“Atrapada” en una casa 22 años: con 16 cámaras controlaba sus movimientos y con un celular le daba instrucciones desde EE. UU.
La Unidad Fiscal de Rosario investiga el caso de una mujer de 37 años que fue rescatada, tras un operativo policial, de la casa del barrio Martin donde entró a los 14 y vivió reducida a la ervidumbre
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LA NACION
A los 14, con la promesa de sacarla de la extrema pobreza y de darle un futuro y la posibilidad de estudiar y, quizás, llegar a ser maestra o incluso abogada, se la llevaron de Corrientes a Rosario. Era la mayor de nueve hermanos, su padre había muerto y su madre le creyó a esa mujer que le hablaba de una vida mejor, y la hizo ir a una escribanía para firmar un permiso que suscribió sin leer, porque no podía: era analfabeta.
La realidad fue otra. No habría ni estudio, ni sueño de ser maestra o abogada: quedaría convertida en una sirvienta, pagada solamente con el techo, la comida y algo de ropa durante más de 22 años. Los primeros 19, siguiendo instrucciones de la mujer a la que debía cuidar, la dueña de una casa en el barrio Martin. Los últimos tres, cuando la “señora”, ya mayor, no podía valerse por sí misma, siguió del mismo modo, pero “a control remoto”: la hija de la propietaria, que vive en Los Ángeles, controlaba los movimientos dentro de la vivienda con 16 cámaras que hizo instalar, y transmitía las órdenes a un celular que le había dado a la cuidadora especialmente para eso.
Esa mujer escuchó en las últimas horas, a través de una audiencia por Zoom que siguió desde la costa oeste norteamericana, la formalización de la investigación de la Unidad Fiscal Rosario, que la imputó como presunta autora del delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre en perjuicio de la cuidadora de su madre.
Según informó la Procuración General en su sitio web institucional www.fiscales.gob.ar, “la víctima, ahora de 37 años, había sido captada en la provincia de Corrientes y trasladada a Rosario en 2003, cuando era una adolescente de 14 años, y desarrollaba múltiples tareas domésticas en un domicilio del barrio Martin”.
La Fiscalía planteó que “la explotación se extendió durante 22 años y cesó el pasado 2 de octubre, tras un procedimiento de allanamiento en el domicilio, realizado por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal (PFA) y con la intervención del Área de Atención y Acompañamiento a Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe".
La fiscal federal Adriana Saccone y las fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, desplegaron la acusación en una audiencia presidida por el juez de Garantías Román Lanzón.
Las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) “formalizaron la investigación respecto de E. S. S. por el delito de trata de personas con finalidad de reducción a la servidumbre en la modalidad de acogimiento, doblemente agravado por haberlo hecho en abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación, en perjuicio de la víctima”.
Consideraron que la mujer radicada en Los Ángeles fue “presunta autora del delito por el período comprendido entre julio de 2022 y octubre de 2025″, dado que desde esa fecha “subrogó el lugar de su madre −también investigada en el legajo fiscal− en lo que respecta al control de todo lo que sucedía en el interior del domicilio, valiéndose de 16 cámaras de seguridad y de un dispositivo móvil entregado a la víctima", con lo que “continuó la explotación y garantizó su permanencia durante ese lapso de tiempo”. Por eso, las fiscales interpretaron que se trataba de un delito “de ejecución continuada con una misma matriz de explotación que se extendió por 22 años”.
Señalaron en la audiencia: “No podemos atribuirle a E. S. S. los 22 años de explotación, pero sí sostenemos que hay conductas penalmente relevantes, porque desde que tomó la dirección de los asuntos de la casa de la calle Montevideo, ha tenido la posibilidad de hacer cesar el estado de servidumbre, y no solo no lo ha hecho, sino que lo ha continuado, lo ha perseverado, porque también le genera un beneficio, le reporta utilidad”.
