A 29 años del caso Carrasco. Condenaron a instructores policiales por una muerte en un brutal entrenamiento de un cuerpo especial

En 1994 la muerte del soldado Omar Carrasco en el regimiento de Zapala derivó en el fin del llamado a cumplir el servicio militar obligatorio. La sociedad quedó entonces conmovida por los vejámenes sufridos por el joven conscripto durante un abusivo adistramiento militar. El fuerte impacto social y político de ese homicidio generó, además, un cambio en los sistemas de entrenamientos físicos para evitar la extenuación de cadetes tanto en el ámbito castrense como en las fuerzas de seguridad. A 29 años de ese crimen, otra vez instructores, policiales en esta ocasión, fueron condenados por la muerte de un aspirante en medio de un inhumano esfuerzo físico.

Cuatro integrantes de un grupo especial de la policía de Río Negro fueron declarados culpables de homicidio culposo y abuso de autoridad por la muerte del oficial Gabriel Mandagaray, ocurrida en 2021 durante el curso de ingreso al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), en el que lo obligaron al joven policía entrar en el mar a pesar de sus advertencias sobre que no sabía nadar

El veredicto de culpabilidad alcanzó a los instructores Alfredo Nahuelcheo, Marcelo Contreras y Maximiliano Vitali Méndez, y el coordinador Alejandro Gattoni, que en los próximos días conocerán las penas que fijará el tribunal integrado por Carlos Reussi, Ignacio Gandolfi y Marcelo Álvarez. Por el delito que deberán responder los uniformados, la sentencia puede oscilar entre uno y cinco años de prisión.

Se trata de una condena diferente a la decidida en otro expediente de similares características, ya que en 2020 fue condenado a 30 años de cárcel un instructor policial de La Rioja, Elio Marcial, ya que se consideró como un homicidio agravado la muerte dos años antes del cadete Emmanuel Garay. En el caso tratado en Río Negro, se tomó en cuenta que los ahora condenados intentaron salvar al aspirante segundos antes que este desapareciese en el mar.

Pero ese esfuerzo final llegó luego de horas de entrenamiento anormal, de exigencias físicas que pusieron en riesgo a los cadetes y de vejámenes que fueron relatados por los testigos en el juicio oral. Según la acusación, los cadetes fueron obligados a soportar prácticas humillantes como “ser orinados, obligados a colocarse máscaras de excremento de animal sobre sus rostros y hacerlos ingresar en el mar a altas horas de la madrugada, en plena oscuridad y sin ninguna medida de seguridad”.

Los aspirantes recibieron, incluso, castigos físicos, tal como lo expuso la denuncia de una de las víctimas, que abandonó el curso luego de la fractura de una vértebra provocada por una patada de uno de los instructores.

Al agua, con uniforme y armas

El mortal entrenamiento se registró el 12 de abril de 2021, cuando el grupo de aspirantes al COER y los instructores llegaron a la zona de Bahía Creek, a 40 kilómetros de Viedma. Se definió en el juicio que el homicidio culposo de Mandagaray, causado por “asfixia por sumersión”, se produjo “cuando lo hicieron ingresar en el mar junto a dos compañeros vestidos completamente con el uniforme (incluso las armas), cargando un tronco y a sabiendas de que Mandagaray no sabía nadar, sin condiciones de seguridad, sin haber estado debidamente alimentados y descansados”.

Y en la acusación se agregó: “Cuando quisieron salir la fuerza de la corriente marina produjo movimientos bruscos de los agentes y ello provocó el golpe de la cabeza del joven con el tronco que le causó la muerte por asfixia por sumersión”.

Mandagaray era hijo de un comisario retirado, que fue directo cuando tomó la palabra en una de las audiencias y se dirigió a sus colegas acusados: “Van a ser recordados como los únicos en la historia de la provincia que llevaron a un compañero a su muerte”.

Para el fiscal Guillermo Ortiz, luego de una larga caminata hasta Bahía Creek, los imputados “sometieron a los cursantes a actividades físicas excesivas que les provocaron lesiones, en un contexto de escasa alimentación, hidratación y descanso y sometiéndolos a conductas denigrantes a la dignidad humana”.

Durante las audiencias dieron sus testimonios otros instructores del COER y profesores de educación física que trabajan en la policía de Río Negro, cuyas declaraciones sustentaron la posición de la fiscalía sobre “el actuar negligente a partir de prácticas no reglamentadas totalmente ajenas al programa” que exhibieron los acusados.

“Se inobservaron con tales actividades leyes y reglamentaciones que postulan el respeto a la dignidad humana, especialmente para funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, que deben garantizar los derechos humanos; además de la propia resolución interna específica que determinaba un lugar y actividades que habían sido aprobadas y que nada tenían que ver con lo efectivamente realizado”, dijo el fiscal en su alegato.

“Los cursantes -agregó- estaban cansados, con ampollas, desorientados y expresaron que en los tres días anteriores a la muerte de su compañero habían dormido entre 3 y 5 horas en total y comido mínimas raciones de arroz y fideos blancos”.

Por su parte, el abogado querellante Daniel Torres, expresó: “El poder no puede ejercerse sin limite alguno y estos agentes excedieron los límites impuestos al Estado. No tengo dudas de que de que todos en el agua, quisieron hacer algo por Gabriel por eso le imputamos un homicidio culposo, pero lo que no tenían que hacer era ingresarlo al agua en las condiciones en las que estaba, más sabiendo que el joven no sabía nadar”.

LA NACION

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