, a las que respondieron con un extenso y conciliador hilo de Twitter publicado en la cuenta del ministro el miércoles a última hora, con la expectativa de dar por cerrada la discusión.

Venezuela es el tema más sensible de la política exterior de la Casa Rosada y cada paso es estudiado en detalle para contener a propios y ajenos, dentro y fuera del país. Por eso, la intervención de Carlos Raimundi, embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), fue una piedra que hizo trastabillar la estrategia.

En el Gobierno admiten que, de no haber existido un aparente error en la comunicación al momento de instruir al diplomático -o bien una movida rebelde del militante cristinista-, se hubiera evitado el terremoto dentro de la alianza gobernante y, probablemente, hubiera postergado un poco más la renuncia de Alicia Castro como embajadora argentina en Rusia.

Castro, defensora acérrima de Maduro convertida en exponente de la versión más radical del kirchnerismo, estaba en el congelador al igual que su pliego en el Senado luego de que hiciera público por primera vez su disgusto con la gestión de Solá. En aquel mensaje, de fines de julio, la exembajadora en Caracas había apuntado contra el ministro por decir que en Venezuela había un gobierno "autoritario".

El canciller no le respondió, pero el pliego de Castro, que había sido enviado a principios de año, no se trató en el Senado pese a que sí se trataron otros. La exembajadora justificó la situación al afirmar que no estaba en condiciones de viajar al exterior por ser parte del grupo de riesgo frente al coronavirus. Para viajar, la dirigente también había planteado la necesidad de implementar reformas en la residencia de Moscú para facilitar la accesibilidad por un problema físico y cuestiones familiares que momentáneamente le impedían viajar.

Al mismo tiempo, los cruces con Castro llegaron a la administración de Vladimir Putin, que hizo saber extraoficialmente al Gobierno que esperan en Rusia a un embajador o embajadora que sea de máxima confianza del Presidente y del canciller. No están dispuestos a permitir un doble comando.

Luego de que Raimundi hablara de un abordaje "sesgado" de los derechos humanos, el Gobierno debió aclarar que la posición argentina no había girado, sino que se mantenía igual que en julio, cuando Villegas condenó las violaciones a esos derechos. Ofuscado por el desvío discursivo en la estrategia oficial, el Presidente hizo saber su malestar.

En su rol de mediador no oficial y vocero presidencial, Eduardo Valdés, diputado nacional y exembajador en el Vaticano, habló con Raimundi. También lo hizo con Castro, quien después dijo públicamente que le habían pedido reconsiderar su renuncia. En la Casa Rosada la desmintieron.

Raimundi, exradical y dirigente del Frente Grande, fue la primera pieza de un dominó que terminó por desmoronarse el miércoles, con la oficialización de la postura de la Argentina en el discurso de Villegas. Ese, aclaró la Cancillería, era el único discurso válido para interpretar la posición del país, ahora alejada de la dureza que encaró Mauricio Macri.

La votación a favor de la resolución de la ONU que condena la violación de los derechos humanos en Venezuela no solo despertó iras internas, sino que dejó a la Argentina en otro lugar dentro del escenario regional, lo que dio más argumentos al kirchnerismo.

Tras haberse acercado a México al sumarse al Grupo de Puebla, una agrupación de dirigentes de izquierda en su mayoría sin poder real que buscan una salida moderada a la crisis venezolana, la Argentina se desmarcó en la ONU porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se abstuvo al votar la resolución. El Gobierno -miembro desde el mes pasado del Grupo Internacional de Contacto junto a la Unión Europea- quedó así del mismo lado que el Brasil de Jair Bolsonaro y el Uruguay de Luis Lacalle Pou, duros frente al régimen.

También quedó en sintonía con Estados Unidos, justo cuando comienza a renegociarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este contexto, la Argentina todavía integra el Grupo de Lima, el conjunto de países al que se unió el país bajo el mando de Macri que apuesta a una mayor presión diplomática y económica para forzar a Maduro a ceder. El Gobierno justifica la decisión de no dar el portazo al afirmar que es una plaza para manifestar la disidencia.

Previamente al discurso de Villegas, las palabras de Raimundi provocaron la reacción de Washington, que calificó de "triste" a los dichos y forzó una llamada telefónica entre Fernández y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para explicarle la verdadera opinión oficial y adelantarle que el Gobierno iba a terminar por apoyar el último informe de la expresidenta de Chile.

El oficialismo, en definitiva, discute por lo expuesto en ese trabajo demoledor -que describe torturas y ejecuciones a manos de las autoridades- y el de la Misión Internacional Independiente de la ONU -que confirmó un plan sistemático de ejecuciones extrajudiciales y vinculó a Nicolás Maduro con crímenes de lesa humanidad-.

En medio de las críticas de dirigentes como Hebe de Bonafini -que le pidió disculpas a Maduro- y Juan Grabois, entre otros, el canciller se defendió con un mensaje "para que nadie se confunda" en el que explicó el rol diplomático actual de la Argentina.

Los tuits llegaron al final de un día de confusión en el que se especuló por una posible llamada de Fernández a Maduro que finalmente no se concretó. En la Casa Rosada dijeron que la iniciativa provino del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en el Palacio San Martín afirmaron que en realidad fue Presidencia la que pidió que alguien hable con el presidente de Venezuela. Finalmente no hubo ningún tipo de comunicación. En el medio, Maduro compartía en Twitter mensajes críticos del gobierno argentino.

Tras la tensión de la que aún no se conocen las consecuencias concretas -pedir la cabeza de Raimundi, dicen, traería más problemas que beneficios a la alianza-, el Gobierno intentó dar terminada la crisis interna y minimizaron la postura del kirchnerismo duro. ¿Por qué? No hubo, aseguran, críticas orgánicas a Fernández y Solá, sino que solo hubo declaraciones de dirigentes ruidosos pero sin poder.

La vicepresidenta Cristina Kirchner se mantuvo en silencio y pidió que quienes responden a ella se mantengan al margen de la polémica. Así lo hizo Andrés Larroque, secretario general de La Cámpora, el vocero que difundió un mensaje a los propios: pidió "prudencia" y evitar "revoleo de declaraciones" por Venezuela.

El massismo, por su parte, se mantuvo expectante y evitó confrontar pese a que no comparte la política neutral del Gobierno. Correligionario de Solá hasta que el exgobernador rompió con el Frente Renovador, Sergio Massa es crítico de la Cancillería y sostiene que en Venezuela hay una "dictadura".

Las diferencias internas están delimitadas con claridad. Una encuesta de Real Time Data efectuada a fines de julio y principios de agosto ya advertía sobre los conceptos contradictorios que se tienen dentro de la alianza de gobierno.

Con la pregunta "¿Por lo que usted sabe, hoy en Venezuela hay una democracia plena, una democracia limitada por las violaciones a los derechos fundamentales o una dictadura?", el informe reveló que solo el 14% de los encuestados identificados con el Frente de Todos cree que en el país caribeño hay una "democracia plena".

El 24% de, en cambio, se ubicó en el otro extremo, al creer que Maduro encabeza una "dictadura".

Sin embargo, la posición que prevaleció fue la de la existencia de una "democracia limitada por las violaciones a los derechos fundamentales". El 52% de los encuestados oficialistas optaron por esa respuesta.