Al femicida Farré le secuestraron dos celulares en su celda con los que hostigaba a testigos y familiares

En pleno brote de la pandemia de Covid-19 y ante la suspensión de las visitas, la Justicia autorizó a presos alojados en cárceles bonaerenses a utilizar teléfonos celulares para poder comunicarse con sus familias. Uno de los detenidos que fue beneficiado con la resolución fue el femicida Fernando Farré, condenado a prisión perpetua por haber asesinado a su esposa, Claudia Schaefer, en el country Martindale. Pero en las últimas horas le fueron secuestrados al homicida dos aparatos móviles que tenía en su celda del penal de Bahía Blanca, después de que una fiscal y la querella denunciaran que hostigaba por redes sociales a testigos de la causa, la hermana de la víctima y hasta a una de sus hijas.

Así lo reveló la agencia de noticias Télam. El secuestro de los teléfonos celulares fue confirmado a LA NACION por fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El allanamiento ocurrió el jueves pasado en el sector B del módulo de la Unidad 4 de Bahía Blanca, destinado a pacientes de riesgo de contagio de coronavirus, donde Farré cumple su condena.

Según el acta de secuestro del SPB, a la que tuvo acceso LA NACION, Farré tenía un teléfono celular marca Samsung modelo Core Prime SM-G361F que tenía registrado de manera oficial desde el 15 de abril, a partir de la resolución que permitió a los presos tener móviles por las suspensión de la visitas ante la pandemia, pero además le secuestraron un segundo aparato no declarado, marca Samsung modelo J2 Prime SM-G532M.

Como informó LA NACION el 1° de abril pasado, el protocolo que hizo el SPB para el uso de teléfonos celulares después de la resolución del Tribunal de Casación bonaerense permitía la utilización de WhatsApp, pero prohibía el uso de redes sociales.

Según Télam, Farré tenía descargada no solo la aplicación WhatsApp (la única autorizada por el SPB), sino que había instalado las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram en los dos teléfonos celulares.

El procedimiento en la celda de Farré fue ordenado por el juez Esteban Andrejin, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro, el mismo que en 2017, tras un juicio por jurados, condenó a Farré a prisión perpetua por el femicidio de su esposa. El 16 de abril pasado, este magistrado había rechazado un pedido de prisión domiciliaria que el condenado había formulado a través de su defensa por temor a contagiarse Covid-19 en el penal.

En esta oportunidad, el magistrado hizo lugar a una presentación conjunta realizada por la fiscal de la causa, Carolina Carballido Calatayud, y el abogado Jorge Sandro, quien representa como particular damnificada a la familia de Schaefer, según informó Télam.

En esa presentación, la fiscal Carballido Calatayud le informó al juez que había recibido en su teléfono celular oficial mensajes de un testigo que declaró en el juicio y también de la hermana de la víctima, Sandra Schaeffer, en los que le comunicaban que Farré los estaba hostigando desde el penal a través de distintos perfiles de Facebook, algunos creados con nombres de personas vinculadas a la causa.

La excuñada del femicida contó que ella había recibido una solicitud de amistad del perfil de Farré, que ella bloqueó, y que luego se enteró de que por medio de Facebook el femicida había intentado contactar a su hija mayor, que ya tiene 18 años, y que incluso le había mandado un mensaje a una amiga de la joven para preguntarle por un número de teléfono.

"Ambas personas que se pusieron en contacto con la fiscalía manifestaron sentirse hostigadas y con temor por el insólito e insistente acoso de Farré, refiriendo no entender, además, cómo una persona privada de su libertad y condenada a prisión perpetua tiene en su poder medios de comunicación que le permiten intimidar a familiares directos de la víctima, testigos del juicio y allegados de estas personas mediante una maniobra de corte tenebroso", sostuvo la fiscal Carballido Calatayud en parte de su escrito, al que accedió Télam.

Ante el secuestro de los celulares, el abogado defensor de Farré, Jorge Césaro, presentó un pedido de recusación del juez Andrejin en un escrito en el que, además, consideró la medida arbitraria y en el que él se atribuye ser quien le maneja a su cliente los perfiles de sus redes sociales.

Fuentes del SPB informaron a Télam que hay 22.000 celulares registrados legalmente durante la pandemia en unidades penitenciarias y hasta el momento solo hubo seis casos de mal uso de ellos.