Confirman el procesamiento del marido de Jésica Cirio por plantarle drogas y un arma a un acreedor con ayuda de policías
Elías Piccirillo, un expolicía de la Federal y siete efectivos de Robos y Hurtos de la Ciudad seguirán presos por haber fraguado un operativo para detener ilegalmente al empresario Francisco Hauque y a su pareja
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LA NACION
La Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Elías David Piccirillo –esposo de la modelo Jésica Cirio–, de siete efectivos de la Policía de la Ciudad y de un expolicía, por su participación en un operativo ilegal que incluyó “plantarle” más de un kilo de cocaína y una pistola calibre 9 milímetros robada a un empresario que le reclamaba una deuda al marido de la exmujer del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.
El fallo, firmado este jueves por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, detalla una maniobra cuidadosamente planificada para detener a Francisco Hauque y a su pareja, Anahí Aquino, y armarles una causa judicial, con el objetivo de frenar un reclamo millonario contra Piccirillo. El plan fue ideado y concretado en enero pasado en la Avenida Alvear al 1400, en Retiro.
En abril pasado, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Piccirillo, al comisario Iván Helguero (jefe de Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad) y al expolicía federal Carlos Smith, alias “El Lobo”, como coautores de privación ilegal de la libertad coactiva, agravado por la participación de tres o más personas, transporte de estupefacientes agravado por haber sido cometido con la organización de tres o más personas, tenencia ilegítima de arma de guerra y encubrimiento agravado por tratarse de un delito precedente especialmente grave.
En tanto, los policías que participaron del operativo “trucho” con el objetivo de meter preso a Hauque para impedir que le reclamara una deuda de más de seis millones de dólares y, de paso, complicarlo con una causa en el fuero federal, fueron procesados por privación ilegal de la libertad por parte de un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se trata de Erika Luciana Arias, Eliana Guadalupe Britos, Víctor Adrián Alvarenga Duarte y Héctor Javier Saavedra, además de Facundo Adrián Ybarra y Leonardo Ariel Tedone, a quienes también los consideraron autores de los delitos de inserción de datos falsos en un instrumento público que sirva de prueba, y falso testimonio en calidad de autores.
Según las constancias judiciales, la operación, ejecutada entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de enero pasado, incluyó reuniones previas entre los implicados para el armado del operativo de “cacería” nocturno, tareas de inteligencia, falsificación de actas de procedimiento y mentiras en las declaraciones ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti. En definitiva, el uso de recursos públicos con fines delictivos y para beneficio personal y de un tercero, en este caso, el marido de la ahora conductora de TV.
Según el dictamen presentado oportunamente por el fiscal federal Franco Picardi ante el juez federal Sebastián Casanello, “la maniobra comprende la implantación de importantes cantidades de droga y de un arma de fuego [...] a los fines de incriminar falsamente a una o dos personas en la comisión de un delito”.
Eso está referido a los 844 gramos de cocaína y la pistola 9 milímetros (robada en una entradera en Lanús) hallados debajo del asiento del conductor de la Audi Q8 de Hauque, y el paquete con 414 gramos de la misma droga que estaban en el baúl de la SUV, durante la requisa realizada por media docena de efectivos de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad. Según la investigación judicial, la sustancia y el arma fueron “plantados” en el auto por Piccirillo poco antes.
Para el fiscal y el juez, el procedimiento fue “armado” e intentó justificarse como una intervención ante un eventual hecho de violencia de género dentro del Audi Q8 de Hauque. Según consta en la resolución, “se trató de una actividad planeada de manera previa que incluyó tareas de campo y vigilancia de un objetivo”. Eso fue acreditado en la pesquisa a partir del análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas, y los registros de GPS de los móviles usados por los policías y el tipo de seguimiento que hicieron (con móviles no identificables y con las luces apagadas) respecto de las víctimas en las inmediaciones del Palacio Duhau, donde las víctimas del operativo fraguado habían cenado con Piccirillo.
El fallo de Casación reseña que “Piccirillo, Smith y Helguero estuvieron a cargo de la organización del procedimiento ilegal ejecutado por los policías”. Smith, exoficial de la Federal con vínculos con Piccirillo y el comisario Helguero, habría aportado información clave sobre los movimientos de Hauque.
Uno de los elementos más comprometedores es que “el teléfono de Piccirillo registró eventos de tráfico de datos [...] de lo que se infirió que habría estado pasando información a Smith”. Además, tras el operativo, Smith fue a la casa de Piccirillo en Nordelta, donde permaneció varias horas.
La Cámara también confirmó que “la droga fue utilizada con la concreta finalidad de facilitar o ejecutar otro delito”, lo que llevó a modificar la calificación legal de transporte de estupefacientes por la de tenencia simple con fines delictivos.
A la hora de convalidar la prisión preventiva, los camaristas entendieron que existían “riesgos procesales asociados al caso”, ya que los imputados tienen acceso a recursos materiales y humanos que podrían entorpecer la investigación.
El fallo también ratificó los embargos ($100 millones para Piccirillo, Smith y Helguero y $50 millones para el resto) y la inhibición general de bienes de todos los imputados.
Por último, la Cámara de Casación ordenó al juzgado de primera instancia profundizar la investigación sobre el origen de los fondos involucrados en la deuda que motivó el conflicto entre Piccirillo y Hauque.
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