El principio
Saccone y las fiscales coadyuvantes explicaron: “En 2003, cuando tenía 14 años, la víctima fue captada en la localidad de Isla Tres Bocas, Corrientes, en un contexto de extrema vulnerabilidad económica y social. Tras la muerte de su padre, su madre −sin posibilidades para sostener la crianza de nueve hijos− autorizó el traslado de su hija mayor a Rosario bajo la promesa de que iba a tener una mejor calidad de vida y ‘la posibilidad de estudiar, de ser maestra o abogada’“.
Fue D. M. G., una mujer allegada a la familia en Tres Bocas, quien ofreció llevar a la chica “a la casa de su prima” en Rosario. “La madre de aquella adolescente fue trasladada a una escribanía, donde ‘sin nadie de su confianza’ y ‘sin saber leer’ firmó un acta notarial en la cual se dejó constancia que su hija sería trasladada” a la gran ciudad santafesina. “Nunca supo qué fue lo que firmó”, dijeron las fiscales, según citó el MPF en su web.
La adolescente llegó a Rosario en ómnibus. La recibió J. E. G. S., madre de E. S. S., en la casa de la calle Montevideo. Según la fiscalía, “la promesa original nunca se cumplió. La chica nunca fue escolarizada y fue sometida a realizar tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y de elaboración y cocción de comidas. También otras relativas a la preservación de la vivienda, administración de pagos de servicios, compras cotidianas de alimentos y a la asistencia personal y acompañamiento de J. E. G. S., todo ello a cambio de un lugar para vivir, comida y algo de ropa, sin que se le abonara ninguna contraprestación por sus labores”.
Según se informó en www.fiscales.gob.ar, “cuando la madre de la imputada comenzó a tener problemas de salud, en 2022, su hija subrogó el lugar de su madre, se hizo cargo de su cuidado y de la gestión de la casa, lo que incluyó la continuación de la explotación. Así, incrementó la carga laboral de la víctima asignándole la asistencia y cuidado no terapéutico de su madre”.
Las fiscales precisaron que “para supervisar las tareas desde los Estados Unidos, E. S. S. instaló 16 cámaras de seguridad en la vivienda y le entregó a la víctima un teléfono celular para impartir instrucciones”.
Agregaron que “las tareas que realizó la víctima durante 22 años fueron en jornadas completas, sin retiro de la casa ni recibir ningún tipo de remuneración por sus servicios, sin descansos, vacaciones ni aguinaldos y con ausencia total de aportes previsionales y cobertura de salud; tampoco le permitieron tener vínculos sociales por fuera de esa casa”.
Las representantes del MPF sustentaron su hipótesis acusatoria con testimonios de vecinos del barrio Martin, informes de organismos oficiales, peritajes, abordajes multidisciplinario con trabajadores sociales, psicólogos y antropólogos y la declaración de la propia víctima en Cámara Gesell".
Comprobaron, a través de informes de ARCA y de la Anses, que “la damnificada no registra ninguna actividad económica, laboral, ni de aportes de la seguridad social. Tampoco tiene cuenta bancaria ni financiera no bancaria”. Según la fiscalía, la víctima nunca dispuso de dinero, salvo el que le entregaban para hacer las compras referidas a la casa. Y dio por probada “la existencia una relación servil entre la víctima y la imputada”.
El juez Lanzón rechazó el pedido de sobreseimiento por inexistencia de delito hecho por el abogado Gustavo Feldman, defensor de E. S. S. Y también denegó el pedido de detención con fines de extradición solicitado por la fiscal Saccone. Sí ordenó, por el término de un año, una serie de medidas cautelares: fijar domicilio; firma mensual en el consulado argentino más cercano a su domicilio; promesa de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto, sea personal o a través de medios electrónicos con relación a la víctima, así como también con cualquier persona allegada a esta, en particular, a su hermana y vecinos del domicilio de la calle Montevideo.
En cuanto a la situación de J. E. G. S., la madre de la actual imputada, la fiscalía está a la espera de un informe médico para evaluar si está en condiciones de ser sometida a un proceso.
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