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Vialidad: ya declaró un tercio de los testigos en el juicio contra Cristina Kirchner
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LA NACIONHernán Cappiello
El juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad Nacional avanzó en 2020, a pesar de la pandemia de coronavirus, con la declaración de un tercio de los testigos convocados. El contenido de sus testimonios es objeto de controversia entre los abogados defensores de los 13 acusados y los acusadores de la fiscalía y las querellas. Mientras las defensas señalan que quedó en evidencia la falta de pruebas, los acusadores confían en la solidez de su caso.
El juicio contra la vicepresidenta comenzó en mayo de 2019 y durante todo un año avanzó poco y nada con solo la declaración de seis testigos. Luego, la cuarentena estricta dictada en marzo y la feria judicial extraordinaria congelaron la actividad judicial.
Hasta que a comienzos de mayo los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso retomaron el juicio de manera virtual, por Zoom, y empezaron a realizar dos audiencias semanales.
En el juicio fueron aceptados 184 testigos. Al final del segundo año del juicio se llegó con 41 testigos que ya declararon y falta aún que lo hagan unos 90. Entre ellos se cuentan el presidente Alberto Fernández, y todos los jefes de Gabinete entre 2003 y 2015, pues se analizan los direccionamientos de las partidas presupuestarias destinadas a financiar las obras públicas investigadas. Así serán interrogados Sergio Massa, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández.
La acusación quedó debilitada porque la Oficina Anticorrupción informó que no iba a alegar en el juicio. Es decir que va a renunciar a la posibilidad que tiene de acusar o pedir la absolución de los acusados. Cambió a los abogados que estaban en el proceso y solo están para hacer preguntas a los testigos. La Unidad de Información Financiera (UIF) sigue querellando plenamente.
Del total de testigos, unos 36 fueron desistidos por las partes, aunque se evaluará más adelante si declararán o no y con otros 9, que están imputados en causas conexas, se esperará para tomar una determinación.
Los testigos que ya declararon se pueden dividir en varios bloques; los denunciantes Juan Carlos Morán, Margarita Stolbizer, su exasesora Silvina Martínez, Fernando Sánchez, y la diputada Mariana Zuvic. La fiscalía a cargo de Diego Luciani aprovechó esas testimoniales, que fueron cuestionadas por los defensores.
Otro grupo de testigos declararon sobre la inclusión en el Presupuesto Nacional de las partidas destinadas a las obras. Una de las acusaciones es que se redireccionaron partidas para contar con dinero para que las empresas de Lázaro Báez pudieran cobrarse. Declararon el exsecretario de Hacienda entre 2008 y 2015 Juan Carlos Pezoa y el exdiputado del Frente Para la Victoria Ariel Pasini.
Pezoa insistió en que los aumentos de presupuesto no pueden definirse por vía administrativa, sino que solamente se pueden establecer por ley o por un DNU que luego tiene que ser votado y aprobado por el Congreso. "Cuando yo estuve en funciones se ampliaba de forma general, no para tal o cual cosa, siempre que hubiera más recaudación", dijo Pezoa. Sin embargo, desde el lado de los acusadores rescatan que del testimonio surge que los legisladores no controlaban en detalle las variaciones en el presupuesto y que la revisión legislativa se efectuaba hasta 3 y 4 años más tarde.
Un grupo importante de testigos estuvo integrado por los empresarios que vendieron sus compañías a Lázaro Báez para conformar su grupo Austral Construcciones. Declararon los responsables de Gotti, de Adelmo Biancalani, de Kank y Costilla. En ocasiones las operaciones se efectuaban mediante interpósitas personas, no directamente Báez, y las empresas se presentaban en las licitaciones cartelizadas, de modo de simular una competencia y repartirse los trabajos.
Nicolás Localzo dijo que su padre ya fallecido, dueño de una de estas constructoras, le mencionó que quería vender la empresa porque para hacer negocios debía pasar sobres por debajo de la mesa.
Las defensas insisten en que no se probó que los empresarios vendieron extorsionados y la acusación, en cambio, destaca que Báez los compró aprovechándose de su situación económica desesperante.
Marcelo Bianchi, auditor de Vialidad Nacional, declaró que en 2015 Austral Construcciones cobraba de manera rápida los certificados (habló de 34 días) y el resto de las empresas podía estar 200 días para cobrar. Mencionó que no había falencias constructivas, aunque mencionó que los exámenes realizados eran visuales y de manera rápida, ya que entregó su trabajo en 15 días.
Los abogados defensores celebran las declaraciones de los testigos y los acusadores las miran desde su lado, rescatando los aportes a su punto de vista que esperan complementar con documentación para consolidar la acusación.
La posición de Cristina Kirchner en la causa se basa en que, según la acusación, sobreasignó partidas para permitir las obras. Pero los defensores dijeron que con las declaraciones no se corroboraron esos extremos. En la acusación, en cambio, creen que los testimonios demostraron la falta de control del Congreso sobre el asunto.
La valoración de la prueba que hacen los acusados y defensores día a día poco tiene que ver con la mirada integral que tiene el tribunal, que deberá al final del juicio armarse una imagen total de la maniobra investigada para determinar sin lugar a dudas la responsabilidad o no de los acusados.
El avance de la causa hasta el momento hace pensar que a finales de 2021 podrían escucharse los alegatos en el juicio contra la vicepresidenta, si no es que antes interviene la Corte.
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