Asociación ilícita. Piden la detención del iraní que entró al país con un pasaporte israelí falsificado
Condenado. Samiei Sajjad Naserani había recibido 4 años y medio de prisión
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LA NACION
La fiscal general Gabriela Baigún solicitó al Tribunal Oral Federal (TOF) Nº6 que ordene la inmediata detención de Samiei Sajjad Naserani, el iraní condenado a 4 años y 6 meses de prisión por integrar una asociación ilícita internacional que falsificaba documentación y por ingresar al país en 2019 con un pasaporte falso, procedente de España.
En su escrito, la representante del Ministerio Público Fiscal mencionó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este martes uno de los recursos de queja que había presentado la defensa de Naserani, donde había cuestionado que se lo condenara por el delito de asociación ilícita. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal del país consideró que la defensa no cumplió con los requisitos establecidos en la Acordada 4/2007 sobre la interposición de recursos extraordinarios y de queja, por lo que desestimó su presentación.
Para la fiscalía, “existe una sentencia condenatoria firme con relación a Naserani por ser autor penalmente responsable de los delitos de uso de documento público falso, agravado por asociación ilícita, en concurso real entre sí; por otro lado, que se ha satisfecho el doble conforme respecto de la pena de efectivo cumplimiento que se le impuso en virtud de ello”.
Explicó entonces que solo queda pendiente de resolver un recurso relacionado con el monto de la pena, que la Cámara de Casación ratificó el año pasado y quedó en 4 años y 6 meses de prisión. No obstante, aclaró que la responsabilidad de Naserani en los hechos ya quedó confirmada.
“Dicho escenario consolida los riesgos procesales inherentes al caso y toma necesario ordenar la detención de Naserani a fin de asegurar su sujeción al proceso y la eventual ejecución de la pena aplicable”, sostuvo la fiscal en el escrito, citado en el portal de noticias del Ministerio Público www.fiscales.gob.ar.
Recordó allí que el ciudadano iraní integró una asociación ilícita internacional, compuesta por al menos cinco personas, que se dedicaba a falsificar documentación de identificación personal, a utilizarla y venderla a personas de distintas nacionalidades, y a obtener billetes aéreos por medio de dicha documentación, que también eran entregados a los eventuales adquirentes.
Según la investigación, la organización desarrolló sus actividades desde noviembre de 2018 y hasta el 16 de marzo de 2019, y operó en España, Portugal, Grecia y la Argentina, entre otros países.
“La gravedad del hecho se advierte con toda claridad. Se trata, pues, de una asociación con ramificaciones en diversos lugares del mundo, con distribución de funciones entre sus miembros y con un quehacer muy sofisticado, que les permitía confeccionar una gran cantidad de documentos y pasaportes correspondientes a distintas nacionalidades, probar su calidad mediante un software especializado, y distribuirlos entre sus clientes, que eran justamente migrantes ilegales. Ello incluso le permitió a Naserani ingresar a nuestro país con un pasaporte israelí apócrifo”, explicó Baigún.
A eso le agregó que existen múltiples circunstancias que muestran un posible riesgo de fuga. Consideró que se trata de un hombre que carece de arraigo y que “ingresó al país ocultando su verdadera identidad”. De esta forma, demostró “la disponibilidad de medios y experiencia para poner en práctica maniobras evasivas y sustraerse, de ese modo, del accionar de la Justicia”. Resaltó, además, que su ingreso obedeció “a la sola finalidad de desarrollar una actividad ilícita”.
“Previo a su entrada a la República Argentina hizo uso de identidades falsas para sortear los controles migratorios de países de la Unión Europea. Incluso registró un proceso judicial en Portugal del que efectivamente se sustrajo”, recordó la fiscalía.
Por último, señaló que los integrantes de la asociación ilícita internacional descripta no pudieron ser hallados aún, por lo que Naserani “cuenta con contactos que bien podrían ayudarlo a eludir el accionar de la Justicia”.
“Frente a semejante escenario, debo indicar que la firmeza de la condena y el doble conforme de la pena constituyen una pauta objetiva para presumir válidamente que el imputado habrá de sustraerse de su ejecución. A su vez, frente a la magnitud del riesgo de fuga que se revela en autos, la única medida de coerción eficaz resulta ser la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario”, resaltó Baigún en su presentación.
El caso
Naserani llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza el 12 de marzo de 2019, junto a su pareja, la arquitecta Manzoreh Sabzali, provenientes de Madrid. En el control de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) Naserani presentó pasaportes emitidos a nombre de ciudadanos israelíes que habían sido denunciados como robados, lo que disparó la alerta naranja de Interpol.
Tras ser entrevistado por las autoridades migratorias, y pese a esa advertencia, se les permitió el ingreso a la Argentina y se les devolvieron los documentos. Pero tras la intervención de la Fiscalía Federal N°1 se ordenó la detención de la pareja, que se concretó días después del ingreso, en un allanamiento en el cuarto del hotel donde se alojaban, en la zona porteña del Abasto.
Finalmente, la investigación avanzó sobre prueba material que exponía los vínculos con una estructura ilegal dedicada a la adulteración de documentación que habría operado al menos entre marzo de 2015 y marzo de 2019 en la Argentina, España, Portugal, Grecia, Reino Unido, Turquía e Irán.
La causa tuvo una serie de giros. En diciembre del 2020, el Tribunal Oral Federal Nº6 condenó a Naserani a 3 años de prisión en suspenso por el delito de uso de documento público falso agravado por estar destinados a acreditar la identidad de las personas. En tanto, lo había absuelto por la acusación de asociación ilícita. Sabzali recibió idéntica pena.
Tras esto, la fiscalía presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. En diciembre de 2021, la Sala II anuló la absolución de Naserani por asociación ilícita y lo condenó también por ese delito -tal como había pedido la fiscal Baigún-, por lo que ordenó el reenvío al tribunal de origen para que fije nueva pena.
La defensa recurrió el fallo y la Sala IV de Casación la confirmó. Finalmente, el TOF Nº 6 impuso la pena de 4 años y 6 meses de prisión. La defensa volvió a apelar y en noviembre de 2024 la Sala II de Casación ratificó la condena.
La resolución, votada de manera unánime por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, rechazó el planteo de la defensa y dio por acreditado la pertenencia de Naserani a una estructura ilegal internacional dedicada a la confección de documentación apócrifa que era entregada a migrantes para entrar con identidades falsas a distintos países.
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