Violencia, aprietes y patotas, la trama oculta de la toma

"Tómensela de acá. La vamos a repudrir. Si entran, van a cobrar. No nos saca nadie y nadie nos va a censar. No los vamos a dejar entrar. Les vamos a romper todo. Esto es nuestro y nadie nos va a desalojar", expresaron algunas de las 50 personas que rodearon a Jonathan Daniel Alfonso, encargado de fiscalización del municipio de Presidente Perón cuando intentó ingresar en el predio de 98 hectáreas para tratar de censar a las familias que habían usurpado el terreno.

El funcionario municipal vivió en carne propia la intimidación que ejercieron los autodenominados "delegados", sobre los vecinos que denunciaron la toma ilegal de los terrenos o contra el personal de la fiscalía que concurrió a buscar testimonios y pruebas para incorporarlas a la causa 06-02-002114/20 y 06-02-002232-20/00, que se instruye en la Unidad Funcional de Investigaciones de La Plata, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta. La orden de desalojo dictada por el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, que debía concretarse entre el 23 y 25 de septiembre, fue postergada una semana debido a una solicitud del área de Acción Social del gobierno bonaerense, que intentó mediar en el conflicto. No obstante, la tensión en el predio sigue.

Aunque la ocupación de dichos terrenos situados en las afueras de Guernica comenzó el 21 de julio pasado, en el expediente existen testimonios que indican que hubo intentos de ocupación en febrero. Según explicaron los testigos, la toma estuvo planificada y esos hechos previos formaron parte de una preparación para la ocupación que se concretó hace dos meses.

Si bien en el censo se contaron 2156 personas que se instalaron en las casillas repartidas en las casi 98 hectáreas, muchas de esas viviendas precarias no estaban habitadas en forma permanente. Se trata de construcciones extremadamente frágiles, levantadas con armazones confeccionados con tirantes de madera y cubiertos de láminas de polietileno similar al que se utiliza para la fabricación de las bolsas de residuos. Esas láminas sirven como paredes, techos y puertas. Pero adentro no hay nadie. Esta clase de construcciones constituyen más de la mitad de las precarias viviendas instaladas en el asentamiento y están rodeadas de cintas que marcan el perímetro de la parcela.

Este cronista pudo comprobar que nadie vive en esas casillas. Al asomarse no se advierte la presencia de ninguna persona, no existe ninguna señal de que alguien hubiera habitado esas casillas. Tampoco hay marcas de que el pasto fuera pisado dentro de esas viviendas. La falta de habitantes en esas casillas avalaría la presunción que indicaría que dichas viviendas pertenecen a algunos de los delegados o que una de las personas que ocupó el terreno instaló esas construcciones para apoderarse de varios terrenos y después venderlos. Una práctica similar a la que se descubrió con la ocupación de terrenos del Parque Indoamericano, en Villa Lugano, en 2010. Cuando este cronista se asomó a las casillas fue rápidamente rodeado por los "delegados", que amenazaron con aplicar la violencia por acercarse a esas viviendas.

La violencia resultó una constante en la toma de los terrenos de Guernica.Vecinos del predio y propietarios denunciaron que sufrieron agresiones cuando se acercaron a los terrenos.

Según consta en el expediente judicial la ocupación de la zona comenzó con la denuncia de María Jacinta Medina Romero, quien alertó al número de emergencias 911 que el 21 de julio, a las 12. "Más de doscientas personas, entre las que había niños, ingresaron y ocuparon el predio, cortaron los alambrados, marcaron distintos perímetros con cintas e instalaron casillas precarias".

Otra testigo, Vilma Enríquez, propietaria de un campo situado en Numancia Sur, dijo que no era la primera vez que intentaron ocupar el terreno. En su declaración detalló los daños producidos en su propiedad, el robo de animales y las amenazas que sufrió de parte de los ocupantes ilegales.

El edil del Pro, Guido Giana, y su familia es otro de los propietarios de los terrenos ocupados. El concejal denunció la existencia de un "gran negocio" detrás de las tomas ilegales y afirmó que las tres cuartas partes de las personas que se instalaron en el predio ocupado llegaron de Quilmes, Florencio Varela y La Matanza. Hace diez días, el fiscal Condomí Alcorta ordenó las detenciones de un remisero y de una mujer por vender parcelas en los terrenos ocupados a cambio de $50.000 cada uno.

"El hecho de que el Estado reconozca el derecho a la vivienda no significa que pueda permitirse la continuidad de una apropiación irregular o injustificada, ni que se pueda dejar de intervenir en perjuicio de un particular que nada tiene que ver con el derecho constitucional reconocido a toda persona, porque dicho reconocimiento no les confiere a estos ocupantes ningún derecho sobre un inmueble ajeno, ni coloca a su legítimo propietario en la obligación de tener que tolerar la intromisión o despojo", expresó el juez Raúl Dalto, de la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata al confirmar la orden de desalojo dictada por el magistrado Rizzo.